Reconocimiento
Carmen Mérida aborda las garantías de los propietarios cuando los promotores incumplen los plazos de entrega
O. L. T. La protección jurídica cuando una familia compra una vivienda y el promotor tarda años en entregársela, incumpliendo el plazo estipulado, es el tema que centra el trabajo de la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Murcia, Carmen Mérida Abril, que ha ganado la X edición del premio Santiago Gutiérrez Anaya sobre Propiedad Inmobiliaria, organizado por Cajasol Banca Cívica.
Fuente: La Opinión de Murcia.com
La juez analiza en su trabajo premiado las consecuencias del incumplimiento de los plazos de entrega de las viviendas por parte de las promotoras inmobiliarias, así como el incumplimiento por parte de estas empresas de devolver las cantidades anticipadas por el comprador. En estos casos, al propietario ni le entregan su vivienda, ni la promotora le devuelve el dinero que entregó para que pueda invertirlo en otra casa. La crisis de las empresas del sector inmobiliario, como resalta la autora, «evidencia la desprotección del comprador que asiste, atónito, tanto a la perdida de su vivienda como de los ahorros invertidos en la compra de la misma», y la Ley 57/68, «olvidada, pero en vigor desde hace 43 años, se configura como el único instrumento legal preciso para hacer frente a esta situación» concluye Mérida Abril.
La Audiencia Provincial de Murcia ha resuelto en los últimos meses decenas de asuntos que llegan a los juzgados por el incumplimiento de plazos en la entrega de viviendas. En casi todas las sentencias, la Sala ha dado la razón a los propietarios, condenando a las empresas promotoras a abonarles una indemnización por la demora.
El jurado también concedió un premio a Pilar Domínguez Martínez, doctora en Derecho Civil de la Universidad Castilla-La Mancha. Según el
trabajo de esta premiada, el Derecho Civil y la protección de la vivienda familiar «analiza lo que sucede con la casa común tras la crisis de un matrimonio».
Fuente: La Opinión de Murcia.com
La juez analiza en su trabajo premiado las consecuencias del incumplimiento de los plazos de entrega de las viviendas por parte de las promotoras inmobiliarias, así como el incumplimiento por parte de estas empresas de devolver las cantidades anticipadas por el comprador. En estos casos, al propietario ni le entregan su vivienda, ni la promotora le devuelve el dinero que entregó para que pueda invertirlo en otra casa. La crisis de las empresas del sector inmobiliario, como resalta la autora, «evidencia la desprotección del comprador que asiste, atónito, tanto a la perdida de su vivienda como de los ahorros invertidos en la compra de la misma», y la Ley 57/68, «olvidada, pero en vigor desde hace 43 años, se configura como el único instrumento legal preciso para hacer frente a esta situación» concluye Mérida Abril.
La Audiencia Provincial de Murcia ha resuelto en los últimos meses decenas de asuntos que llegan a los juzgados por el incumplimiento de plazos en la entrega de viviendas. En casi todas las sentencias, la Sala ha dado la razón a los propietarios, condenando a las empresas promotoras a abonarles una indemnización por la demora.
El jurado también concedió un premio a Pilar Domínguez Martínez, doctora en Derecho Civil de la Universidad Castilla-La Mancha. Según el
trabajo de esta premiada, el Derecho Civil y la protección de la vivienda familiar «analiza lo que sucede con la casa común tras la crisis de un matrimonio».
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