Política
España limitará la entrada de
biodiésel procedente del país suramericano. Frena la ofensiva de medidas
anunciadas hasta ver en qué queda la expropiación de YPF
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Madrid-El Gobierno mueve ficha contra Argentina,
pero con la prudencia impuesta por el presidente del Ejecutivo, Mariano
Rajoy. El Consejo de Ministros aprobó ayer la orden ministerial para
proteger el biodiésel español y europeo frente al argentino en respuesta
a la decisión del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de
nacionalizar YPF, filial de Repsol. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de
Santamaría, explicó que la orden, que saldrá hoy publicada en el BOE,
apoyará las operaciones de refino (biodiésel) de las empresas españolas y
comunitarias para ofrecerlo en condiciones competitivas. Al asignar
cuotas de producción de biodiésel en las plantas españolas se limitará
en la práctica la entrada del producto refinado en Argentina.
El año pasado esta factura a favor de Buenos Aires ascendió a 750 millones de euros. En total, España compró 719.473 toneladas de este biocombustible, prácticamente la mitad de las toneladas consumidas. La industria española ya había pedido al Gobierno que frenara las importaciones desleales de biodiésel de Argentina e Indonesia antes de que estallara el conflicto.
El Ejecutivo español sigue midiendo sus pasos, muy pendiente del resto de empresas españolas con inversiones en Argentina y también del apoyo de la comunidad internacional. El respaldo más explícito de EE UU ha sido un balón de oxígeno para Moncloa, pero la batalla «todavía no ha terminado de librarse». «Si esto le sale bien a Argentina, es muy posible que repita el modelo con otras empresas», advierten desde el Gobierno. Ayer Sáenz de Santamaría destacó la importancia del apoyo de la comunidad internacional, especialmente del Parlamento Europeo, y también de EE UU, de «un amplio» número de países iberoamericanos y de las principales organizaciones internacionales.
A favor de España está la resolución de condena de la expropiación aprobada por el Parlamento Europeo y otras medidas que podrían aplicarse en un futuro inmediato como la extinción del sistema comercial de preferencias y la modificación de las negociaciones en el Mercosur. Aun así, el Gobierno sigue trabajando en el ámbito diplomático en todos los foros, por ejemplo en la CE, porque, según destacó Sáenz de Santamaría, su prioridad es proteger al máximo «los intereses de los españoles y de los pequeños accionistas». De momento, cree que está quedando en evidencia que la comunidad internacional se siente afectada por la expropiación de Repsol y que la medida va directamente contra los intereses de Argentina.
Y por ahora deja la puerta abierta, con prudencia, a adoptar más iniciativas contra Buenos Aires. «Cuando se vayan adoptando más medidas las trasladaremos. Ya dije que las medidas no se anuncian, se aprueban», dijo la vicepresidenta. Detrás de estas palabras está la decisión de esperar a ver cómo se concreta la expropiación y cómo continúa avanzando la presión internacional.
El jueves los ministros de Exteriores e Industria, José Manuel García Margallo y José Manuel Soria, respectivamente, habían anunciado un contundente paquete de acciones de represalia contra Fernández de Kirchner. E incluso una rueda de prensa conjunta que al final no se celebró. Habrá que esperar a ver cómo avanza el conflicto en las próximas semanas.
En su edición del pasado 18 de abril, LA RAZÓN ya informó de que el Gobierno estaba sopesando dejar de importar biodiésel de Argentina. El sector había pedido una norma para proteger la producción nacional que permitiera a las plantas de procesamiento volver a la actividad. El actual sistema arancelario argentino otorga una gran ventaja a su biodiésel. La orden firmada ayer por José Manuel Soria no es nueva. Fue elaborada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero se metió en un cajón tras, curiosamente, la amenaza de Cristina Fernández de Kirchner de tomar represalias contra Repsol si se aprobaba.
El año pasado esta factura a favor de Buenos Aires ascendió a 750 millones de euros. En total, España compró 719.473 toneladas de este biocombustible, prácticamente la mitad de las toneladas consumidas. La industria española ya había pedido al Gobierno que frenara las importaciones desleales de biodiésel de Argentina e Indonesia antes de que estallara el conflicto.
El Ejecutivo español sigue midiendo sus pasos, muy pendiente del resto de empresas españolas con inversiones en Argentina y también del apoyo de la comunidad internacional. El respaldo más explícito de EE UU ha sido un balón de oxígeno para Moncloa, pero la batalla «todavía no ha terminado de librarse». «Si esto le sale bien a Argentina, es muy posible que repita el modelo con otras empresas», advierten desde el Gobierno. Ayer Sáenz de Santamaría destacó la importancia del apoyo de la comunidad internacional, especialmente del Parlamento Europeo, y también de EE UU, de «un amplio» número de países iberoamericanos y de las principales organizaciones internacionales.
A favor de España está la resolución de condena de la expropiación aprobada por el Parlamento Europeo y otras medidas que podrían aplicarse en un futuro inmediato como la extinción del sistema comercial de preferencias y la modificación de las negociaciones en el Mercosur. Aun así, el Gobierno sigue trabajando en el ámbito diplomático en todos los foros, por ejemplo en la CE, porque, según destacó Sáenz de Santamaría, su prioridad es proteger al máximo «los intereses de los españoles y de los pequeños accionistas». De momento, cree que está quedando en evidencia que la comunidad internacional se siente afectada por la expropiación de Repsol y que la medida va directamente contra los intereses de Argentina.
Y por ahora deja la puerta abierta, con prudencia, a adoptar más iniciativas contra Buenos Aires. «Cuando se vayan adoptando más medidas las trasladaremos. Ya dije que las medidas no se anuncian, se aprueban», dijo la vicepresidenta. Detrás de estas palabras está la decisión de esperar a ver cómo se concreta la expropiación y cómo continúa avanzando la presión internacional.
El jueves los ministros de Exteriores e Industria, José Manuel García Margallo y José Manuel Soria, respectivamente, habían anunciado un contundente paquete de acciones de represalia contra Fernández de Kirchner. E incluso una rueda de prensa conjunta que al final no se celebró. Habrá que esperar a ver cómo avanza el conflicto en las próximas semanas.
LA RAZÓN ya adelantó la medida
En su edición del pasado 18 de abril, LA RAZÓN ya informó de que el Gobierno estaba sopesando dejar de importar biodiésel de Argentina. El sector había pedido una norma para proteger la producción nacional que permitiera a las plantas de procesamiento volver a la actividad. El actual sistema arancelario argentino otorga una gran ventaja a su biodiésel. La orden firmada ayer por José Manuel Soria no es nueva. Fue elaborada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero se metió en un cajón tras, curiosamente, la amenaza de Cristina Fernández de Kirchner de tomar represalias contra Repsol si se aprobaba.
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