Discriminación fiscal sobre la vivienda

Opinión

FRANCISCO POVEDA BLANCO El PP ha adelantado que cuando gobierne recuperará la desgravación por adquisición de vivienda, que tan a destiempo suprimió parcialmente el PSOE, y en Las Cortes, se ha aprobado entre las nuevas medidas de ajuste, la reducción del tipo del IVA desde el 8% al 4% para las inversiones en vivienda, aunque sólo hasta el 31 de diciembre. La medida es acertada pero insuficiente, y su corta vida todavía la limita más. El sector inmobiliario exige desde hace años que se adopten medidas para sacarlo de una parálisis que lo aprisiona. Recuperar su dinamismo -sostenible y moderado- es imprescindible para que el país, carente de un tejido productivo consolidado y competitivo, salga de su estancamiento, enlazando con el sempiterno apoyo del turismo y la buena colaboración de nuestras exportaciones. Si mala era la burbuja inmobiliaria que originó un stock de casi un millón de viviendas, no lo es menos la atonía actual, que exige la urgente adopción de profundas reformas y no de simple maquillaje.

El resurgir de la promoción y la construcción pasa, en primer lugar, porque bancos y cajas de ahorro faciliten créditos en vez de restringirlos. Es preciso que, lejos del concesionismo sin límite que nos llevaron al caos, actúen con cordura, en vez de hacerlo con el actual negacionismo, salvo cuando se trata de viviendas de su propio stock, en manifiesta competencia desleal. En segundo lugar, es imprescindible que los gobernantes entonen el mea culpa y liberen a los inmuebles en general, y a la vivienda en particular, de la discriminación fiscal que lamentablemente soporta, frente al resto de bienes, pese a que el principio de neutralidad fiscal exige la equidad en el tratamiento y nuestra Constitución proclama el derecho ciudadano a disfrutar de la vivienda. La insaciable voracidad fiscal de todos los gobiernos -estatal, autonómico, provincial y local- ha considerado a los inmuebles siempre como un maná. Ahí están los resultados del brutal atentado.

¿Alguien lo duda? No debe hacerlo; porque sobre ella recaen múltiples tasas, arbitrios, impuestos y hasta las contribuciones especiales se están reimplantando por el grave endeudamiento local. El entramado fiscal, sin importarle la sobreimposión, crea tal maraña que el sobrecoste impide, en particular en tiempos de crisis, recuperar la normalidad y el equilibrio en la demanda de viviendas. Es, sin duda, el bien más gravado, el que exige de los empresarios y ciudadanos un mayor esfuerzo fiscal, y por ello el que reclama, de una vez por todas, su profunda reforma. La vivienda debería ser tratada simplemente como los demás bienes, ni mejor ni peor, dejando de ser el oscuro objeto del deseo de los gobernantes; el hilo conductor de tantos excesos tributarios.

¿Por qué, si no, la realización de cualquier construcción u obra exige que se satisfaga además de la Tasa por Licencia, un impuesto municipal (ICIO), si por la producción o reparación de otros bienes no se exige? ¿Por qué se han de pagar antes de iniciar las obras y no al acabarlas? ¿Por qué, la titularidad de inmuebles, aun estando vacíos, se ha gravar en el IRPF, al considerar su tenencia una renta virtual, salvo en el caso de la primera vivienda, si por la de ningún otro bien se ha de pagar? ¿Por qué en el caso de las sucesivas ventas de inmuebles se aplica el Impuesto autonómico sobre Transmisiones Patrimoniales al tipo impositivo del 7%, cuando las de cualquier otro bien se gravan al 4%? ¿Por qué se considera a efectos municipales, se le hace pagar al vendedor por una plusvalía ficticia, mientras por la transmisión de otros bienes no se paga ningún impuesto municipal? ¿Por qué se exige dicho impuesto por el municipio, si ya se paga por la plusvalía el correspondiente impuesto estatal, IRPF o Impuesto sobre Sociedades? ¿Por qué siendo la plusvalía o minusvalía derivada de una venta única, se mide de forma distinta en cada impuesto? ¿Por qué en el tributo municipal siempre se entiende que la venta produce ganancia y ésta es una proporción de un valor tan anacrónico como el catastral, cuando es frecuente que se obtengan pérdidas porque la necesidad puede exigir la venta para sobrevivir?

¿Por qué se paga el IBI por la titularidad del derecho de uso, lo que no se hace para otros bienes perecederos? ¿Por qué no importa al fijar la cuota, que el inmueble esté o no totalmente pagado, incluso que se deba más de lo que actualmente vale la vivienda? ¿Por qué siendo el IBI un impuesto tan perceptible, se sirve de un valor tan chapucero como el catastral, distante del valor de mercado y tan ajeno a la uniformidad, ya que, mientras en unas ciudades se aplican valores catastrales recientes, en otras, incluso colindantes, se hallan vigentes valores que se fijaron hace más de 20 años? ¿Por qué las empresas inmobiliarias han de pagar el IBI por sus viviendas en stock pendientes de venta, cuando en ningún otro negocio se exige el pago de impuestos por los bienes a realizar? ¿Por qué han de ser las actividades inmobiliarias las únicas entre las más de 800 que contienen las tarifas del IAE, cuyo ejercicio exige pagar dos cuotas, una fija y otra variable en función de las ventas? ¿Por qué?

Podríamos seguir, pero no es cuestión de exhaustividad sino de que el legislador, a instancia de los que mandan, ahora que emprende cambios fiscales que supondrán mayor tributación al capital y a los ricos, y que ha de multiplicarse para sacarnos de la crisis, de coherencia al sistema: comenzando por recuperar, aunque sea transitoriamente, la desgravación general por la compra de vivienda, y racionalizando la fiscalidad integral que soporta, como una injusta losa el sector inmobiliario. Es vital para su recuperación y la del país. Una conditio sine qua non para crear empleo. Como tantas otras cosas hay que hacerlo ¿A qué esperan?

Fuente: informacion.es