Sin alternativa a las 6.600 rentas de emancipación
La consejería de Arriola ha ordenado que no se recojan más solicitudes de la renta de 210 euros al haberla suprimido el Gobierno central
La consejería de Arriola ha ordenado que no se recojan más solicitudes de la renta de 210 euros al haberla suprimido el Gobierno central
16.01.12 - 02:12 -JAVIER MUÑOZ jmunoz@elcorreo.com | BILBAO.
Los jóvenes vascos que solicitaron la ayuda de alquiler de 210 euros mensuales hasta el pasado 31 de diciembre recibirán el dinero si cumplen las condiciones exigidas, puesto que la supresión de esa prestación, recientemente acordada por el Gobierno de Mariano Rajoy, se aplica a partir de 2012. Así lo han aclarado fuentes del Departamento vasco de Vivienda, que informaron de que en Euskadi se han contabilizado algo más de doscientas peticiones que fueron presentadas a finales del mes pasado y que, cuando se anunció que el fin de la subvención, todavía no habían sido resueltas. «Hemos dado orden de que no se recojan más solicitudes durante 2012, pero las de diciembre se resolverán», confirmaron en Vivienda, cuyas delegaciones se han ocupado del papeleo de esas subvenciones y de dar luz verde a los expedientes o rechazarlos.
El decreto que suprime los 210 euros, conocidos como renta básica de emancipación (RBE) e introducidos en 2008 en tiempos de la fugaz ministra de Vivienda Carme Chacón, ya ha sido aprobado por el nuevo Gobierno del PP, que lo incluyó dentro el paquete de recortes del primer Consejo de Ministros. Según el Gobierno vasco, de la RBE se beneficiaban el pasado año en Euskadi unas 6.600 personas, con un coste de 16 millones de euros anuales, si bien en sus tres años de vigencia la han cobrado en algún momento más de 16.000 jóvenes vascos y unos 300.000 en el conjunto de España, todos ellos con edades de entre 22 y 29 años y contrato de trabajo.
El subsidio de alquiler no desaparecerá de un plumazo. Las prestaciones irán 'muriendo' a medida que los beneficiarios agoten el periodo establecido para ellas, que expira a los cuatro años desde el momento en que se concedieron, o cuando el perceptor se pase de la edad establecida. A ese grupo de perceptores se incorporarán en similares condiciones los últimos jóvenes que presentaron las solicitudes antes del 31 de diciembre y que, según ha confirmado ahora el Ejecutivo autónomo, también cobrarán.
En la consejería de Arriola no ocultan que el final de la RBE llega en el peor momento para la Administración vasca, puesto que esa renta representaba en 2011 aproximadamente la cuarta parte de las subvenciones al arrendamiento en Euskadi. Las otras ayudas -en este caso financiadas por el Gobierno de Vitoria- son la prestación complementaria de vivienda (PCV), de 250 euros al mes, que alcanza a unas 17.000 personas sin recursos; y el programa Bizigune, del que se benefician unos 5.000 vascos de rentas bajas. Ambos proyectos tienen un coste conjunto próximo a los setenta millones de euros anuales.
Sin alternativa
El Departamento de Vivienda reconoce que, debido a las reducción del gasto público, no puede ofrecer una alternativa a las 6.600 rentas de emancipación de Euskadi cuando expire su caducidad. «Los 16 millones representan una suma que no tenemos de dónde sacar», explicaron en la consejería, que asegura que el subsidio ha funcionado «razonablemente bien» en la comunidad autónoma.
De hecho, a comienzos del pasado año, y coincidiendo con el agravamiento de la crisis, se tomaron medidas para evitar irregularidades. La RBE fue retirada provisionalmente a 738 perceptores de Euskadi porque, en algún momento de 2008 y 2009, la habían cobrado cuando ganaban más de lo permitido -22.000 euros anuales-. La interrupción de las ayudas fue decidida por la Administración central, después de cruzar datos con las Haciendas forales del País Vasco.
Antes de ser suprimida de forma definitiva, la renta de emancipación había permanecido relativamente al margen de las discusiones sobre el gasto público, a pesar de que el pasado año costó a las arcas estatales 400 millones de euros. Sin embargo, mientras muchos jóvenes continuaban solicitando los 210 euros, el aviso de que tenían los días contados llegó a mediados de diciembre a través de Twitter. Rajoy utilizó ese canal para recordar que a la RBE «le puso fecha de caducidad el Gobierno socialista».
El actual presidente de Gobierno se refería a que en 2008 Rodríguez Zapatero había otorgado al subsidio una vida de cuatro años, a partir de los cuales había que elaborar un informe sobre su continuidad. Ese documento quedó sobre la mesa del nuevo Gobierno popular; pero al final la RBE no sobrevivió al primer consejo de ministros.
Fuente: elcorreo.com
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