Bruselas defiende una carga fiscal mayor para poder reducir las contribuciones a la Seguridad Social
La Comisión Europea aprobó ayer por primera vez el nuevo conjunto de recomendaciones presupuestarias y macroeconómicas dirigidas a los socios de la UE. A España se le exige que cumpla a rajatabla los objetivos de déficit público, con un techo de gasto para todas las Administraciones, y se le sugiere un incremento del IVA y de los impuestos sobre la energía para financiar una reducción de las contribuciones a la Seguridad Social.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, ayer en su comparecencia en Estrasburgo.. La CE sugiere a España que suba el IVA y la fiscalidad de la energía y que baje cotizaciones - EFE
Salgado opina que esas medidas dañarían el consumo y las pensiones
Bernardo de Miguel - Bruselas - 08/06/2011
El ejercicio de supervisión puesto ayer en marcha por la Comisión Europea, denominado "semestre europeo", combina la antigua revisión de los Planes de Estabilidad (donde se fijan los objetivos de déficit y deuda) con la evaluación de los Planes Nacionales de Reformas económicas que deben presentarse desde este año.
Bruselas aúna así la vigilancia presupuestaria y la macroeconómica, para intentar evitar los graves desequilibrios incubados en varios países durante la primera década del euro. "Es una respuesta nacida del convencimiento de que nuestras economías son ahora más interdependientes que nunca", señaló en Estrasburgo el presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, tras la aprobación de las recomendaciones.
España, a pesar de haber sido uno de los países donde esos desequilibrios se manifestaron de forma más dramática (en la balanza de pagos, en inflación, en explosión del sector inmobiliario) sale relativamente indemne de esta primera oleada de recomendaciones del organismo comunitario.
Bruselas se limita a insistir en la necesidad de cumplir de manera estricta los objetivos de déficit para 2011 (6%) y 2012 (4,4%) y pide que se rematen medidas ya anunciadas como la reforma de las pensiones y del sistema de negociación salarial ( para ligar los incrementos a la productividad), o la reestructuración de las cajas de ahorro.
La CE también sugiere, pero sin tono imperativo, la posibilidad de incrementar el IVA y los impuestos sobre la energía, en particular, sobre los combustibles, para facilitar una reducción de los costes laborales ligados a la seguridad social. Bruselas recuerda que la contribución a la seguridad social supone en España como media el 23% del salario, uno de los porcentajes más elevados de la zona euro.
El documento también pide a España que contemple nuevas reformas del mercado laboral si las acometidas en 2010 y 2011 no producen los resultados esperados (reducción de hasta tres puntos en la tasa de paro estructural, según la información facilitada por el Gobierno al organismo comunitario).
El texto aprobado ayer por la Comisión, sin embargo, no pone en duda la capacidad de España para lograr este año el ajuste presupuestario, a pesar de considerar demasiado optimistas las previsiones de crecimiento del Gobierno. Y en contra de lo previsto, tampoco hace demasiado hincapié en los derrapes fiscales del año pasado en las comunidades autónomas, que reconoce compensados por un ajuste mayor de lo previsto en la administración central.
La Comisión solo insta a que se apliquen "estrictamente" los mecanismos de control de déficit y deuda ya existentes. Y apoya la propuesta del Gobierno de introducir en el futuro un techo de gasto para todas las Administraciones, incluidas las autonómicas en función del crecimiento del Producto Interior Bruto.
La aparente benevolencia de la Comisión con España parece responder al hecho de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero, por exigencia de la UE, ya ha puesto en marcha desde mayo de 2010 muchas de las reformas reclamadas ahora por Bruselas a otros países. En ese mismo sentido, la CE no ha dirigido ninguna recomendación a los países que ya han sido intervenidos (Grecia, Irlanda y Portugal, en la zona euro; y Letonia y Rumanía, en la UE) y en cambio se muestra especialmente dura con Bélgica, Italia o Reino Unido.
España parece situarse entre ambos bandos. Y la Comisión, a juzgar del documento, se daría de momento por satisfecha si el Gobierno consigue concluir todas las reformas iniciadas.
La única tarea nueva que Bruselas encomienda para el futuro es la reducción de los contribuciones a la Seguridad Social. El departamento de Olli Rehn, comisario europeo de Asuntos Económicos, califica esas cuotas de "elevadas" y dañinas para la competitividad de las empresas españolas. Su reducción, según el equipo de Rehn, redundaría en beneficio de las empresas, pero también de los consumidores porque permitirían precios más bajos en la producción nacional.
