Su nombre completo es Emilio Agustín Maffezini, en 1997 apeló a una cláusulas de los acuerdos entre España y Argentina para evitar tener que someterse a los tribunales españoles y poder acudir directamente al arbitraje del Banco Mundial, y éste le dio la razón. Ahora la historia se escribe al revés y Repsol podría apelar a este caso para evitar que sean los jueces argentino los que dictamen el precio de expropiación de YPF.
En principio, una discrepancia de este tipo se dirime primero en los tribunales del país donde se produce el conflicto, durante un periodo de 18 meses y, posteriormente, es cuando se puede acudir a esta instancia internacional.
Sin embargo, en aquella ocasión, Maffezini apeló a las disposiciones del Acuerdo para la promoción y la protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República Argentina (ABI Argentina-España), que es el marco que dicta las reglas de juego entre los dos países en este tipo de conflictos.
Pero su jugada maestra consistió en invocar en, aplicación de la cláusula de la nación más favorecida (CNMF) contenida en el citado acuerdo bilateral, las disposiciones de un acuerdo bilateral sobre inversiones suscrito entre Chile y España en 1991.
La solicitud fue registrada por el Ciadi en octubre de 1997, que aceptó aplicar la cláusula, y en agosto de 1998 ya se estaba celebrando la primera sesión del proceso con tres árbitros: uno nombrado por Maffezin, otro por España y un tercero del Banco Mundial.
Con esta jugada, el empresario argentino consiguió escapar de las garras de la Justicia española, algo que también aspira a conseguir ahora Repsol, ya que como dejó claro su presidente, Antonio Brufau, confiar en la independencia de los tribunales argentinos para fijar el precio de la expropiación de YPF es una quimera.
Esta jugada cobra mayor importancia cuando se recuerda que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ya ha advertido que no piensa pagar los 10.500 millones de dólares (unos 8.000 millones de euros) que pide Repsol. De hecho, su oferta podría quedar reducida a menos de la mitad e, incluso, a una tercera parte.
Suma y sigue, porque, aunque la petrolera española consiga volver a imponer la doctrina Maffezini y logre acudir directamente al arbitraje del Banco Mundial, el proceso podría retrasarse unos cinco años, según los expertos consultados por la informacion.com.
Pero ahí no terminan los obstáculos. Con esta jugada, y en el supuesto de que le saliera bien a Repsol, la compañía conseguiría acelerar el proceso y que la justicia le reconociera un precio justo de expropiación. Sin embargo, todavía le quedaría por salvar el escollo más difícil: lograr que el Gobierno latinoamericano pague su deuda.
Y es que, por desgracia, los mandatos del matrimonio Kirchner se han caracterizado por no pagar, a pesar de los dictamenes de los organismos internacionales.
Fuente: lainformacion.com
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