03/07/2012 By
Reducir
la litigiosidad de los juzgados mejorando el ratio juez por ciudadano y
desarrollando un nuevo concepto de partido judicial, impulsar los
métodos extrajudiciales para ofrecer al ciudadano otra vía más agil y
rápida y desarrollar las tecnologías para que acudir al juzgado sea aún
más sencillo son algunos elementos de la hoja de ruta de nuestra
Justicia. Hace unos días, Unidad Editorial reunió a personalidades como
Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de Justicia, Eduardo Torres-Dulce,
Fiscal General del Estado, Juan Antonio Xiol, presidente del Supremo en
funciones y de la Sala Civil de esta institución y Fernando Román,
secretario de Estado de Justicia, entre otros invitados, para analizar
los retos de nuestra justicia en este entorno de crisis notable.
Se han cumplido ya los primeros seis meses de esta nueva legislatura y
el ritmo de nuestro ministro de Justicia es notable. Reuniones con
todos los interlocutores en su sede del Palacio de Parcent para
consensuar, en la medida de lo posible las reformas que necesita nuestra
justicia. “En un momento de crisis como el que se vive es aún más
necesario apostar por la modernización y despolitización de nuestra
justicia”, explicaba a un nutrido auditórium formado por juristas,
abogados y profesores de Universidad. También volvía a insistir en el
valor de la justicia como competitividad, “las resoluciones previsibles,
en su tiempo generan seguridad jurídica a los inversores que quieran
invertir en nuestro país.”
Gallardón apuntó el dato de que existen unos 20.000
millones de euros, en vi contecioso administrativa pendiente de
resolución judicial, con lo cual ahí existe una cantidad importante que
no se puede utilizar para dinamizar la economía española. El titular de
Justicia señaló que su equipo trabaja en tres áreas; una de
modernización, otra desde el punto de vista de la agilización y una
última perspectiva desde la despolitización.
Sobre la modernización, advirtió que el modelo de justicia hay que
cambiarlo. “Se ha invertido mucho dinero, unos 700 millones de euros en
los últimos años y todo sigue igual”, subrayó. Desde su punto de vista
ha llegado el momento de reorganizar la planta judicial actual y buscar
la concentración de los partidos judiciales desde otra vertiente.
“Tenemos muy en cuenta el informe del CGPJ que hizo Manuel Almenar
sobre este asunto y esperemos que podamos redistribuir mejor los
recursos desde el Tribunal de instancia, una iniciativa nueva que
permite asignar al juez un grupo de funcionarios sin necesidad de poner
en marcha más juzgados”. Con estos cambios el ministro considera que la
Oficina Judicial sería más viable que la iniciativa actual, sujeta a
modificaciones notables.
Respecto a la agilización de nuestra justicia, el reto está en dar
respuesta a los nueve millones de casos que entran todos los años en los
juzgados españoles. “Ha llegado el momento de desarrollar otros
métodos alternativos, como el arbitraje y la mediación que pueden ayudar
mucho a esta desjudicialización que necesitamos.”. Y recordó como la
Constitución de 1812, la primera de corte liberal en nuestro país, ya
contaba con dos artículos donde se hablaba del arbitraje y de la
ejecución del laudo. “En este contexto de reformas hay que advertir que
el papel del juez es juzgar y ejecutar la cosa juzgada, cuestión ésta
que sigue siendo uno de los talones de Aquiles de nuestro sistema
judicial”.
Sobre la despolitización de la justicia, en un momento de cambio
importante en el CGPJ, tras la dimisión de Dívar, Gallardón recalcó que
hay que dejar claro la independencia de nuestros jueces y magistrados,
claves en nuestra democracia. “Es necesario que tengan un sistema de
autogobierno eficiente para que puedan realizar su trabajo aún mejor”. Y
esbozó que el nuevo sistema de designación de los vocales tendrá 8
vocales elegidos por el Congreso y otros 12 entre jueces y magistrados
de todas las categorías. “Procuraremos hacerlo de tal manera que nadie
nos diga que esos ocho vocales pertenecen o siguen directrices políticas
concretas”.
La autonomía del Ministerio Fiscal
La presencia de Eduardo Torres-Dulce
en esta jornada, en la que DIARIOJURIDICO ha sido medio colaborador
sirvió para conocer mejor la opinión del Fiscal General del Estado
sobre la próxima reforma de la LEcrim. Como se sabe esta es una
legislación vigente desde 1882, una reforma que afectará a cerca del 70
por cien de los litigios en nuestro país, por cierto. “En mis reuniones
con el Ministro Gallardón ya le he mencionado que se debe hacer una
reforma plena y no parchear bajo ningún concepto”.
