La Junta y el sindicato UGT se desmarcaron
de la petición de la Fiscalía Anticorrupción y sólo pidieron una
comparecencia semanal en el juzgado, que se le retire el pasaporte y se
le imponga una fianza de 68 millones.
Jorge Muñoz, Sevilla | Actualizado 24.04.2012 - 15:10
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Antonio Fernández subiendo en el
furgón de la Guardia Civil tras salir de los juzgados. / J.A. García |
La juez ha dado así un nuevo giro en la instrucción de la causa al encarcelar al que fuera consejero de Empleo entre 2004 y 2008, imputado por seis delitos, entre ellos prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.
La decisión de la instructora se produjo después de que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares que ejercen el Partido Popular y el sindicato Manos Limpias, pidieran el ingreso en prisión provisional, mientras que la Junta de Andalucía y el sindicato UGT, que también ejercen la acusación, se desmarcaron de la petición de la Fiscalía -con la que hasta ahora siempre había estado de acuerdo en los dos encarcelamientos previos en este caso, los del ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero y su chófer- y sólo pidieron que se fije una comparecencia apud acta semanal del ex consejero, que se le retire el pasaporte y se le imponga una fianza para cubrir las posibles responsabilidades civiles de 68 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción y las demás acusaciones elevaron a 890.052.666 euros la fianza de responsabilidad civil para hacer frente al posible perjuicio causado por la concesión de las ayudas irregulares. Las defensas del ex consejero y de los demás imputados solicitaron la libertad y de forma alternativa se adhirieron a la postura de la Junta.
La petición del Ministerio Público y de estas acusaciones se produjo durante una comparecencia celebrada durante toda la noche en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para la adopción de medidas cautelares y la petición se justifica porque la Fiscalía Anticorrupción entiende que hay riesgo de fuga y la posibilidad de que el ex consejero influya en los testigos de este proceso, al tiempo que considera que los delitos son muy graves y las penas que pudieran imponerse muy elevadas, ya que sólo en el caso de la malversación de caudales públicos la pena se eleva a 18 años.
El fiscal Anticorrupción argumentó que el hecho de que Fernández haya respondido a todas las preguntas de las partes no implica una colaboración con la Justicia. "El responder a todas las preguntas no siempre supone una colaboración", afirmó el fiscal, lo que supone un aviso a navegantes para los imputados que aún tienen que comparecer en esta macroinvestigación.
La postura que iba a adoptar la Fiscalía sobre la situación procesal de Antonio Fernández se intuía claramente desde la última pregunta que le realizó en su interrogatorio el pasado domingo y en la que puso de manifiesto las sospechas del Ministerio Público respecto a que el sistema había sido “ideado por la Junta para tener las manos libres a la hora de disponer de fondos públicos sin control previo ni posterior, en beneficio de determinadas personas y en perjuicio del resto de los ciudadanos andaluces”.
La solicitud de ingreso en prisión se produce tras cuatro días de declaración y más de treinta horas de un interrogatorio en las que Antonio Fernández ha intentado contestar al aluvión de imputaciones que le planteó la juez Mercedes Alaya alegando una y otra vez que el sistema por el que se concedían las ayudas “era y sigue siendo legal”.
Esta tesis la mantuvo Fernández cuando realizó un alegato final al término del interrogatorio de la juez, a la que manifestó que siempre ha tenido “el criterio y la conciencia de trabajar bajo el principio de la legalidad y de la legalidad presupuestaria”.
La magistrada le imputó al inicio de su comparecencia, el pasado viernes, un total de seis delitos. En concreto, la juez le atribuye delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil, y otros cuatro de carácter continuado: prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la obtención de subvenciones y negociación prohibida a funcionarios.
La imputación de Alaya al ex consejero Antonio Fernández se vertebra en una triple argumentación. En primer lugar, la juez entiende que el ex alto cargo era “conocedor” de la inclusión de intrusos en los expedientes de las ayudas públicas. En segundo, que también conocía los “importantes reparos” que había puesto la Intervención General de la Junta al sistema de transferencias de financiación por el que se concedían las ayudas. Y en tercer lugar, por su inclusión en el ERE de González Byass de 2008, en el que la juez considera que fue incluido a pesar de que entiende que Antonio Fernández ya no era trabajador y por tanto no podía acogerse a la prejubilación. Sobre su renuncia al ERE, la instructora sospecha que se produjo una vez que el ex consejero tuvo conocimiento de este procedimiento judicial.
Fuente: diariodesevilla.es
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