Elecciones 20-n
El PP espera elevar su poder tras las generales para desbloquear los nombramientos y el PSOE se resigna ante la falta de acuerdo
29.08.11 - 07:59 -
La renovación de los cargos institucionales es una obligación legal del Parlamento, pero los intereses de los partidos mayoritarios y el adelanto electoral anunciado por José Luis Rodríguez Zapatero el pasado 29 de julio hacen prácticamente imposible un acuerdo. Así las cosas, son varias instituciones las que llevan el cartel de 'en funciones' desde hace meses y la situación no tiene visos de arreglarse hasta el próximo año.
A un mes escaso de la disolución de las Cámaras, la legislatura entra en su recta final con 23 miembros de varios órganos constitucionales y reguladores pendientes de nombrar. Detrás de esta disfuncionalidad está el desencuentro entre el PSOE y el PP durante estos cuatro años, acentuado desde que las encuestas vinieron a confirmar las expectativas de cambios de mayoría tras las elecciones generales del 20 de noviembre.
En este momento, la falta de consenso mantiene bloqueada la renovación de cargos en el Tribunal Constitucional (cuatro magistrados), el Defensor del Pueblo (uno), el Tribunal de Cuentas (los doce consejeros, incluido el presidente) y el Consejo de Radio Televisión Española (seis de los doce vocales).
En algunos casos los retrasos duran varios meses y en otros más sangrantes se alargan hasta los tres años. Esta es la situación de la vacante del magistrado del Constitucional Roberto García Calvo, que falleció en mayo de 2008 y cuya silla aún no ha sido sustituida por el Congreso. Para ello se requiere el acuerdo del PSOE y el PP, dado que se necesita mayoría de tres quintos de la Cámara Baja para elegir a su sucesor.
Precisamente, estas mayorías reguladas por ley hacen que las renovaciones se conviertan en auténticas partidas de ajedrez entre los dos principales partidos. Entre otras razones, porque los nombramientos se tratan en conjunto y no individualmente. Una estrategia que tiene dos caras: los nombres para una institución permiten liberar a otros de la segunda, pero en el caso de que no haya consenso el bloqueo afecta a todos los órganos con cargos en funciones, como ocurre ahora.
Si ya era complicado que la situación se arreglase, el anuncio del adelanto electoral hace casi imposible el desbloqueo institucional en este mes escaso que queda hasta que se disuelvan las Cámaras.
Resignación
El PSOE parece ya resignado ante la falta de entendimiento con el PP para renovar a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, la pieza clave en la partida de ajedrez. Ello, pese a que el presidente del Congreso, José Bono, amplió el plazo inicial del 30 de junio al 1 de septiembre para llegar a un acuerdo, ya que para este jueves convocó la Comisión Consultiva de Nombramientos que debe examinar a los aspirantes a convertirse en nuevos magistrados.
Pese a ello, el PP no está por la labor de consensuar los nombres y prefiere mantenerse a la espera a la vista de que las expectativas electorales le dan una mayoría suficiente para imponer un reparto favorable a sus intereses. Además, podría reservar la posibilidad de usar esta baza en las negociaciones de posibles acuerdos de Gobierno con CIU, PNV y Coalición Canaria, a cambio de que estos partidos tengan presencia en las instituciones pendientes de renovar.
A la hora de negociar el PP se muestra poco flexible con sus nombramientos. Ocurre en el Constitucional con la figura del magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López, al que el PSOE no acepta por su perfil extremadamente conservador. Y pasa también con el defensor del pueblo, que lleva más de un año en funciones tras expirar el segundo mandato de Enrique Múgica.
Este caso es paradójico, ya que el único nombre de los postulados que agrada al PP es el de un socialista, Francisco Vázquez. El exalcalde de A Coruña y exembajador ante el Vaticano aparece en todas las quinielas, pero hay sectores de su propio partido que no lo ven con buenos ojos por su perfil religioso. Los mandatos del defensor del pueblo son por cinco años y la designación del sucesor necesita el voto favorable de 210 diputados y la ratificación de tres quintos del pleno del Senado, Mientras tanto, ejerce en funciones María Luisa Cava de Llano.
El Tribunal de Cuentas es el otro órgano pendiente de renovar, ya que el mandato de sus doce consejeros venció en noviembre pasado, aunque actualmente son once sus componentes porque uno de ellos, Antonio de la Rosa, falleció en 2007 sin que fuera relevado. Al igual que ocurre con el Constitucional, sus miembros deben ser elegidos por el Congreso y el Senado, y el hecho de que igualmente se precise mayoría cualificada obliga necesariamente a las dos partidos mayoritarios a consensuar su composición.
En cuanto al Consejo de Administración de RTVE, los socialistas y los populares deben ponerse de acuerdo para renovar seis consejeros que integran este organismo. Para ello precisan mayoría parlamentaria de dos tercios para salir adelante. De momento, no ha habido contactos y el PP sostiene que prefiere esperar a las generales para incrementar su presencia y poder utilizar esos puestos en las negociaciones con los partidos nacionalistas.
Fuente: eldiariomontanes.es
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