España se ha quedado lamentablemente atrasada en el desarrollo de un Gobierno abierto y transparente
Los partidos democráticos deberían comprometerse a un consenso para abordar las reformas necesarias
Jesús Lizcano Álvarez / Antonio Garrigues Walker / Jesús Sánchez Lambás / Manuel Villoria Mendieta 26 OCT 2011 - 21:50 CET
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MARCOS GUARDIOLA |
Ahora, cuando se acercan las elecciones generales y los partidos políticos presentan ante la ciudadanía sus programas, creemos que es un momento clave para recordar a nuestros conciudadanos que España, tras avances universalmente reconocidos, se ha quedado lamentablemente atrasada en el desarrollo de un gobierno abierto y transparente. La lucha por una mayor calidad de nuestra democracia exige que todos los partidos democráticos asuman mejoras institucionales en la rendición de cuentas de nuestros gobernantes, así como compromisos creíbles en relación a la implantación de dichas mejoras normativas.
No podemos aceptar que el compromiso por mejorar la situación de nuestra economía sea incompatible con las reformas institucionales que fomenten la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental, antes bien, creemos que estas reformas son parte de cualquier paquete de medidas que pretenda hacer frente a los problemas estructurales de nuestra economía y a la desafección existente en nuestro sistema político. Por ello, desde nuestro compromiso con la calidad de la democracia y como actores cívicos que no se resignan a ser meros espectadores del proceso electoral, demandamos de los distintos partidos políticos españoles, ante sus compromisos electorales, que asuman las medidas que se recogen en el siguiente Decálogo por la transparencia y la integridad:
1. Tramitación urgente de una ley de transparencia y acceso público a la información, que incorpore procesos y órganos que den garantías de su adecuada implantación: España es uno de los pocos países de la Unión Europea que no tiene una ley de este tipo. Los ciudadanos españoles tienen el derecho a saber, a conocer todo lo que se hace, cómo se hace, y cuánto se gasta para hacerlo, en cualquier institución pública, y por tanto a disfrutar de este derecho fundamental en los mismos términos que los restantes ciudadanos europeos. En el plazo máximo de seis meses a partir de la celebración de las elecciones generales debería comenzar la tramitación parlamentaria de esta ley de transparencia.
2. Creación de un portal nacional de transparencia pública. Paralelamente a la citada ley, este portal de transparencia debería poner a disposición de los ciudadanos, de una forma sencilla y directa, los datos básicos de los más de 20.600 organismos, instituciones y empresas que integran el abultado y complejo sector público español, es decir, no solo de las entidades fundamentales de ámbito estatal, autonómico, provincial y municipal, sino también del amplio elenco de los restantes entes públicos: empresas, organismos autónomos, fundaciones, agencias, mancomunidades, consorcios, etcétera, ya que son entidades todas ellas financiadas por los propios ciudadanos.
3. Exclusión de las listas electorales de los procesados por corrupción. Los partidos políticos podrían explicitar su integridad y dar una imagen pública más favorable evitando que procesados por corrupción pudieran formar parte de las listas electorales.
4. Reforma de la legislación electoral para desbloquear las listas cerradas que presentan los partidos políticos. De esta manera los ciudadanos podrían así excluir a aquellos candidatos no deseados, o que no les ofrecen garantías de integridad y/o competencia.
5. Compromiso de los cargos públicos electos de formular y hacer pública su declaración de bienes e intereses. Todos los cargos públicos electos deberían así formular y hacer pública una información que ya es obligatoria legalmente en muchos casos y que, sin embargo, no se llega a cumplir adecuadamente en la práctica.
6. Modificar la normativa sobre financiación de los partidos políticos en línea con las recomendaciones del GRECO. En su último informe (mayo de 2011), el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa señala una serie de importantes deficiencias e insuficiencias en lo que respecta a la transparencia de los partidos políticos españoles en cuanto a sus fuentes de financiación y sus cuentas, evidenciando la necesidad de una mayor información acerca de los préstamos recibidos, las fundaciones y empresas vinculadas, las finanzas de las sedes locales, etcétera.
7. Establecer la obligatoriedad legal de rendición y publicación online de las cuentas de los partidos políticos, incluyendo el detalle de sus cuentas electorales. Dado que una proporción claramente mayoritaria de los recursos financieros de los partidos políticos es la aportada por los ciudadanos, deberían rendir cuentas a estos y hacer públicas dichas cuentas.
8. Aprobación de una ley para la protección al denunciante de prácticas corruptas e ilegales, tanto en el ámbito público como en el sector empresarial. España debería ponerse a la altura de otros muchos países en cuanto a la protección jurídica de aquellos ciudadanos que con una conducta ética y solidaria se atreven a denunciar las prácticas corruptas o ilegales que existen fehacientemente en sus propias instituciones.
