Presupuesto estatal
Madrid, 27 ene.- El Gobierno de España aprobó hoy el anteproyecto de una ley pionera en Europa que aplicará un estricto techo de gasto a las regiones del país, para volver al crecimiento económico, recuperar el crédito financiero y garantizar los servicios públicos esenciales mediante la reducción del déficit.
La nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera apuesta porque todas las administraciones (regionales y locales) presenten equilibrio o superávit, y ninguna incurra en déficit estructural, salvo situaciones excepcionales, a partir de 2020.
Según precisó el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó el anteproyecto, la ley está concebida con un "cuidado extremo en no interferir en la capacidad de autogobierno de comunidades autónomas (regiones) y entes locales".
La regulación aprobada este viernes en primer trámite será más estricta para las regiones españolas que la propia que impone la Unión Europea en disciplina presupuestaria.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, explicó que, con la norma, que ahora pasa al Consejo de Estado, España "ha tomado la delantera" en el impulso a la estabilidad presupuestaria en el seno de la UE.
Saenz calificó la ley como una "reforma estructural de primer orden" adoptada "en un plazo muy reducido" y recordó que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, se comprometió a presentar el anteproyecto en tres meses "y hoy -poco más de un mes después de tomar posesión- se está adelantando el calendario de reformas".
La vicepresidenta del Gobierno subrayó que la reducción del déficit es clave y tiene "un efecto inmediato" para lograr la recuperación del crédito -que ahora se destina a pagos de deuda- y a satisfacer servicios como la sanidad y educación con el ahorro de los intereses de las emisiones de deuda pública.
Saenz de Santamaría señaló que hoy mismo se empezará a buscar el acuerdo al respecto con el Partido Socialista (PSOE), el principal de la oposición y con el que se consensuó la reforma constitucional que da origen a esta ley, así como con el resto de los grupos políticos que deberán votarla en el Parlamento.
Con esta ley se ampliará al plano político el acuerdo territorial conseguido ya con comunidades autónomas y entes locales, que el pasado 17 de enero aceptaron que deben aprobar techos de gasto previos a sus presupuestos y enfrentarse a potenciales sanciones si incumplen los objetivos marcados.
El ministro Montoro recordó que así se da traslado a la legislación española de la normativa europea en materia de sanciones y de inspecciones a las administraciones incumplidoras.
Hasta el 2020 serán los programas de estabilidad de la Comisión Europea los que determinen los objetivos de déficit, que por el momento están fijados en el 4,4 % para 2012, si bien cabe la posibilidad de que la caída de la economía conlleve una relajación de esta cifra.
El ministro de Economía español, Luis de Guindos, se encargó de explicar hoy a nivel internacional el alcance del anteproyecto de ley.
En un encuentro con medios de prensa españoles en la localidad suiza de Davos, en el marco del Foro Económico Mundial, De Guindos confirmó que el Gobierno de Rajoy impondrá ese déficit estructural del 0 % a las regiones españolas para 2020.
"El compromiso de este Gobierno con la estabilidad presupuestaria es absoluto", dijo De Guindos, quien recordó que el objetivo del Ejecutivo español es el déficit presupuestario del 4,4 % para este año y del 3 % para el 2013.
Según la reforma legislativa, aquella administración pública que incumpla el plan económico-financiero para corregir las desviaciones de déficit en las que incurra deberá constituir un depósito, que podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren.
El anteproyecto de ley prevé que las sanciones impuestas a España en materia de estabilidad sean asumidas por la Administración local responsable.
Se establece en paralelo un mecanismo de alerta temprana y de respuesta inmediata ante la desviación en los planes correctores.
Con esta normativa la deuda de las Administraciones no podrá superar el valor de referencia del 60 % del PIB establecido en la regulación europea, salvo en caso de circunstancias excepcionales, y la "prioridad absoluta" será atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro gasto.
Asimismo, la ley presenta un mecanismo extraordinario de apoyo a la liquidez para aquellas comunidades autónomas y corporaciones locales que lo soliciten.EFE
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