La Fundación de Estudios de Economía defiende la subida del IVA y la bajada del IRPF y las cotizaciones sociales
Jesús Sérvulo González
Madrid
8 MAY 2012 - 17:24 CET
“La fantasía de que si acabamos con el fraude fiscal, acabamos con el
déficit es presuntuosa”, ha señalado esta mañana el investigador de
Fedea, Michele Boldrín, durante la presentación del estudio Fraude,
Recaudación y Reforma Fiscal.
Boldrín considera que si España redujera su fraude fiscal al nivel de los países más avanzados como Suecia, Reino Unido o Francia solo lograría recuperar entre dos y tres puntos del PIB en la recaudación. Esto por si solo no resolvería los problemas de déficit y supondría un enorme esfuerzo conseguirlo, ha señalado Boldrín, profesor de Economía de la Washington University en Saint Luis. “Con la cantidad de dinero que se escapa del fraude, el problema de déficit no estaría resuelto”, ha asegurado. Fedea concluye que la causa principal de la economía sumergida y el fraude en España es que tiene una sociedad tecnológicamente atrasada con pequeñas empresas familiares y microempresas con aversión tecnológica. “Las empresas con más de 30 o 50 trabajadores defraudan menos que las microempresas”, asegura el investigador, que considera que hacen falta planes a largo plazo para acabar con el fraude fiscal.
A su juicio hay que apostar por empresas más grandes, fomentando la competitividad y favoreciendo la entrada de sociedades más grandes para cambiar la estructura económica de España. ”Hay que crear incentivos para que las empresas crezcan y sean más competitivas”, ha indicado. “Si a los 19 años te das cuenta que abrir un chiringuito en la playa te va a proporcionar una renta igual o parecida a la que recibirías estudiando una ingeniería y trabajando para Repsol, ¿por qué estudiar?¿por qué hacer la inversión para la segunda inversión?... Boldrín considera que hay que incentivar que haya más ingenieros porque este tipo de profesiones crean más valor añadido y reducen el fraude fiscal.
No obstante, el profesor ha precisado que "creer que si se acaba con el fraude fiscal se soluciona el problema de déficit es una fantasía muy peligrosa que puede hacer bastante daño". "La mayoría del fraude español proviene de las pequeñas empresas que están al margen, porque su forma de sobrevivir es eludiendo la fiscalidad. El problema es que si el Gobierno las saca la luz, acabaría con ellas, y suponen entre el 10% y el 15% del Producto Interior Bruto (PIB)". Y resume: "Si se les hiciese pagar, es posible que un porcentaje del PIB también desapareciese".
Boldrín también observa diferentes niveles de fraude fiscal por comunidades. Evita dar nombres concretos pero relaciona un mayor evasión de impuestos en regiones con más altas tasas de paro y con un tejido empresarial menos desarrollado. “En Madrid, Cataluña o País Vasco habrá menos fraude que en otras regiones con más empresas familiares”, ha manifestado.
Ha valorado la amnistía fiscal del Gobierno como una medida extraordinaria para una situación extraordinaria. Y ha remachado que esta medida debe ir acompañada por medidas punitivas muy contundentes.
Boldrín ha insistido en que la lucha contra el fraude fiscal debe hacerse no solo para luchar contra el déficit público sino sobre todo por “equidad social y eficiencia fiscal”. En este sentido ha señalado que la presión fiscal en España es menor que antes de que comenzara la crisis. “La presión fiscal de España es muy baja. Cerca del 33% sobre el PIB, casi 12 puntos menos que en Italia”, ha afirmado. Sostiene que la distribución actual de los instrumentos fiscales “hace daño al empleo porque penaliza a trabajadores y empresas”. La estructura fiscal y la distribución de los impuestos en España ha cambiado por la crisis. “El problema es que está mal distribuida”, ha matizado. “La tasa sobre el trabajo, IRPF, es demasiado alta sobre la recaudación total, mientras que el IVA y el resto de impuestos sobre el consumo son muy bajos”.
El investigador de Fedea ha apoyado la subida del IVA y defendido una rebaja de las cotizaciones sociales y del IRPF. “Si hay un impuesto que subir ahora mismo es el IVA, al igual que hay que revisar los impuestos patrimoniales. En España predomina una mentalidad de pseudoizquierda que piensa que gravando al empleo se está perjudicando a las grandes empresas, cuando los verdaderos damnificados son los trabajadores ya que si los impuestos sobre el trabajo son tan altos, será difícil trabajar en España, y si se consigue empleo, el sueldo será muy bajo".
Considera que la financiación autonómica está sustentada fundamentalmente en ingresos vinculados con el sector inmobiliario. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados “es insostenible y dañino”. Este experto calcula que el desplome del mercado inmobiliario en España ha supuesto un descenso en la recaudación fiscal de unos 25.000 millones. Y ha admitido que en España no hay mucho gasto que recortar, “el problema es de ingresos”, ha concluido. El asesor de Fedea ha defendido la idea de suprimir el impuesto de sociedades, porque "no se debe tasar transacciones económicas que sirven para producir rentas". Aunque ha precisado que todo cambio fiscal debe hacerse poco a poco.
