EL DEBATE DE LA SEMANA
Al calor del movimiento 15-M y de la lucha contra los desahucios, cobra fuerza la demanda de que entregar la vivienda permita cancelar la deuda. Los invitados al debate de EL DÍA la respaldan -aunque algunos la consideran "un mal menor"- y proponen otras alternativas.
Aunque aún suscita algunas dudas desde el punto de vista legal, la llamada "dación en pago" -la entrega de la vivienda como forma de cancelar la deuda hipotecaria- es reivindicada cada vez con mayor fuerza por movimientos sociales, organizaciones de consumidores y otros colectivos como una alternativa a los embargos y desahucios, medidas que generan un creciente rechazo entre la sociedad.
Para debatir la viabilidad y conveniencia de generalizar esta opción -vigente en otros países europeos y en Estados Unidos, como recuerdan sus defensores-, EL DÍA reunió a Inmaculada Évora, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca; Jerónimo Barrera, delegado en Canarias de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), y Carlos Guilarte, activista social vinculado al movimiento 15-M, que ha dado un nuevo impulso a la demanda de esta posibilidad. Además, recabó la opinión de la firma de abogados Munguía y Melián, que arrojan algo de luz sobre este asunto.
Évora lo tiene claro: la medida es viable. Sin embargo, cree que "no es totalmente justa", aunque "es una solución". "Hay miles de familias en la calle y no hay una alternativa", dijo la representante de la plataforma de afectados.
A juicio de este colectivo, actualmente "están primando los intereses económicos de unos pocos sobre el bienestar social". Si no es así, "no se entiende qué razones hay para bloquear" la iniciativa legislativa popular que busca dar vía libre a la dación en pago.
Una de las injusticias que Inmaculada Évora encuentra en las ejecuciones hipotecarias que proliferan en los últimos años es que "no se contempla ningún tipo de condicionante o atenuante que pueda haber llevado a las familias a esa situación", relacionadas con la crisis económica y el desempleo. "Tampoco se tienen en cuenta las cláusulas abusivas que incluyen los contratos", lamentó.
Entre tanto, el delegado de Ausbanc en Canarias, Jerónimo Barrera, aseveró que "no podemos decir que las entidades financieras están actuando de manera ilegal, porque la ley las ampara, pero está claro que la única culpable de la situación en la que se encuentran muchas familias es la propia banca porque les embaucó para que compraran esa vivienda solo para hacer negocio".
En este contexto, argumentó que, con tal fin, "se llegaron a ofrecer préstamos de hasta el 120% y el 200% del valor de tasación a muchas personas, a sabiendas de que no tenían la capacidad de reembolso suficiente para hacer frente al pago de las cuotas".
Barrera, que acusó también al Gobierno central, por permitir estos "desmanes", arguyó que "hay que modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, en concreto los artículos 695, 698, 578, 579 y 378, porque son anticonstitucionales, ya que no permiten la defensa del prestatario, dentro del proceso de ejecución hipotecaria".
A su modo de ver, "es aberrante, execrable, inhumano e inaudito que una persona que haya perdido su vivienda la tenga que seguir pagando y le persigan hasta la tumba por algo que ya no es suyo, sino que es de otro".
Por ello, consideró la dación en pago como una fórmula "coherente y justa" para evitar toda la conflictividad social que se ha desatado, sobre todo a raíz de la crisis.
A su vez, propone que se instaure "la figura del intermediario financiero, que no dependa de las entidades, sino que se trate de un organismo independiente que analice el procedimiento de dación en pago, para que se obre con justicia".
El máximo representante de la asociación de usuarios de la banca en las Islas está "totalmente de acuerdo con el movimiento ciudadano para evitar los desahucios". Sin embargo, puntualizó que "hasta que la ley no se modifique, es nuestra obligación movernos en el marco legislativo que tenemos".