9. Respeto efectivo de los principios de méritos y capacidad, y eliminación de la libre designación y el cese discrecional en la Administración pública. El mérito debería asegurarse para el acceso a los altos cargos y a los cargos directivos de las fundaciones y las empresas públicas, deberían publicarse además los currículos de las personas que hayan accedido a esos cargos, fomentarse la carrera directiva profesional y eliminar cargos de asesores y eventuales.
10. Promover un pacto nacional de lucha contra la corrupción entre partidos, ONG, asociaciones empresariales, sindicatos y medios de comunicación que priorice la adecuada implantación de las normas existentes, y genere aquellas medidas que refuercen las sanciones, aseguren la independencia de los órganos encargados de la lucha contra la corrupción y el control del Gobierno, y coordine las actuaciones en la materia.
Aparte de estas 10 medidas fundamentales que integran el Decálogo, sería conveniente que los partidos políticos asumiesen adicionalmente o apoyasen las siguientes actuaciones:
1. Creación de un órgano o consejo de transparencia e integridad, no remunerado, con representación plural de los partidos políticos, las instituciones públicas y la sociedad civil. Este órgano plural debería impulsar y velar por la transparencia pública, y promover el cumplimiento de medidas como las señaladas en el anterior Decálogo.
2. Propiciar la introducción en los distintos niveles educativos de materias y contenidos éticos, de valores, y contra la corrupción.
3. Implantación efectiva por los partidos políticos de un sistema permanente de control interno para prevenir y detectar posibles actuaciones corruptas, así como el correspondiente régimen de sanciones.
4. Con vistas a fomentar los principios constitucionales de transparencia, eficacia y eficiencia de las instituciones públicas, se deberían llevar a cabo los siguientes programas de modernización:
No podemos aceptar que el compromiso por mejorar la situación de nuestra economía sea incompatible con las reformas institucionales que fomenten la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental, antes bien, creemos que estas reformas son parte de cualquier paquete de medidas que pretenda hacer frente a los problemas estructurales de nuestra economía y a la desafección existente en nuestro sistema político. Por ello, desde nuestro compromiso con la calidad de la democracia y como actores cívicos que no se resignan a ser meros espectadores del proceso electoral, demandamos de los distintos partidos políticos españoles, ante sus compromisos electorales, que asuman las medidas que se recogen en el siguiente Decálogo por la transparencia y la integridad:
1. Tramitación urgente de una ley de transparencia y acceso público a la información, que incorpore procesos y órganos que den garantías de su adecuada implantación: España es uno de los pocos países de la Unión Europea que no tiene una ley de este tipo. Los ciudadanos españoles tienen el derecho a saber, a conocer todo lo que se hace, cómo se hace, y cuánto se gasta para hacerlo, en cualquier institución pública, y por tanto a disfrutar de este derecho fundamental en los mismos términos que los restantes ciudadanos europeos. En el plazo máximo de seis meses a partir de la celebración de las elecciones generales debería comenzar la tramitación parlamentaria de esta ley de transparencia.
2. Creación de un portal nacional de transparencia pública. Paralelamente a la citada ley, este portal de transparencia debería poner a disposición de los ciudadanos, de una forma sencilla y directa, los datos básicos de los más de 20.600 organismos, instituciones y empresas que integran el abultado y complejo sector público español, es decir, no solo de las entidades fundamentales de ámbito estatal, autonómico, provincial y municipal, sino también del amplio elenco de los restantes entes públicos: empresas, organismos autónomos, fundaciones, agencias, mancomunidades, consorcios, etcétera, ya que son entidades todas ellas financiadas por los propios ciudadanos.
3. Exclusión de las listas electorales de los procesados por corrupción. Los partidos políticos podrían explicitar su integridad y dar una imagen pública más favorable evitando que procesados por corrupción pudieran formar parte de las listas electorales.
4. Reforma de la legislación electoral para desbloquear las listas cerradas que presentan los partidos políticos. De esta manera los ciudadanos podrían así excluir a aquellos candidatos no deseados, o que no les ofrecen garantías de integridad y/o competencia.
5. Compromiso de los cargos públicos electos de formular y hacer pública su declaración de bienes e intereses. Todos los cargos públicos electos deberían así formular y hacer pública una información que ya es obligatoria legalmente en muchos casos y que, sin embargo, no se llega a cumplir adecuadamente en la práctica.
