El Grupo Popular pide una comparecencia parlamentaria de la ministra de Cultura y exige la reforma urgente de la Ley de propiedad intelectual
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EFE |
Una comparecencia parlamentaria es la primera consecuencia política del registro que la Guardia Civil está realizando hoy en la sede central de la SGAE. El Gupo parlamentario del PP pedirá a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, que acuda al Congreso a explicar qué tipo de controles ha efectuado su Departamento frente a la actividad de la entidad que dirige Teddy Bautista.
El portavoz de cultura del PP, José María Lassalle, ha afirmado a ABC que la ministra «debe explicar en sede parlamentaria cómo ha supervisado y fiscalizado las cuentas de la SGAE», sobre todo si tenemos en cuenta el informde del Comisión Nacional de la Competencia que acusaba en 2010 a la SGAE y otras entidades de gestión de prácticas monopolísticas, pocos incentivos para la eficiencia y problemas con la fijación de tarifas y repertorios que pueden estar en el origen de la investigación de la Audiencia Nacional.
Lassalle recuerda que ya pidió explicaciones en varios debates a Ángeles González-Sinde y que «ella confesó que tendría que ser más celosa en su control». Así mismo, el portavoz y diputado popular recuerda que en la negociación para la aprobación de la Ley Sinde el PP incidió con fuerza en el hecho que la actual relación entre el Ministerio y las entidades de gestión debía sufrir un cambio copernicano. Para empezar, los diputados populares exigieron que el arbitraje de la sala primera de la Comisión de Propiedad intelectual, en caso de conflicto, tuviese fuerza vinculante. Sobre todo a la hora de establecer tarifas sustitutorias. Durante la negociación de la Ley Sinde, también se puso en evidencia la necesidad de mejorar el control sobre los repertorios de las obras por las que la entidad cobra.
Se impone, en opinión del PP la urgencia de llevar a cabo una reforma total de la Ley de Propiedad Intelectual, algo que ya recomendó la Comisión Nacional de Competencia como única garantía de acabar con los abusos y ambigüedades en la gestión de derechos. El modelo que la investigación judicial en curso ha puesto en cuestión debe ser reformado para evitar más daños a la imagen pública de las entidades.
Con la prudencia que la presunción de inocencia impone, Lassalle lamenta que una institución centenaria como SGAE, que ha realizado un papel fundamental en la historia de la cultura española durante décadas, vea su viabilidad también puesta en cuestión por la actuación de sus actuales responsables, sobre la que hoy se cierne la sombra de la ilegalidad.
En similar sentido, exigiendo a la ministra de Cultura explicaciones por su pobre fiscalización de las cuentas de la entidad se han mostrado hoy grupos como ICV o asociaciones como la de Internautas de Víctor Domingo, en el origen de las primeras denuncias contra Teddy Bautista y la SGAE.
Fuente: ABC.es
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