La puesta en marcha del banco malo entra en su
recta final. La sociedad que gestionará los activos dañados de las
entidades estará, como exige Bruselas, plenamente operativa en
noviembre, pero en escasos días, el 24 de agosto, está previsto que
trasciendan las líneas básicas de su arquitectura.
Posteriormente habrá que perfilar cómo y quién se encargará de su
gestión. Ni uno ni otro (ni diseñarlo ni gestionarlo) será fácil por el
volumen y la heterogeneidad de los riesgos y activos que puede llegar a
aglutinar la sociedad. El sector financiero (no sólo las entidades
nacionalizadas) acumulan en balance más de 180.000 millones de euros en
activos inmobiliarios problemáticos, es decir, préstamos de riesgo de
promotores, y viviendas y suelos adjudicados.
Adicionalmente, sólo los cuatro grupos nacionalizados (BFA-Bankia,
CatalunyaCaixa, Novagalicia y Banco de Valencia) están presentes en el
capital de casi 400 promotoras. Las incógnitas que rodean la
constitución del banco malo, una estrategia novedosa en España, son
muchas, aunque las dos más relevantes aún requerirán años antes de
despejarse. La primera de ellas es si, efectivamente, se reactivará el
crédito. Europa y el Gobierno confían en que la segregación de los
activos malos limpiará definitivamente los balances de las entidades,
situándolas en posición de volver a canalizar financiación a la
economía.
La segundo es qué coste tendrá para el contribuyente el banco malo.
Está previsto que la sociedad tenga un plazo de hasta diez años para
desprenderse de los activos e intentar maximizar su valor. Aún una
década para comprobar lo que da de sí el banco malo.
Fuente: Expansión.com
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