6. Modificar la normativa sobre financiación de los partidos políticos en línea con las recomendaciones del GRECO. En su último informe (mayo de 2011), el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa señala una serie de importantes deficiencias e insuficiencias en lo que respecta a la transparencia de los partidos políticos españoles en cuanto a sus fuentes de financiación y sus cuentas, evidenciando la necesidad de una mayor información acerca de los préstamos recibidos, las fundaciones y empresas vinculadas, las finanzas de las sedes locales, etcétera.
7. Establecer la obligatoriedad legal de rendición y publicación online de las cuentas de los partidos políticos, incluyendo el detalle de sus cuentas electorales. Dado que una proporción claramente mayoritaria de los recursos financieros de los partidos políticos es la aportada por los ciudadanos, deberían rendir cuentas a estos y hacer públicas dichas cuentas.
8. Aprobación de una ley para la protección al denunciante de prácticas corruptas e ilegales, tanto en el ámbito público como en el sector empresarial. España debería ponerse a la altura de otros muchos países en cuanto a la protección jurídica de aquellos ciudadanos que con una conducta ética y solidaria se atreven a denunciar las prácticas corruptas o ilegales que existen fehacientemente en sus propias instituciones.
9. Respeto efectivo de los principios de méritos y capacidad, y eliminación de la libre designación y el cese discrecional en la Administración pública. El mérito debería asegurarse para el acceso a los altos cargos y a los cargos directivos de las fundaciones y las empresas públicas, deberían publicarse además los currículos de las personas que hayan accedido a esos cargos, fomentarse la carrera directiva profesional y eliminar cargos de asesores y eventuales.
10. Promover un pacto nacional de lucha contra la corrupción entre partidos, ONG, asociaciones empresariales, sindicatos y medios de comunicación que priorice la adecuada implantación de las normas existentes, y genere aquellas medidas que refuercen las sanciones, aseguren la independencia de los órganos encargados de la lucha contra la corrupción y el control del Gobierno, y coordine las actuaciones en la materia.
Aparte de estas 10 medidas fundamentales que integran el Decálogo, sería conveniente que los partidos políticos asumiesen adicionalmente o apoyasen las siguientes actuaciones:
1. Creación de un órgano o consejo de transparencia e integridad, no remunerado, con representación plural de los partidos políticos, las instituciones públicas y la sociedad civil. Este órgano plural debería impulsar y velar por la transparencia pública, y promover el cumplimiento de medidas como las señaladas en el anterior Decálogo.
2. Propiciar la introducción en los distintos niveles educativos de materias y contenidos éticos, de valores, y contra la corrupción.
3. Implantación efectiva por los partidos políticos de un sistema permanente de control interno para prevenir y detectar posibles actuaciones corruptas, así como el correspondiente régimen de sanciones.
4. Con vistas a fomentar los principios constitucionales de transparencia, eficacia y eficiencia de las instituciones públicas, se deberían llevar a cabo los siguientes programas de modernización:
a) Análisis y racionalización de los procesos administrativos con vistas a la simplificación de los trámites burocráticos de los servicios públicos, y publicación periódica de los correspondientes indicadores y resultados.
b) Desarrollo de la contabilidad analítica y el cálculo y publicación de los costes reales de las diferentes actividades y servicios de los organismos públicos.
c) Evaluación y publicación de los costes y beneficios que proporciona cada una de las distintas instituciones públicas a los ciudadanos.
d) Establecimiento e impulso de un sistema de propuestas y sugerencias por parte de los empleados públicos para el ahorro de gastos en sus respectivas instituciones (con el posible establecimiento de premios o incentivos para las mejores iniciativas).En resumen, la asunción y desarrollo de los principios y medidas anteriormente enunciados permitiría, por una parte, incrementar de forma importante el nivel de transparencia y eficacia de las instituciones públicas españolas; por otra parte, aumentaría el nivel de integridad y apertura informativa de los partidos políticos, lo cual contribuiría a una mejor imagen y un acercamiento a los mismos de los ciudadanos, y por supuesto contribuiría notablemente a combatir esa importante lacra social que es la corrupción, dado que el mejor antídoto contra la misma es sin duda la transparencia. Con todo ello, no solo no se daña la recuperación de nuestra economía, sino que, por el contrario, se ponen piezas fundamentales para el avance de la misma. Por todo ello, renovamos nuestra petición de que se incorporen estas medidas a los programas electorales, así como todas aquellas que favorezcan mayor transparencia, participación y rendición de cuentas de los poderes públicos y los partidos políticos.
Antonio Garrigues Walker, Jesús Lizcano Alvarez, Jesús Sánchez Lambás y Manuel Villoria Mendieta integran el Comité de Dirección de Transparencia Internacional España.
Fuente: EL PAÍS.com
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