También Carlos Guilarte está de acuerdo con la dación en pago, pero entiende que "es necesario ir más allá". En este sentido, opinó que "no es justo que haya que entregar la vivienda cuando se ha pagado ya una parte de su valor". Por ello, definió la propuesta como "un mal menor" y abogó por otras fórmulas, como "seguir haciendo uso de la vivienda mediante un alquiler social".
El activista social recordó que el derecho a la vivienda está recogido en la Constitución Española, la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, "cada día se producen 240 desalojos" en España.
A juicio de Guilarte, "los partidos políticos mayoritarios bloquean la iniciativa legislativa popular y favorecen en las instituciones y los programas electorales los intereses de los poderes financieros".
La respuesta de los ayuntamientos, las asociaciones de vecinos y los colectivos de consumidores ha sido, en general, decepcionante. "En algunas regiones han actuado como intermediarios, pero su intervención sigue siendo muy precaria", expuso Guilarte.
"Se está produciendo una ofensiva neoliberal de los mercados contra los desechos de lo que una vez fue el Estado del bienestar", alertó el activista.
La sensación de que el problema de los desahucios forma parte de una situación general es compartido por Inmaculada Évora. "Se nos ha vendido un falso Estado del bienestar. Se nos ha engañado", indicó la representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que piensa que "el Estado debe garantizar que el préstamo no se gestione de forma temeraria, como ha sucedido hasta ahora".
El responsable de que las entidades bancarias se comporten de esta manera es, en última instancia, el Gobierno, argumentó Évora. "Hay una mala gestión política: ése es el problema fundamental", sentenció. Ese problema supone que "las personas estamos siendo relegadas a un tercer, cuarto o quinto plano, cuando somos el motor de la sociedad".
En otro orden de cosas, Jerónimo Barrera opinó que "los legisladores tienen el deber de estudiar todos los abusos que está cometiendo la banca". En este sentido, agregó que, a pesar de que se enriquecieron a costa de arruinar a muchas familias, las entidades financieras continúan aplicando comisiones excesivas y obligan a los que suscriben una hipoteca a comprar acciones, suscribir un seguro de vida, un plan de jubilación y una infinita serie de productos que el usuario no desea, por mera usura".
El representante de Ausbanc incidió en que "el sistema financiero hay que protegerlo porque vertebra la economía del país, pero sin que sea la ruina y desolación de los consumidores". Así, sentenció que "los políticos adoran a Santa Banca, mientras que las familias españolas, que son honestas, responsables y cumplidoras están desprotegidas y, por tanto, muchas veces acaban desahuciadas y en la calle".
Por otra parte, alertó de que "la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) pretende que sea elimine el euríbor como índice de referencia principal para calcular la cuota de las hipotecas y cambiarlo por otro mucho menos transparente". Al respecto, esgrimió que "si lo lograran colar, en una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, representaría 275 euros más al mes".
La hipótesis de que los bancos endurezcan la concesión de hipotecas si se aprueba la dación se inscribe, según Carlos Guilarte, en "una estrategia que solo no ven quienes tienen un interés directo".
Ante la pasividad institucional, "solo la acción popular, como los movimientos contra los desahucios, puede evitar que esta ofensiva sea tan descarada y agresiva", advirtió Guilarte, quien reconoció que "no se puede cambiar de la noche a la mañana", pero si urgió "una llamada de atención y un llamamiento a la movilización".
Para el activista social, es incomprensible que "el derecho a la vivienda haya quedado en manos de los bancos". Guilarte insistió en la necesidad de que se produzca "una organización social y una acción popular" ante un problema que, entre otras cosas, "afecta a la estabilidad de las familias".
A modo de conclusión, Barrera propuso que las personas que no puedan hacer frente al pago de una hipoteca puedan acogerse a una moratoria hasta que su situación mejore y en ese periodo, en lugar de abonar la totalidad de la cuota, solo paguen la cantidad correspondiente a los intereses.
