ACABAN LAS SUBVENCIONES
Sindicatos, sector inmobiliario y consumidores piden que los apoyos económicos se mantengan y amplíen. La vigencia de la Renta Básica de Emancipación acaba en diciembre y no hay una previsión para su prórroga
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| El final de las subvenciones para el alquiler, una amenaza para la emancipación de muchos jóvenes. MEDITERRÁNEO |
MARIBEL AMORIZA 14/11/2011
Cerca de 3.000 jóvenes castellonenses cobran los 210 euros mensuales que supone la Renta Básica de Emancipación (RBE), ayudas estatales para hacer frente al gasto que genera el alquiler de una vivienda y cuya vigencia acaba en diciembre. El fin de las subvenciones puede suponer que esos miles de casas queden vacíos en la provincia, y se sumen a la sangría en el número de hogares que ya ha supuesto la recesión económica, que ha obligado a unos 500 jóvenes a renunciar a su autonomía cada mes y, por tanto, a volver al hogar de sus padres.
Se tratará de una vuelta de tuerca más para un colectivo que, como reiteran los responsables en Castellón de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, Encarna Barragán y Tino Calero, respectivamente “es uno de los más castigados por la crisis”.
Ambos reivindican no solo la continuidad de estas subvenciones, sino también su ampliación. Encarna Barragán, quien señala que las trabas a la emancipación de los jóvenes castellonenses son crecientes, indica que “los salarios que cobran son hasta un 70% más bajos que la media provincial y están muy, muy alejados de lo que sería un sueldo mileurista”.
La representante de CCOO alerta de “un proceso de retirada de los jóvenes del mercado laboral”, ya que “se ha perdido uno de cada dos empleos en gente joven, aunque muchos de los desempleados de este colectivo no aparecen en las estadísticas y su tasa de actividad ha bajado porque muchos ya no buscan un trabajo y han vuelto a los estudios que dejaron”.
Recuerda también el “bajo nivel de formación de los jóvenes, consecuencia del abandono de la escuela que se produjo en los momentos de más bonanza”
.
Desde UGT, Tino Calero abunda en el argumento y apunta que “en Castellón tenemos muchísimos jóvenes en paro sin formación” y añade que “habría que hacer un esfuerzo y ver qué incentivos pueden plantearse para que sea atractivo contratarles”.
Calero señala sobre la RBE que “sirve para facilitar la emancipación de los jóvenes y ver que ahora que acaba la ayuda ningún partido mayoritario haya dicho que se va a prorrogar es preocupante y, si esta ayuda no continúa, se verán perjudicados los jóvenes, que tendrán que volver a casa de sus padrees, y también los arrendadores, que tendrán más dificultades para poder alquilar de nuevo sus viviendas”.
Por su parte y desde el punto de vista ciudadano, el presidente de la Unión de Consumidores de España (UCE) en Castellón, Juan Carlos Insa, valora el posible final de las ayudas para el alquiler joven en un contexto más global, al indicar que, en relación con los jóvenes, “se están vulnerando varios derechos constitucionales que, con independencia de que sean o no exigibles legalmente --por cuanto son principios rectores que orientan las políticas que deben desarrollarse: derecho al trabajo, vivienda digna, etc.--, al dejarlos de lado se produce una quiebra de los principios constitucionales, impidiéndoles que tengan una vida autónoma e independiente y se les cercena la posibilidad de que puedan aspirar a tener un proyecto vital”. Insa concluye que “la única alternativa del colectivo pasa por políticas de empleo que permitan una reducción sustancial del paro; otra cosa será un parche”. H
Fuente: el Periódico Mediterráneo
Cerca de 3.000 jóvenes castellonenses cobran los 210 euros mensuales que supone la Renta Básica de Emancipación (RBE), ayudas estatales para hacer frente al gasto que genera el alquiler de una vivienda y cuya vigencia acaba en diciembre. El fin de las subvenciones puede suponer que esos miles de casas queden vacíos en la provincia, y se sumen a la sangría en el número de hogares que ya ha supuesto la recesión económica, que ha obligado a unos 500 jóvenes a renunciar a su autonomía cada mes y, por tanto, a volver al hogar de sus padres.
Se tratará de una vuelta de tuerca más para un colectivo que, como reiteran los responsables en Castellón de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, Encarna Barragán y Tino Calero, respectivamente “es uno de los más castigados por la crisis”.
Ambos reivindican no solo la continuidad de estas subvenciones, sino también su ampliación. Encarna Barragán, quien señala que las trabas a la emancipación de los jóvenes castellonenses son crecientes, indica que “los salarios que cobran son hasta un 70% más bajos que la media provincial y están muy, muy alejados de lo que sería un sueldo mileurista”.
La representante de CCOO alerta de “un proceso de retirada de los jóvenes del mercado laboral”, ya que “se ha perdido uno de cada dos empleos en gente joven, aunque muchos de los desempleados de este colectivo no aparecen en las estadísticas y su tasa de actividad ha bajado porque muchos ya no buscan un trabajo y han vuelto a los estudios que dejaron”.
Recuerda también el “bajo nivel de formación de los jóvenes, consecuencia del abandono de la escuela que se produjo en los momentos de más bonanza”
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Desde UGT, Tino Calero abunda en el argumento y apunta que “en Castellón tenemos muchísimos jóvenes en paro sin formación” y añade que “habría que hacer un esfuerzo y ver qué incentivos pueden plantearse para que sea atractivo contratarles”.
Calero señala sobre la RBE que “sirve para facilitar la emancipación de los jóvenes y ver que ahora que acaba la ayuda ningún partido mayoritario haya dicho que se va a prorrogar es preocupante y, si esta ayuda no continúa, se verán perjudicados los jóvenes, que tendrán que volver a casa de sus padrees, y también los arrendadores, que tendrán más dificultades para poder alquilar de nuevo sus viviendas”.
Por su parte y desde el punto de vista ciudadano, el presidente de la Unión de Consumidores de España (UCE) en Castellón, Juan Carlos Insa, valora el posible final de las ayudas para el alquiler joven en un contexto más global, al indicar que, en relación con los jóvenes, “se están vulnerando varios derechos constitucionales que, con independencia de que sean o no exigibles legalmente --por cuanto son principios rectores que orientan las políticas que deben desarrollarse: derecho al trabajo, vivienda digna, etc.--, al dejarlos de lado se produce una quiebra de los principios constitucionales, impidiéndoles que tengan una vida autónoma e independiente y se les cercena la posibilidad de que puedan aspirar a tener un proyecto vital”. Insa concluye que “la única alternativa del colectivo pasa por políticas de empleo que permitan una reducción sustancial del paro; otra cosa será un parche”. H
Fuente: el Periódico Mediterráneo
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