Publicado por EntornoInteligente.com
Cinco Dias / La reciente entrada en vigor de la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, cuenta con varias lecturas e interpretaciones.
Por lo que se refiere al apartado destinado a inversores y, más concretamente, a la adquisición de bienes inmuebles por parte de extranjeros, la Ley no ha hecho más que equipararse a medidas similares que países como Estados Unidos, Portugal, Irlanda, Chipre y últimamente Andorra, ya implantaron con anterioridad. Parece claro que con esta medida se persigue incentivar que el capital extranjero se interese por nuestro país con el objetivo de intentar reducir el numeroso stock de pisos existentes en España.
La cada vez más evidente globalización e internacionalización del mercado obliga a redoblar los esfuerzos para captar al potencial inversor, que ya no se encuentra a unos pocos kilómetros de distancia, si no que hay que ir a buscarlo a cualquier rincón del mundo.
Conseguir la residencia por un período mínimo de un año, renovable a dos y hasta llegar a obtener la nacionalidad, a cambio de inversiones mínimas en inmuebles de 500.000 euros con una serie de condiciones −como por ejemplo que la vivienda se compre sin cargas−, parece un buen punto de partida para intentar reactivar el sector inmobiliario y acabar de ayudar a aquellos inversores indecisos a decantarse por nuestro país.
En este sentido, y al respecto de este punto de la normativa cabe destacar que, si bien la Ley marca una inversión mínima, que obliga a que la vivienda debe estar exenta de cargas, si el precio del inmueble es superior, a partir del mínimo señalado la propiedad sí puede tener cargas. Este sería el caso de una vivienda valorada en 600.000 euros y que tuviera una hipoteca de 100.000.
El mercado y más concretamente los inmuebles de alto standing han pasado a depender casi exclusivamente del cliente internacional, de aquí la importancia de cualquier iniciativa dirigida a facilitar este tipo de inversión. La nueva Ley, como mínimo, debería ayudar a competir en igualdad de condiciones con mercados que podemos considerar como competidores, en que el cliente chino o ruso se ha convertido en el sueño de todos y su captación es un objetivo prioritario.
A pesar de ello, la normativa no puede ser vista como el maná o la fórmula magistral que solucione toda la problemática del sector inmobiliario de nuestro país, ya que existen muchos otros aspectos que, en paralelo, deberán trabajarse y mejorar. Además, de su lectura en profundidad, se puede vislumbrar algún aspecto oscuro que la pueda convertir en incompleta a los ojos de una buena parte de inversores internacionales.
Cabe recordar que la Ley permite que el inversor extranjero pueda obtener un permiso de residencia único, que una vez formalizada la compra puede hacer extensivo a su cónyuge e hijos, pero que, en ningún caso conlleva la obtención de un permiso de trabajo. Ello limita considerablemente el atractivo para una parte de potenciales compradores, que a la vez de realizar una inversión aspiran a trabajar y a ponerse al frente de un negocio en nuestro país, ya sea en primera persona o bajo la tutela de los familiares directos que pueden acogerse al permiso de residencia.
Con esta importante salvedad, el panorama desde septiembre no es tan distinto al de antes de la entrada en vigor de la Ley, ya que un inversor con capacidad adquisitiva que persiga invertir o bien adquirir una segunda residencia, podía encontrar anteriormente diferentes fórmulas para entrar en nuestro país de forma totalmente legal.
Aspectos de este tipo hacen pensar que la nueva Ley todavía deberá evolucionar y acabar de solucionar algunas cuestiones para hacerla más atractiva y minimizar el margen de interpretación o vacíos legales que pudieran derivarse. También se antoja necesario dejar pasar un cierto tiempo para poder valorar con mayor detalle los resultados de su aplicación pero, en cualquier caso, supone un paso adelante.
Por lo demás, la reactivación del sector inmobiliario dependerá de la capacidad en adaptarnos y de conseguir mayor competitividad en un mercado que se ha transformado radicalmente en los últimos años.
