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| La sobrepoblación, un problema endémico de las cárceles latinoamericanas. |
Tras las cenizas, lágrimas de los supervivientes en Comaguaya: "A pura gracia de Dios nos pudimos salvar, lo que sucedió fue por puro descuido", "Nadie abrió los portones, nos cansamos de gritar; tuvimos que saltar nosotros cuando ya (el centro penal) agarró fuego en forma; tuvimos que saltar por el (techo de) zinc para afuera".
Pero más allá de los testimonios o las declaraciones de la Comisionada de Derechos Humanos, quien calificó la situación hondureña de crítica, las cifras hablan en general un sistema penitenciario abusivo y sobre todo, superpoblado.
Celdas con capacidad para cinco, ocupadas por 20 o 30 reos. Hacinados como sardinas en lata, cualquier incidente similar al de Honduras se vuelve tragedia.
El punto de mira penal que en las últimas décadas ha hecho especial hincapié en el mundo de las drogas, ha provocado que aumenten notablemente las condenas de prisión para todos aquellos participantes del negocio del narcotráfico, tal y como relata un estudio del Instituto Transnacional sobre los sistemas penales sobrecargados.
Incluso los acusados por mera posesión, se enfrentan a sanciones de cárcel desproporcionadas con respecto a la gravedad de sus delitos. En países como Ecuador, las condenas por drogas oscilan entre 12 años de prisión mínima hasta 25 años de máxima. La condena más alta por homicidio son 16 años.
A menudo, en muchos países como el propio Ecuador, Guatemala o Bolivia tampoco se distingue entre traficantes de alto nivel, camellos de poca monta o ‘mulas’. Tampoco de aquellos que consumen marihuana y trafican con pequeñas dosis de consumo en pandilla con aquellos que lo hacen con cocaína y a escala mayor, tal y como señala el estudio.
Por ello, en muchas cárceles podemos encontrar situaciones como las de que un joven encerrado por trapichear con cannabis cumpla una pena más larga que un asesino, señala el estudio sobre penales. En Argentina, menores de 16 años son tratados como adultos y pueden cumplir condenas de más de 10 años, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Culpable, por si acaso
A esta ley de ‘mano dura’ se une el abuso de la detención preventiva. En Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú la prisión preventiva es obligatoria si los delitos están relacionados con la drogas. En México, el detenido puede ser retenido por un periodo de 80 días antes de ser acusado formalmente. Todo suma en unas celdas que engordan cada día.
Tras la tragedia de Honduras uno de los supervivientes habló entre lágrimas para los medios: "Murió una persona que ayer se tenía que haber ido libre, pero que seguía recluido un día más por capricho de la jueza responsable de su caso, ya que no hicieron la nota para que abandonara el centro penal".
Organizaciones como Amnistía Internacional o las propias Naciones Unidas señalan que de media, las cárceles acogen entre un 40% e incluso un 100% de internos por encima del aforo de la instalación, en países como Venezuela o El Salvador. En Brasil, más de 450.000 personas cumplen condena en instalaciones con capacidad para apenas 300.000 reos.
“Hemos llegado al extremo en el que cuando ya no quedan cárceles, los propios inmuebles administrativos de la Policía nacional se convierten en prisiones improvisadas. En un cuarto, los policías y en el contiguo decenas de delincuentes en unos cuantos metros”, se lamenta Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva de la ONG Movimiento Pro Justicia de Guatemala en conversacion con lainformacion.com.
La propia Ibarra comenta que una de los principales lacras del sector penitenciario en Latinoamérica es que el crecimiento exponencial de internos no se ha compensado en ningún momento con un aumento paralelo del presupuesto destinado al mantenimiento de los centros. Comida que antes era para dos ahora es para cuatro.
La dirección en la sombra de los reos
Además de la precariedad de las instalaciones, el Movimiento Pro Justicia coincide con la opinión de la ONU, que ha señalado estos días que otro de los problemas es que las cárceles latinoamericanas están fuera de control.
"Las cúpulas de mando carcelarias están en manos de la delincuencia. A menudo los guardias no son ni profesionales, sino gente muy mal pagada susceptible de la extorsión continua de los internos", comenta Ibarra.
A raíz de los últimos sucesos, con más de 400 muertos entre Honduras y México, las organizaciones humanitarias han pedido una reacción real por parte de los gobiernos.
"No es la primera vez que tenemos una tragedia. Soluciones aisladas no sirven. O aumenta el presupuesto a la vez que se depura la corrupción interna y se favorece una legislación que garantice los derechos humanos o Latinoamérica volverá a llorar por sus familiares, primero presos y después muertos", concluye Ibarra.
Fuente: lainformacion.com
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