No deja de ser curioso que la medida, “excepcional y temporal”, se adopte sólo un año después de que el Gobierno decidiera subir en un punto el IVA de la vivienda nueva, que tuvo como consecuencia también la subida al 8% del impuesto de transmisiones para la vivienda de segunda mano.
De ahí que esta medida, que beneficia a bancos y promotores, constituya un cierto agravio hacia aquellos vendedores particulares de vivienda de segunda mano, sujeta a una fiscalidad del 8%.
Pese a que el Gobierno viene argumentando que el deterioro del mercado inmobiliario y la caída de precios han tocado suelo, lo cierto es que la realidad evidente, después de los recientes datos conocidos, es que el sector se encuentra aún en fase de honda depresión, que el Gobierno trata ahora de paliar con este parche fiscal de limitado alcance temporal hasta diciembre.
Puede que este recorte materialice algunas ventas –en un piso de 200.000 euros el ahorro será de 8.000 euros–, pero será en aquellos casos en los que la demanda disponga de dinero en metálico, pues no es previsible que dicha rebaja sea motivo suficiente para que las entidades financieras abran un crédito que tienen cerrado a cal y canto. Sin concesión de hipotecas, la tendencia del sector seguirá dibujando un perfil declinante.
En todo caso, se trata de una nueva medida que lleva el mismo sello de la improvisación de otras muchas aprobadas por este Gobierno, que muestra ahora una querencia por la actividad constructora cuando su presidente se jactaba hace no mucho de ser el impulsor de un nuevo modelo de crecimiento al grito de “menos ladrillo y más ordenadores”.
Las otras dos medidas aprobadas ayer, el recorte del gasto farmacéutico y el adelanto del pago del impuesto de sociedades, ya estaban descontadas tras el previo anuncio de la vicepresidenta Salgado.
Obligando a las grandes empresas a anticipar el pago fraccionado de impuestos y retrasar las eventuales deducciones, el Gobierno espera obtener este año 2.500 millones de euros, fruto de un artificio contable al falsear el calendario de ingresos tributarios adelantando ingresos de 2012 a este ejercicio.
La medida denota la desesperación del Gobierno y lejos de estimular la actividad y la inversión supondrá una reducción de la liquidez de las empresas. No es precisamente este tipo de peajes fiscales lo que necesita la actividad productiva en este país, sino un marco impositivo que permita ganar competitividad y capacidad para generar empleo.
La improvisación con este tipo de medidas deteriora aún más la imagen de España como destino inversor, contribuyendo a la desconfianza en la seguridad jurídica de nuestro sistema fiscal.
El ministro portavoz, José Blanco, pidió ayer paciencia hasta el próximo Consejo de Ministros, en el que se supone habrá una nueva entrega de reformas. Esperemos que el Gobierno sea consciente de que tiene que elevar el listón de sus medidas, a la vista del calibre reformista que están empleando otros países como Italia o Francia.
Fuente: Expansión.com
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