François Carriere Pastor es CEO Coldwell Banker España&Andorra
Cinco Dias / La reciente entrada en vigor de la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, cuenta con varias lecturas e interpretaciones.
Por lo que se refiere al apartado destinado a inversores y, más concretamente, a la adquisición de bienes inmuebles por parte de extranjeros, la Ley no ha hecho más que equipararse a medidas similares que países como Estados Unidos, Portugal, Irlanda, Chipre y últimamente Andorra, ya implantaron con anterioridad. Parece claro que con esta medida se persigue incentivar que el capital extranjero se interese por nuestro país con el objetivo de intentar reducir el numeroso stock de pisos existentes en España.
La cada vez más evidente globalización e internacionalización del mercado obliga a redoblar los esfuerzos para captar al potencial inversor, que ya no se encuentra a unos pocos kilómetros de distancia, si no que hay que ir a buscarlo a cualquier rincón del mundo.
Conseguir la residencia por un período mínimo de un año, renovable a dos y hasta llegar a obtener la nacionalidad, a cambio de inversiones mínimas en inmuebles de 500.000 euros con una serie de condiciones −como por ejemplo que la vivienda se compre sin cargas−, parece un buen punto de partida para intentar reactivar el sector inmobiliario y acabar de ayudar a aquellos inversores indecisos a decantarse por nuestro país.
En este sentido, y al respecto de este punto de la normativa cabe destacar que, si bien la Ley marca una inversión mínima, que obliga a que la vivienda debe estar exenta de cargas, si el precio del inmueble es superior, a partir del mínimo señalado la propiedad sí puede tener cargas. Este sería el caso de una vivienda valorada en 600.000 euros y que tuviera una hipoteca de 100.000.
El mercado y más concretamente los inmuebles de alto standing han pasado a depender casi exclusivamente del cliente internacional, de aquí la importancia de cualquier iniciativa dirigida a facilitar este tipo de inversión. La nueva Ley, como mínimo, debería ayudar a competir en igualdad de condiciones con mercados que podemos considerar como competidores, en que el cliente chino o ruso se ha convertido en el sueño de todos y su captación es un objetivo prioritario.
A pesar de ello, la normativa no puede ser vista como el maná o la fórmula magistral que solucione toda la problemática del sector inmobiliario de nuestro país, ya que existen muchos otros aspectos que, en paralelo, deberán trabajarse y mejorar. Además, de su lectura en profundidad, se puede vislumbrar algún aspecto oscuro que la pueda convertir en incompleta a los ojos de una buena parte de inversores internacionales.
Cabe recordar que la Ley permite que el inversor extranjero pueda obtener un permiso de residencia único, que una vez formalizada la compra puede hacer extensivo a su cónyuge e hijos, pero que, en ningún caso conlleva la obtención de un permiso de trabajo. Ello limita considerablemente el atractivo para una parte de potenciales compradores, que a la vez de realizar una inversión aspiran a trabajar y a ponerse al frente de un negocio en nuestro país, ya sea en primera persona o bajo la tutela de los familiares directos que pueden acogerse al permiso de residencia.
Con esta importante salvedad, el panorama desde septiembre no es tan distinto al de antes de la entrada en vigor de la Ley, ya que un inversor con capacidad adquisitiva que persiga invertir o bien adquirir una segunda residencia, podía encontrar anteriormente diferentes fórmulas para entrar en nuestro país de forma totalmente legal.
Aspectos de este tipo hacen pensar que la nueva Ley todavía deberá evolucionar y acabar de solucionar algunas cuestiones para hacerla más atractiva y minimizar el margen de interpretación o vacíos legales que pudieran derivarse. También se antoja necesario dejar pasar un cierto tiempo para poder valorar con mayor detalle los resultados de su aplicación pero, en cualquier caso, supone un paso adelante.
Por lo demás, la reactivación del sector inmobiliario dependerá de la capacidad en adaptarnos y de conseguir mayor competitividad en un mercado que se ha transformado radicalmente en los últimos años.
François Carriere Pastor es CEO Coldwell Banker España&Andorra
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