Rechazo de Hacienda
El mismo departamento reconoce, sin embargo, que la medida debería ser neutral desde el punto de vista presupuestario, por lo que debería compensarse la inevitable caída de los ingresos de la seguridad social. Y apunta una polémica solución. "Dado que en España la fiscalidad indirecta y la de los productos derivados del petróleo son relativamente bajas se podría compensar la rebaja de las cuotas de la Seguridad Social con un incremento de los impuestos indirectos y de los especiales", plantea la CE en el documento de trabajo que sirve de base a sus recomendaciones.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, rechazó ayer mismo esa sugerencia, que calificó de "inoportuna" porque castigaría el consumo, con un aumento del IVA, y pondría en peligro la sostenibilidad de la seguridad social, con una reducción de las contribuciones. "Dentro de no sé cuantas legislaturas, cuando las reformas estén produciendo sus efectos, será el momento de ver qué dice la Comisión Europea", se desentendió Salgado.
La tajante reacción de la ministra española ilustra las limitaciones del nuevo mecanismo de la Unión Europea para imponer disciplina presupuestaria y económica.
La propia Comisión reconoce que carece de instrumentos para imponer su criterio (aunque desde el año que viene se introducirá un procedimiento por desequilibrios excesivos) y confía en que los mercados financieros se encarguen de disciplinar a los Gobiernos. Un arma tan poderosa como imprevisible.
Bruselas aúna así la vigilancia presupuestaria y la macroeconómica, para intentar evitar los graves desequilibrios incubados en varios países durante la primera década del euro. "Es una respuesta nacida del convencimiento de que nuestras economías son ahora más interdependientes que nunca", señaló en Estrasburgo el presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, tras la aprobación de las recomendaciones.
España, a pesar de haber sido uno de los países donde esos desequilibrios se manifestaron de forma más dramática (en la balanza de pagos, en inflación, en explosión del sector inmobiliario) sale relativamente indemne de esta primera oleada de recomendaciones del organismo comunitario.
Bruselas se limita a insistir en la necesidad de cumplir de manera estricta los objetivos de déficit para 2011 (6%) y 2012 (4,4%) y pide que se rematen medidas ya anunciadas como la reforma de las pensiones y del sistema de negociación salarial ( para ligar los incrementos a la productividad), o la reestructuración de las cajas de ahorro.
La CE también sugiere, pero sin tono imperativo, la posibilidad de incrementar el IVA y los impuestos sobre la energía, en particular, sobre los combustibles, para facilitar una reducción de los costes laborales ligados a la seguridad social. Bruselas recuerda que la contribución a la seguridad social supone en España como media el 23% del salario, uno de los porcentajes más elevados de la zona euro.
El documento también pide a España que contemple nuevas reformas del mercado laboral si las acometidas en 2010 y 2011 no producen los resultados esperados (reducción de hasta tres puntos en la tasa de paro estructural, según la información facilitada por el Gobierno al organismo comunitario).
El texto aprobado ayer por la Comisión, sin embargo, no pone en duda la capacidad de España para lograr este año el ajuste presupuestario, a pesar de considerar demasiado optimistas las previsiones de crecimiento del Gobierno. Y en contra de lo previsto, tampoco hace demasiado hincapié en los derrapes fiscales del año pasado en las comunidades autónomas, que reconoce compensados por un ajuste mayor de lo previsto en la administración central.
La Comisión solo insta a que se apliquen "estrictamente" los mecanismos de control de déficit y deuda ya existentes. Y apoya la propuesta del Gobierno de introducir en el futuro un techo de gasto para todas las Administraciones, incluidas las autonómicas en función del crecimiento del Producto Interior Bruto.
La aparente benevolencia de la Comisión con España parece responder al hecho de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero, por exigencia de la UE, ya ha puesto en marcha desde mayo de 2010 muchas de las reformas reclamadas ahora por Bruselas a otros países. En ese mismo sentido, la CE no ha dirigido ninguna recomendación a los países que ya han sido intervenidos (Grecia, Irlanda y Portugal, en la zona euro; y Letonia y Rumanía, en la UE) y en cambio se muestra especialmente dura con Bélgica, Italia o Reino Unido.
España parece situarse entre ambos bandos. Y la Comisión, a juzgar del documento, se daría de momento por satisfecha si el Gobierno consigue concluir todas las reformas iniciadas.
