Teresa Blanco
28/10/2011 - 6:00
Carnicer exige un nuevo Código CivilEn el marco del X Congreso Nacional de la Abogacía Española, que se celebra en Cádiz, el magistrado rechazó algunas de las soluciones propuestas para solventar estos problemas como establecer un principio de jerarquía; la división formal de competencias, suprimiendo el recurso de amparo; o la distinción total de hechos y de derechos, "de la que no puede partirse -en su opinión- cuando está en juego un derecho fundamental".
En su opinión, la propuesta más eficaz sería la de atender al principio incluido en la Ley Orgánica 6/2007, que modifica el Tribunal Constitucional, que establece los requisitos exigibles a los que debe atender la institución para que pueda admitirse a trámite el recurso de amparo.
Renovación del TC
Por su parte, el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay Montalvo, arremetió contra la actual falta de renovación del Tribunal en los plazos previstos por la Carta Magna, -la renovación de cuatro de sus 12 magistrados está pendiente desde hace meses por la falta de acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista-, algo que Gay tachó de "inconstitucional", por lo que exigió su "escrupuloso cumplimiento por quienes deben hacerlo". Sólo así, añadió, se puede garantizar su independencia.Pacto de Estado
El encuentro contó, asimismo, con la participación de cuatro exministros de Justicia, dos del PSOE (Juan Alberto Belloch y Fernando López Aguilar) y dos del PP (Ángel Acebes y José María Michavila), que se mostraron partidarios de recuperar un Pacto de Estado por la Justicia.Belloch Julbe, puso el acento en "los tres déficits fundamentales de la Justicia". Señaló el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas, cuyo incumplimiento "es lo que más desprestigia a la Justicia". Pero además, se refirió a una Ley de Enjuiciamiento Criminal que es "resultado patético de más de 40 reformas parciales y que mantiene un modelo de instrucción inquisitorio". En este sentido, indicó que "es un tema clave determinar el papel del Ministerio Fiscal en la instrucción del proceso penal", tal y como propone la reforma del actual Ejecutivo.
Se mostró partidario de un fiscal instructor, pero matizó, que con el fin de evitar suspicacias en cuanto a la politización del órgano en los supuestos en que el investigado sea un aforado, habría que "acudir a un juez instructor, siguiendo así al modelo portugués". Finalmente, llamó la atención sobre el "deterioro creciente del prestigio del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Cons- titucional".
Ahora bien, no se mostró partidario de la designación de sus vocales a través de la designación de la carrera judicial, pues eso "supondría trasladar las conspiraciones de los nombramientos de los grupos parlamentarios a las asociaciones judiciales".
A continuación, Acebes expuso, en relación a la reforma del proceso penal, que las decisiones han de tomarse "teniendo en cuenta el conjunto del sistema y de nuestro modelo, sin que puedan introducirse medidas aisladas, por muy generalizadas que estén en otros países, porque puede hacer que salte el conjunto de la maquinaria".
Esta propuesta haría necesario, añadió, "retocar el Estatuto del Ministerio Fiscal y su Reglamento, e incluso la dotación de medios materiales, o el papel de la Policía Judicial".
Una idea a la que se sumó Michavila Núñez, quien dijo, que "ceder la instrucción al fiscal exigiría un modelo distinto de Fiscalía". Y añadió que "la reforma de la Justicia no puede tener un color partidista, sino que debe atender al interés público". Por su parte, Juan Fernando López Aguilar, apeló a "una Justicia sólida que resista la alternativa partidista".
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