Asimismo, abogó por "paralizar las ejecuciones hipotecarias cuando existen garantías reales de cobro, ya que con solo un recibo impagado te pueden echar de tu casa". Finalmente, reclamó la "prohibición de la doble tasación que muchos bancos fijan en los contratos".
Texto: MIGUEL GÓMEZ Y JOSÉ R. HERNÁNDEZ Fotos: MANUEL EXPÓSITO
Fuente: EL DIA.ES
Para debatir la viabilidad y conveniencia de generalizar esta opción -vigente en otros países europeos y en Estados Unidos, como recuerdan sus defensores-, EL DÍA reunió a Inmaculada Évora, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca; Jerónimo Barrera, delegado en Canarias de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), y Carlos Guilarte, activista social vinculado al movimiento 15-M, que ha dado un nuevo impulso a la demanda de esta posibilidad. Además, recabó la opinión de la firma de abogados Munguía y Melián, que arrojan algo de luz sobre este asunto.
Évora lo tiene claro: la medida es viable. Sin embargo, cree que "no es totalmente justa", aunque "es una solución". "Hay miles de familias en la calle y no hay una alternativa", dijo la representante de la plataforma de afectados.
A juicio de este colectivo, actualmente "están primando los intereses económicos de unos pocos sobre el bienestar social". Si no es así, "no se entiende qué razones hay para bloquear" la iniciativa legislativa popular que busca dar vía libre a la dación en pago.
Una de las injusticias que Inmaculada Évora encuentra en las ejecuciones hipotecarias que proliferan en los últimos años es que "no se contempla ningún tipo de condicionante o atenuante que pueda haber llevado a las familias a esa situación", relacionadas con la crisis económica y el desempleo. "Tampoco se tienen en cuenta las cláusulas abusivas que incluyen los contratos", lamentó.
Entre tanto, el delegado de Ausbanc en Canarias, Jerónimo Barrera, aseveró que "no podemos decir que las entidades financieras están actuando de manera ilegal, porque la ley las ampara, pero está claro que la única culpable de la situación en la que se encuentran muchas familias es la propia banca porque les embaucó para que compraran esa vivienda solo para hacer negocio".
En este contexto, argumentó que, con tal fin, "se llegaron a ofrecer préstamos de hasta el 120% y el 200% del valor de tasación a muchas personas, a sabiendas de que no tenían la capacidad de reembolso suficiente para hacer frente al pago de las cuotas".
Barrera, que acusó también al Gobierno central, por permitir estos "desmanes", arguyó que "hay que modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, en concreto los artículos 695, 698, 578, 579 y 378, porque son anticonstitucionales, ya que no permiten la defensa del prestatario, dentro del proceso de ejecución hipotecaria".
A su modo de ver, "es aberrante, execrable, inhumano e inaudito que una persona que haya perdido su vivienda la tenga que seguir pagando y le persigan hasta la tumba por algo que ya no es suyo, sino que es de otro".
Por ello, consideró la dación en pago como una fórmula "coherente y justa" para evitar toda la conflictividad social que se ha desatado, sobre todo a raíz de la crisis.
A su vez, propone que se instaure "la figura del intermediario financiero, que no dependa de las entidades, sino que se trate de un organismo independiente que analice el procedimiento de dación en pago, para que se obre con justicia".
El máximo representante de la asociación de usuarios de la banca en las Islas está "totalmente de acuerdo con el movimiento ciudadano para evitar los desahucios". Sin embargo, puntualizó que "hasta que la ley no se modifique, es nuestra obligación movernos en el marco legislativo que tenemos".
También Carlos Guilarte está de acuerdo con la dación en pago, pero entiende que "es necesario ir más allá". En este sentido, opinó que "no es justo que haya que entregar la vivienda cuando se ha pagado ya una parte de su valor". Por ello, definió la propuesta como "un mal menor" y abogó por otras fórmulas, como "seguir haciendo uso de la vivienda mediante un alquiler social".
El activista social recordó que el derecho a la vivienda está recogido en la Constitución Española, la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, "cada día se producen 240 desalojos" en España.
