Óscar Eimil
Aunque parezca mentira, y mucha gente, como es natural, desconfiada después de
todo lo que ha sufrido, no acabe de creérselo, la crisis que hemos
padecido durante los últimos seis años y medio -casi los siete años
bíblicos de los sueños del casto José- toca a su fin. Esta bendita
circunstancia que muchos, casi todos, estábamos esperando como el santo
advenimiento, y que resulta difícilmente rebatible si analizamos con
objetividad las previsiones que arrojan datos, informes técnicos y
opiniones no interesadas, es paradójicamente una malísima noticia para
algunos; esos que intentan estos días agarrarse como a un clavo ardiendo
a los últimos rescoldos de la desesperanza que nos ha dejado este
periodo de tiempo aciago, como último recurso que les va quedando para
conseguir sus objetivos antidemocráticos.
Es el caso del independentismo catalán, que irá perdiendo progresiva e inapelablemente apoyos a medida que mejore la situación económica, y de la extrema izquierda patria, la de los disturbios y la gasolina, que se irá quedando cada vez más sola con sus espurias aspiraciones de estallido social y revolución.
Sin embargo, para que la salida de la crisis sea plena, y se note claramente la mejoría en los datos de empleo, es necesario que se produzca cuanto antes la normalización en el sector inmobiliario, porque la Historia económica demuestra, sin ningún género de dudas, que tras una crisis como la que hemos pasado no hay reactivación posible mientras no se recupere el gasto en vivienda. Y para ello deben concurrir algunas circunstancias de las que hoy vamos a hablar: unas que ya se dan, otras que empiezan a darse y algunas que, esperemos, se den pronto.
De entre las primeras la más importante es el precio de la vivienda que, ahora sí, después de haber sido anunciado interesadamente en múltiples ocasiones sin fundamento, parece que ha tocado fondo; y lo ha hecho porque, tras el ajuste sufrido, es prácticamente imposible que baje más ¿Por qué? Porque los precios a los que se están cerrando las pocas operaciones que a día de hoy se realizan son claramente inferiores al coste de producción, o lo que es lo mismo, que si usted decide comprarse una casa podrá hacerlo hoy, en la mayor parte de los casos, por un precio muy inferior al que costaría construirla de nuevo.
De entre las que empiezan a darse destacan, sobre todo, dos que aventuran un inminente cambio de ciclo en el sector: el retorno de la confianza en un futuro mejor que viene de la mano de la realidad que vivimos y de las mejores perspectivas que nos anuncian e intuimos, y, su corolario, el incremento incipiente del crédito que anuncian las cifras y se palpa ya en el movimiento del sector, consecuencia de su saneamiento y de la necesaria búsqueda del beneficio en su negocio de intermediación.
Queda para el final lo mollar, una de las circunstancias que todavía no se da y que deberíamos ver pronto, cuando los poderes públicos tomen conciencia de lo importante que sería en este momento la rápida adopción de medidas que hagan menos gravosos los costes de transacción inmobiliaria; costes demoledores para el bolsillo de los ciudadanos y que constituyen el mayor obstáculo que nos queda por remover para la reactivación de ese mercado, imprescindible para la recuperación.
La compra de vivienda en España supone para el comprador el pago de hasta un 10% por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de un 1,5% por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Además, todavía peor, estos porcentajes se pagan, en la práctica, sobre valores catastrales, la mayoría revisados en la época de las vacas gordas y hoy, por tanto, desfasados y muy por encima del precio de mercado
Correspondería, pues, a la Junta de Andalucía bajar con determinación los tipos impositivos de estos impuestos, devolviéndolos al 6% y al 0,5% de donde nunca deberían haber salido, y reducir las bases imponibles sobre las que se aplican, actuando con decisión sobre los coeficientes multiplicadores que, para más inri, incrementan esos valores catastrales.
Susana Díaz, tan locuaz siempre, criticaba hace unos días, antes de conocer su contenido, la "rebajita" del IRPF que prepara el Gobierno de la nación y defendía, frente a ella, la reducción de la imposición indirecta. También, hace poco, en sede parlamentaria, reintroducía en el debate político el concepto de "construcción sostenible" como uno de los grandes yacimientos futuros de empleo para Andalucía.