A este respecto mostró su deseo porque se desjudicializasen los
juicios de faltas ya que en ningún país civilizado se pone en marcha el
operativo judicial ante este tipo de situaciones de duración corta pero
que generan un importante coste económico al Estado. “Hay que buscar una
solución a este asunto y en una época de crisis, ideal para reflexionar
sobre muchos temas, puede ser ideal zanjar este asunto de forma
definitiva”, recordó
También destacó la necesidad de chequear los juciios rápidos, que a
veces no lo son, así como la figura del jurado, cuestionada en los
últimos meses por diferentes decisiones controvertidas, “ es posible que
haya que reducir el número de delitos que tengan que juzgar a
homicidio, asesinato, injurias y calumnias. Su fallo no debe ser
motivado porque no son legos en Derecho. “Sobre los sumarios ordinarios
se mostró partidario que la instrucción la realice el fiscal, eso sí
contando con los medios adecuados, peritos; policía etc, sin ningún
control del Ejecutivo. Torres-Dulce es consciente de
que en el futuro habrá que abordar el redimensionamiento de la carrera
fiscal, ahora formada por tan solo 2.400 profesionales
Eduardo Torres-Dulce explicó a los asistentes el
papel clave de la Constitución de 1978 y ese articulo 124 que consagra
su desarrollo. “Hasta ese momento se pensaba que era una prolongación
del Ejecutivo, situación que cambia con la entrada de la Carta Magna, en
primer lugar, y, más tarde con la aprobación del Estatuto Orgánico del
Ministerio fiscal en 1981”. Sin embargo reconoció que pese al cambio
normativo, determinadas conductas de partidos políticos, medios de
comunicación y alguna actuación concreta de algunos Fiscales Generales
del Estado parecía contravenir esta tendencia “El fiscal que vela por
los derechos fundamentales de los ciudadanos no puede estar conectado
con los poderes políticos; es cierto que el Gobierno puede proponer
cierta actuación del Fiscal General del Estado, pero luego ésta debe
someterse a la aprobación de la Junta de Fiscales de Sala”.
En este sentido reconoció que una de las reivindicaciones planteadas
ante el propio Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón tiene que
ver con la independencia del propio Ministerio Fiscal desde la autonomía
presupuestaria. “Es fundamental que tengamos nuestro presupuesto para
saber cómo vamos a organizar nuestro trabajo. Y también sería bueno a la
vez desarrollar ciertos controles y equilibrios para que ciertas
decisiones del Fiscal General del Estado que ahora no tienen, cuenten
con el visto bueno del Consejo Fiscal y la Junta de Fiscales, como
órganos más representativos de nuestra actividad”.
Respecto a esta profesión, formada en nuestro país por cerca de 1200 fiscales en todo el territorio nacional. Torres-Dulce
abogó porque al menos cada fiscalía realice cuatro Juntas Generales
Anuales, aunque es consciente que en otras de mayor trabajo casi estas
reuniones se hacen a diario:”Además, a partir de ahora los profesionales
que quieran presentar su candidatura a la jefatura de una fiscalía
deberán presentar un proyecto motivado de por qué presentan su
candidatura. Eso se hizo recientemente en Málaga y la verdad es que se
lograron los objetivos previstos”.
En relación a la formación de los fiscales, importante, por ser un
cuerpo versátil adaptable muchas situaciones, el Fiscal General del
Estado dejó claro que ya había hablado con el titular de Justicia para
que sus profesionales no tuvieran que formarse desde el Centro de
Estudios Jurídicos que depende del citado Ministerio: “Lo ideal seria
que compartiéramos formación con los jueces en la Escuela judicial, pero
es inaceptable que la formación de los fiscales la gestione el
Ministerio; en todo caso esperamos un cambio en el Estatuto del
Ministerio Fiscal para que se coordine desde la propia Fiscalia General
del Estado”.
En este sentido, Torres-Dulce avanzo a los
asistentes que la primera circular que publique, con la aprobación de la
Junta de Fiscales de Sala, se centrará en la figura del fiscal, como
profesional garante de la legalidad desde su independencia e indicó la
versatilidad y excelente preparación de estos expertos a los que se les
puede encontrar en jurisdicciones dispares como extranjería; violencia
de género; seguridad vial e incluso en la protección de consumidores; en
este sentido el Fiscal General señaló que la fiscalía de Galicia está
organizando una acción sobre las acciones preferentes, operación
financiera que ha causado ya muchos daños a ciudadanos, y que en esta
comunidad se han recogido cerca de 100.000 reclamaciones.
Libro Blanco, radiografía
El nuevo Fiscal General del Estado volvió a señalar que una de las
prioridades a medio plazo es configurar el Libro Blanco de la Fiscalia,
publicación que pretende sea una radiografía exacta de la actividad de
estos profesionales. “Tiene que ser crítica y ahí veremos como se nos
percibe desde los poderes públicos y autocrítica, sabiendo qué estamos
haciendo y a que temas, por diversas circunstancias no llegamos”,
subrayó.