Fuente: EL PAÍS.com
Boldrín considera que si España redujera su fraude fiscal al nivel de los países más avanzados como Suecia, Reino Unido o Francia solo lograría recuperar entre dos y tres puntos del PIB en la recaudación. Esto por si solo no resolvería los problemas de déficit y supondría un enorme esfuerzo conseguirlo, ha señalado Boldrín, profesor de Economía de la Washington University en Saint Luis. “Con la cantidad de dinero que se escapa del fraude, el problema de déficit no estaría resuelto”, ha asegurado. Fedea concluye que la causa principal de la economía sumergida y el fraude en España es que tiene una sociedad tecnológicamente atrasada con pequeñas empresas familiares y microempresas con aversión tecnológica. “Las empresas con más de 30 o 50 trabajadores defraudan menos que las microempresas”, asegura el investigador, que considera que hacen falta planes a largo plazo para acabar con el fraude fiscal.
A su juicio hay que apostar por empresas más grandes, fomentando la competitividad y favoreciendo la entrada de sociedades más grandes para cambiar la estructura económica de España. ”Hay que crear incentivos para que las empresas crezcan y sean más competitivas”, ha indicado. “Si a los 19 años te das cuenta que abrir un chiringuito en la playa te va a proporcionar una renta igual o parecida a la que recibirías estudiando una ingeniería y trabajando para Repsol, ¿por qué estudiar?¿por qué hacer la inversión para la segunda inversión?... Boldrín considera que hay que incentivar que haya más ingenieros porque este tipo de profesiones crean más valor añadido y reducen el fraude fiscal.
No obstante, el profesor ha precisado que "creer que si se acaba con el fraude fiscal se soluciona el problema de déficit es una fantasía muy peligrosa que puede hacer bastante daño". "La mayoría del fraude español proviene de las pequeñas empresas que están al margen, porque su forma de sobrevivir es eludiendo la fiscalidad. El problema es que si el Gobierno las saca la luz, acabaría con ellas, y suponen entre el 10% y el 15% del Producto Interior Bruto (PIB)". Y resume: "Si se les hiciese pagar, es posible que un porcentaje del PIB también desapareciese".
Boldrín también observa diferentes niveles de fraude fiscal por comunidades. Evita dar nombres concretos pero relaciona un mayor evasión de impuestos en regiones con más altas tasas de paro y con un tejido empresarial menos desarrollado. “En Madrid, Cataluña o País Vasco habrá menos fraude que en otras regiones con más empresas familiares”, ha manifestado.
Ha valorado la amnistía fiscal del Gobierno como una medida extraordinaria para una situación extraordinaria. Y ha remachado que esta medida debe ir acompañada por medidas punitivas muy contundentes.
Boldrín ha insistido en que la lucha contra el fraude fiscal debe hacerse no solo para luchar contra el déficit público sino sobre todo por “equidad social y eficiencia fiscal”. En este sentido ha señalado que la presión fiscal en España es menor que antes de que comenzara la crisis. “La presión fiscal de España es muy baja. Cerca del 33% sobre el PIB, casi 12 puntos menos que en Italia”, ha afirmado. Sostiene que la distribución actual de los instrumentos fiscales “hace daño al empleo porque penaliza a trabajadores y empresas”. La estructura fiscal y la distribución de los impuestos en España ha cambiado por la crisis. “El problema es que está mal distribuida”, ha matizado. “La tasa sobre el trabajo, IRPF, es demasiado alta sobre la recaudación total, mientras que el IVA y el resto de impuestos sobre el consumo son muy bajos”.
El investigador de Fedea ha apoyado la subida del IVA y defendido una rebaja de las cotizaciones sociales y del IRPF. “Si hay un impuesto que subir ahora mismo es el IVA, al igual que hay que revisar los impuestos patrimoniales. En España predomina una mentalidad de pseudoizquierda que piensa que gravando al empleo se está perjudicando a las grandes empresas, cuando los verdaderos damnificados son los trabajadores ya que si los impuestos sobre el trabajo son tan altos, será difícil trabajar en España, y si se consigue empleo, el sueldo será muy bajo".
Considera que la financiación autonómica está sustentada fundamentalmente en ingresos vinculados con el sector inmobiliario. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados “es insostenible y dañino”. Este experto calcula que el desplome del mercado inmobiliario en España ha supuesto un descenso en la recaudación fiscal de unos 25.000 millones. Y ha admitido que en España no hay mucho gasto que recortar, “el problema es de ingresos”, ha concluido. El asesor de Fedea ha defendido la idea de suprimir el impuesto de sociedades, porque "no se debe tasar transacciones económicas que sirven para producir rentas". Aunque ha precisado que todo cambio fiscal debe hacerse poco a poco.
Fuente: EL PAÍS.com
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