A juicio de Guilarte, "los partidos políticos mayoritarios bloquean la iniciativa legislativa popular y favorecen en las instituciones y los programas electorales los intereses de los poderes financieros".
La respuesta de los ayuntamientos, las asociaciones de vecinos y los colectivos de consumidores ha sido, en general, decepcionante. "En algunas regiones han actuado como intermediarios, pero su intervención sigue siendo muy precaria", expuso Guilarte.
"Se está produciendo una ofensiva neoliberal de los mercados contra los desechos de lo que una vez fue el Estado del bienestar", alertó el activista.
La sensación de que el problema de los desahucios forma parte de una situación general es compartido por Inmaculada Évora. "Se nos ha vendido un falso Estado del bienestar. Se nos ha engañado", indicó la representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que piensa que "el Estado debe garantizar que el préstamo no se gestione de forma temeraria, como ha sucedido hasta ahora".
El responsable de que las entidades bancarias se comporten de esta manera es, en última instancia, el Gobierno, argumentó Évora. "Hay una mala gestión política: ése es el problema fundamental", sentenció. Ese problema supone que "las personas estamos siendo relegadas a un tercer, cuarto o quinto plano, cuando somos el motor de la sociedad".
En otro orden de cosas, Jerónimo Barrera opinó que "los legisladores tienen el deber de estudiar todos los abusos que está cometiendo la banca". En este sentido, agregó que, a pesar de que se enriquecieron a costa de arruinar a muchas familias, las entidades financieras continúan aplicando comisiones excesivas y obligan a los que suscriben una hipoteca a comprar acciones, suscribir un seguro de vida, un plan de jubilación y una infinita serie de productos que el usuario no desea, por mera usura".
El representante de Ausbanc incidió en que "el sistema financiero hay que protegerlo porque vertebra la economía del país, pero sin que sea la ruina y desolación de los consumidores". Así, sentenció que "los políticos adoran a Santa Banca, mientras que las familias españolas, que son honestas, responsables y cumplidoras están desprotegidas y, por tanto, muchas veces acaban desahuciadas y en la calle".
Por otra parte, alertó de que "la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) pretende que sea elimine el euríbor como índice de referencia principal para calcular la cuota de las hipotecas y cambiarlo por otro mucho menos transparente". Al respecto, esgrimió que "si lo lograran colar, en una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, representaría 275 euros más al mes".
La hipótesis de que los bancos endurezcan la concesión de hipotecas si se aprueba la dación se inscribe, según Carlos Guilarte, en "una estrategia que solo no ven quienes tienen un interés directo".
Ante la pasividad institucional, "solo la acción popular, como los movimientos contra los desahucios, puede evitar que esta ofensiva sea tan descarada y agresiva", advirtió Guilarte, quien reconoció que "no se puede cambiar de la noche a la mañana", pero si urgió "una llamada de atención y un llamamiento a la movilización".
Para el activista social, es incomprensible que "el derecho a la vivienda haya quedado en manos de los bancos". Guilarte insistió en la necesidad de que se produzca "una organización social y una acción popular" ante un problema que, entre otras cosas, "afecta a la estabilidad de las familias".
A modo de conclusión, Barrera propuso que las personas que no puedan hacer frente al pago de una hipoteca puedan acogerse a una moratoria hasta que su situación mejore y en ese periodo, en lugar de abonar la totalidad de la cuota, solo paguen la cantidad correspondiente a los intereses.
Asimismo, abogó por "paralizar las ejecuciones hipotecarias cuando existen garantías reales de cobro, ya que con solo un recibo impagado te pueden echar de tu casa". Finalmente, reclamó la "prohibición de la doble tasación que muchos bancos fijan en los contratos".
Texto: MIGUEL GÓMEZ Y JOSÉ R. HERNÁNDEZ Fotos: MANUEL EXPÓSITO
Fuente: EL DIA.ES
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