Pues bien, en congruencia con todo lo predicado, tiene ahora la presidenta de la Junta, si le dejan, una oportunidad de oro para pasar de las musas al teatro en esta materia, sumando algo, para variar, en el camino de la recuperación; aunque ello suponga, en esta ocasión, acercarnos un poco al régimen fiscal vigente para las transacciones en la Comunidad de Madrid, ese "paraíso fiscal" que, al parecer, tanto le disgusta.
Es el caso del independentismo catalán, que irá perdiendo progresiva e inapelablemente apoyos a medida que mejore la situación económica, y de la extrema izquierda patria, la de los disturbios y la gasolina, que se irá quedando cada vez más sola con sus espurias aspiraciones de estallido social y revolución.
Sin embargo, para que la salida de la crisis sea plena, y se note claramente la mejoría en los datos de empleo, es necesario que se produzca cuanto antes la normalización en el sector inmobiliario, porque la Historia económica demuestra, sin ningún género de dudas, que tras una crisis como la que hemos pasado no hay reactivación posible mientras no se recupere el gasto en vivienda. Y para ello deben concurrir algunas circunstancias de las que hoy vamos a hablar: unas que ya se dan, otras que empiezan a darse y algunas que, esperemos, se den pronto.
De entre las primeras la más importante es el precio de la vivienda que, ahora sí, después de haber sido anunciado interesadamente en múltiples ocasiones sin fundamento, parece que ha tocado fondo; y lo ha hecho porque, tras el ajuste sufrido, es prácticamente imposible que baje más ¿Por qué? Porque los precios a los que se están cerrando las pocas operaciones que a día de hoy se realizan son claramente inferiores al coste de producción, o lo que es lo mismo, que si usted decide comprarse una casa podrá hacerlo hoy, en la mayor parte de los casos, por un precio muy inferior al que costaría construirla de nuevo.
De entre las que empiezan a darse destacan, sobre todo, dos que aventuran un inminente cambio de ciclo en el sector: el retorno de la confianza en un futuro mejor que viene de la mano de la realidad que vivimos y de las mejores perspectivas que nos anuncian e intuimos, y, su corolario, el incremento incipiente del crédito que anuncian las cifras y se palpa ya en el movimiento del sector, consecuencia de su saneamiento y de la necesaria búsqueda del beneficio en su negocio de intermediación.
Queda para el final lo mollar, una de las circunstancias que todavía no se da y que deberíamos ver pronto, cuando los poderes públicos tomen conciencia de lo importante que sería en este momento la rápida adopción de medidas que hagan menos gravosos los costes de transacción inmobiliaria; costes demoledores para el bolsillo de los ciudadanos y que constituyen el mayor obstáculo que nos queda por remover para la reactivación de ese mercado, imprescindible para la recuperación.
La compra de vivienda en España supone para el comprador el pago de hasta un 10% por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de un 1,5% por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Además, todavía peor, estos porcentajes se pagan, en la práctica, sobre valores catastrales, la mayoría revisados en la época de las vacas gordas y hoy, por tanto, desfasados y muy por encima del precio de mercado
Correspondería, pues, a la Junta de Andalucía bajar con determinación los tipos impositivos de estos impuestos, devolviéndolos al 6% y al 0,5% de donde nunca deberían haber salido, y reducir las bases imponibles sobre las que se aplican, actuando con decisión sobre los coeficientes multiplicadores que, para más inri, incrementan esos valores catastrales.
Susana Díaz, tan locuaz siempre, criticaba hace unos días, antes de conocer su contenido, la "rebajita" del IRPF que prepara el Gobierno de la nación y defendía, frente a ella, la reducción de la imposición indirecta. También, hace poco, en sede parlamentaria, reintroducía en el debate político el concepto de "construcción sostenible" como uno de los grandes yacimientos futuros de empleo para Andalucía.
Pues bien, en congruencia con todo lo predicado, tiene ahora la presidenta de la Junta, si le dejan, una oportunidad de oro para pasar de las musas al teatro en esta materia, sumando algo, para variar, en el camino de la recuperación; aunque ello suponga, en esta ocasión, acercarnos un poco al régimen fiscal vigente para las transacciones en la Comunidad de Madrid, ese "paraíso fiscal" que, al parecer, tanto le disgusta.
Fuente: diariodesevilla.es
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