La única tarea nueva que Bruselas encomienda para el futuro es la reducción de los contribuciones a la Seguridad Social. El departamento de Olli Rehn, comisario europeo de Asuntos Económicos, califica esas cuotas de "elevadas" y dañinas para la competitividad de las empresas españolas. Su reducción, según el equipo de Rehn, redundaría en beneficio de las empresas, pero también de los consumidores porque permitirían precios más bajos en la producción nacional.
Rechazo de Hacienda
El mismo departamento reconoce, sin embargo, que la medida debería ser neutral desde el punto de vista presupuestario, por lo que debería compensarse la inevitable caída de los ingresos de la seguridad social. Y apunta una polémica solución. "Dado que en España la fiscalidad indirecta y la de los productos derivados del petróleo son relativamente bajas se podría compensar la rebaja de las cuotas de la Seguridad Social con un incremento de los impuestos indirectos y de los especiales", plantea la CE en el documento de trabajo que sirve de base a sus recomendaciones.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, rechazó ayer mismo esa sugerencia, que calificó de "inoportuna" porque castigaría el consumo, con un aumento del IVA, y pondría en peligro la sostenibilidad de la seguridad social, con una reducción de las contribuciones. "Dentro de no sé cuantas legislaturas, cuando las reformas estén produciendo sus efectos, será el momento de ver qué dice la Comisión Europea", se desentendió Salgado.
La tajante reacción de la ministra española ilustra las limitaciones del nuevo mecanismo de la Unión Europea para imponer disciplina presupuestaria y económica.
La propia Comisión reconoce que carece de instrumentos para imponer su criterio (aunque desde el año que viene se introducirá un procedimiento por desequilibrios excesivos) y confía en que los mercados financieros se encarguen de disciplinar a los Gobiernos. Un arma tan poderosa como imprevisible.
Coface reduce el riesgo de impago
"La economía española está estable y los niveles de deuda sobre el PIB son razonables". Este fue el argumento utilizado ayer por el director general de Coface (una de las tres mayores aseguradoras de crédito en el mundo) en España y Portugal, Juan Saborido, para descartar que España siga el camino de Grecia, Irlanda y Portugal, aunque instó al Ejecutivo a profundizar en las reformas estructurales para recuperar la confianza de los mercados y evitar el rescate. "España está en un proceso de recuperación encarrilado y solo le hace falta más reformas para mitigar la presión sobre su deuda", apuntó ayer durante la presentación del último informe mundial sobre el riesgo de impagos en 156 países.Esa mejora de la economía es la que ha permitido a España conservar la calificación crediticia que otorga esta entidad en A3, el tercer nivel de siete que utiliza para medir el riesgo de impago empresarial. "En el último ejercicio se ha producido un efecto de limpieza, con un aumento muy importante de las suspensiones de pago, lo que ha sacado del mercado a las compañías que peor pagaban", subrayó Saborido, quién remarcó que el coste medio de refinanciar un millón de euros se ha situado este año en los niveles previos a la crisis. "La prima que se solicita en la actualidad es de un 0,5%, similar a la de 2007, y muy por debajo del 0,8% que se pagaba en 2008 y 2009", recalcó.
EE UU y la mayoría de las grandes naciones de la UE conservaron sus calificaciones, excepto Portugal, perjudicada por el rescate de su economía, y Chipre, cuyo sistema financiero está muy expuesto a la deuda griega. También vieron rebajada su nota la mayoría de países del Norte de África y Japón, informa Carlos Molina.
Portugal auditará sus cuentas y Grecia bajará tributos
El próximo primer ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, anunció ayer que su primera medida para recuperar la confianza de los mercados será la creación de una autoridad presupuestaria independiente del Gobierno, con poderes "muy amplios", que se encargará de auditar y aportar transparencia a la situación fiscal de la economía lusa.En una entrevista concedida al diario económico francés Les Echos, Passos Coelho recalcó que la creación de la nueva autoridad será dirigida por el Banco de Portugal y el Tribunal de Cuentas. La misma estará compuesta por un grupo de expertos independientes, incluidos extranjeros, con el fin, según Passos Coelho, "de ser totalmente transparente sobre la senda de consolidación presupuestaria, pero también sobre las finanzas de las empresas públicas".
Por su parte, el gobierno griego estudia rebajar en 2012 algunos tipos de IVA y el impuesto de sociedades para tratar de ganar el apoyo de la oposición conservadora y así sacar adelante el último plan de ajuste en el gasto. La primera propuesta, según fuentes cercanas al Ejecutivo, consistiría en una rebaja del IVA de tres puntos (del 23% al 20%) y de cinco puntos en Sociedades (del 20% al 15%).
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