A continuación explicó cuál sería el índice de esta publicación y los
tiempos para que vea la luz, casi con toda seguridad en la primavera
del año que viene:”Seguramente lo vamos a completar con un estudio
sociológico que encargaremos a Juan José Toharia,
experto en estos temas. En la actualidad hay que destacar que un 70% de
nuestros profesionales son mujeres y que según el último informe del
CGAE sobre la imagen de la justicia, la percepción que tiene el
ciudadano sobre los fiscales era algo mejor que la percibida por los
propios jueces”.
Torres-Dulce habló de la tecnología y de lo
importante que es en un trabajo de estas características para cualquier
operador jurídico. “Desgraciadamente hemos vivido al margen de ella
muchos años y luego se ha invertido mucho dinero sin excesiva
planificación, con lo cual los resultados no han sido buenos”,i ndicó. A
este respecto denunció que era imposible saber el parque informático de
su colectivo y algunos problemas con las redes telemáticas que llegaban
a colapsarse a mitad de la mañana. También dejó claro la necesidad de
impulsar la digitalización, siempre impulsada desde profesionales que
conozcan este tema, porque así muchas de las estadísticas no son
fiables.
De cara a solventar estos déficits el Fiscal General del Estado
comento que era imprescindible una planificación rigurosa de los gastos e
inversiones. Que también era necesario contar con profesionales que
supieran manejar esta tecnología así como imprescindible buscar la
interoperabilidad y que los 17 sistemas informáticos existentes pudieran
conectarse entre así. “Si logramos unificar las redes telemáticas será
más sencillo que se desarrolle en mejor medida la Oficina Fiscal, ya
implantada con éxito en Navarra ene stos momentos”,finalizó.
El Papel del Tribunal Supremo, a examen
Por su parte, Juan Antonio Xiol, presidente en
funciones del Tribunal Supremo y de la Sala Primera de este Alto
Tribunal, explicó a los asistentes el momento actual que vive esta
institución, ahora que celebra su Bicentenario. “Es fundamental en un
tiempo de crisis como el que vivimos que se mejore la eficacia del
Supremo y se clarifique realmente cuál tiene que ser su papel dentro de
nuestro entramado judicial actual”.
Xiol se pregunto a sí mismo, para qué servía el
Tribunal Supremo en estos momentos y contestó la cuestión “En estos
momentos está empezando a cumplir su papel de tribunal de casación y
generador de jurisprudencia como nueva fuente del Derecho. Otra faceta
tiene que ver con su rol de unificador de doctrina “fundamental para
generar seguridad jurídica en los ciudadanos y empresas” En estos
momentos el papel del Supremo está centrado en resolver contradicciones
entre los TSJ y las Audiencias Provinciales; resolver sentencias
diferentes a la jurisprudencia del propio Alto Tribunal y generar
doctrina o puntos de vista sobre normativas nuevas que pueden generar
alguna polémica por el hecho de ser nuevas.
El actual presidente en funciones en Supremo insistió en el papel
clave de este tribunal, cuyas decisiones pueden tener repercusiones
económicas importantes. “Se ha calculado que un retraso en la Sala Civil
y Mercantil de este tribunal podría detraer unos 2.000 euros que no
circularían por nuestra economía”. En este momento insistió en que el
papel del Gabinete Técnico que tiene el Supremo es clave para su trabajo
y mejor funcionamiento. “Nuestro trabajo es la casación y no la
apelación, no podemos ir a un modelo como el italiano donde hay más de
doscientos magistrados, nuestra sala Civil solo cuenta diez, por eso hay
que centrar muy bien nuestro trabajo desde ese contexto”,advirtió.
Esa casación ya se está logrando en muchos casos en la propia Sala
Primera, y en la Tercera (Social), mientras que en las otras tres se va
avanzando también pero con más lentitud en estos momentos. “Hablar de la
autonomía del Supremo tiene que hacerse desde su propia autonomía de
gestión y presupuesto, situación que ahora no se da”, comentó Xiol.
Y puso el caso de la Oficina de Prensa, como uno de los muchos casos
que demuestran esa falta de independencia, oficina que se comparte con
el propio CGPJ a diario.
Sobre las relaciones con el Tribunal Constitucional, también tuvo
unos minutos, al final de su intervención para comentar en qué momento
están. “Creo que han mejorado, no me cabe duda en los últimos años,
sobre todo tras el 2007, donde la reforma emprendida en el propio
Constitucional estable ciertos criterios muy restrictivos para solicitar
el amparo. Ahora no se admite cualquier recurso, solamente se tiene en
cuenta si el fallo de este Tribunal puede tener una alta trascendencia
constitucional en un determinado tema.”
Fuente: diariojuridico.com
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