El Gobierno actuó alarmado por la caída en picado de los ingresos fiscales | El 2010 se vendieron 220.000 viviendas; este año las ventas no superarán las 150.000 | Los promotores piden que el PP mantenga su promesa de volver a la desgravación del 10%
Economía | 21/08/2011 - 00:00h
La incertidumbre sobre los efectos reales que sobre el mercado inmobiliario pueda tener la rebaja del 8% al 4% en el precio del IVA para la compra de vivienda nueva será mayor de lo que inicialmente podía imaginarse. Sobre todo si se tiene en cuenta que será la banca, en último término, quien deberá decidir si repercute ese descenso al usuario final.
La paradoja se explica por- que la mayor parte del stock de viviendas sin vender (unas 700.000, que algunas fuentes elevan hasta el millón de unidades) se encuentran en manos de la banca o están en vías de estarlo (son propiedad de promotoras asfixiadas y en procesos de refinanciación). Las entidades financieras, en primera línea de fuego, serán las que se beneficiarán de la rebaja del impuesto. Pero cuando el cliente compre esa misma vivienda a una entidad financiera, esta será ya de segunda mano, transacción sobre la cual no se aplica el IVA. "Deberán ser bancos y cajas los que decidan si repercuten ese descenso en el impuesto a los consumidores, es decir, al precio final –comenta Ángel Serrano, director general de negocios de la consultora Aguirre Newman–. De lo contrario, la medida sólo beneficiará a la banca, sin llegar al mercado".
La presión del sector financiero para dar salida a sus stocks no fue el único motivo que llevó al Gobierno a tan sorprendente medida. La otra gran razón ha sido el desplome de los ingresos fiscales –en especial los procedentes de la compraventa de viviendas– y el temor a no poder cumplir con el déficit público previsto.
En el año 2010 se vendieron unas 220.000 viviendas. Este año, los promotores calculan que esa cifra descenderá a 150.000, lo que implica un nuevo descenso en la recaudación de impuestos procedentes del inmobiliario. Sin embargo, todavía son peores los datos relativos a las viviendas iniciadas en el 2011, unas 90.000. "Se trata del peor dato en décadas para el sector", comenta José Manuel Galindo, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), para quien la medida se queda corta si lo que persigue es reactivar el mercado. "Cuatro meses son muy poco tiempo. Debería ampliarse a 18 o 24 meses, y, desde luego, debería asumirla el nuevo Gobierno, sea del color que sea". Galindo va incluso más allá. "Sería deseable, como propone el PP, que se reactivara la desgravación del 10% en la compra de vivienda. Entonces entraríamos en otra fase del mercado".
Los promotores piden además que las entidades financieras reactiven la concesión de créditos "no sólo para las viviendas de su propia cartera". Galindo entiende que la reestructuración del sector ha forzado al Banco de España a vigilar estrechamente la política de riesgo de las entidades. Aun así, "quizá podrían suavizarse algunos aspectos de la política de provisiones para que tuvieran más margen de maniobra".
Falta de acceso al crédito, pérdida de poder adquisitivo por persistencia de un elevado desempleo..., la incertidumbre sobre los efectos reales de la medida son importantes. Aun así, existen voces menos escépticas, como la de Jesús Alfaro, economista por la UAB, para quien "es verdad que la medida beneficia más a los vendedores. Pero debo pensar también en el aspecto psicológico de la medida. Y que esta se limite a sólo cuatro meses no me parece mala idea, puede forzar a tomar decisiones que hasta ahora estaban ahí larvadas".
Aun así, la decisión tomada en el Consejo de Ministros –y publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado junto con el resto de medidas aprobadas– provoca otra reflexión. "No puede ser que el Gobierno vaya dando esos banda-zos –comenta Serrano–. Entiendo que el Gobierno se vea presionado por la situación de la banca y la necesidad de equilibrar los presupuestos. Pero hay mucha incertidumbre y confusión con tantos cambios".
Por otra parte, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) cree que la medida tendrá un nulo efecto sobre el empleo. "Sólo tendrá efecto beneficioso para algunas promotoras inmobiliarias que se encuentran en concurso de acreedores". La UPTA considera que el Gobierno debería haber orientado el esfuerzo a las facturas por rehabilitación de edificios, viviendas y locales comerciales.
Fuente: LA VANGUARDIA.com
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