La torre de Ponferrada que promovió el grupo asturiano Mall es una de las herencias que BFA-Bankia recibió de Bancaja
Valencia, Jordi CUENCA
La torre que promovió el grupo asturiano Mall en Ponferrada, y que ahora está semivacía, con muchas deudas y pocos vecinos, ejemplifica el error en el que incurrieron muchas cajas de ahorros al asumir una excesiva exposición al riesgo inmobiliario en los años del gran crecimiento española.
La caja valenciana Bancaja labró su enorme expansión de mediados de la pasada década y su tumba de principios de la siguiente mediante la participación, como financiera o promotora, en numerosas operaciones inmobiliarias en todo el país, entre ellas la torre ponferradina.
A los millones de metros cuadrados invendibles y casi sin valor que Bancaja legó a Bankia y su matriz, el BFA, se suman innumerables promociones terminadas o por concluir. Todo ello acabó por atrapar a la entidad bancaria que presidió el asturiano Rodrigo Rato hasta el pasado mayo al ceder la valenciana todo su negocio a BFA-Bankia tras fusionarse con Caja Madrid y otras cinco cajas.
Entre las muchas operaciones en el sector inmobiliario en las que participó Bancaja figura la Torre de la Rosaleda, en la localidad leonesa de Ponferrada, el espectacular edificio de cien metros de altura que está casi deshabitado y cuya construcción fue llevada a cabo por la empresa Begar, que fue implicada en el caso Gürtel, uno de los mayores escándalos de corrupción política y que afecta a varias comunidades.
La torre, cuya primera piedra puso el periodista de Ponferrada Luis del Olmo en diciembre de 2004, fue promovida por Hogalia, perteneciente al Grupo Mall, presidido por el asturiano Julio Noval. El coste estimado fue de unos 28 millones de euros. La financiación corrió a cargo de Bancaja. Y la construcción la hizo Begar, cuyo presidente, el leonés José Luis Ulibarri, que figura como uno de los 71 imputados en la parte madrileña del caso Gürtel por «favorecimiento» en un concurso de suelo en Boadilla del Monte.
A iniciativa de la Federación de Asociaciones de Vecinos del Bierzo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró en 2005 ilegal toda la actuación urbanística de La Rosaleda -en la que se inserta la torre- porque se hurtaron más de 100.000 metros cuadrados de equipamientos con el fin de otorgar a las parcelas el mayor nivel de edificabilidad permitido, lo que suponía, de hecho, favorecer, «en contra de la ley», a los adjudicatarios de las parcelas, es decir, el grupo Begar.
En junio de 2009, al tiempo que los compradores de distintos espacios de la torre recibieron el certificado de fin de obra y el permiso para mudarse a su nueva propiedad, Begar presentó concurso de acreedores, del que no salió hasta octubre 2011. Tampoco Hogalia, que gestionaba la venta y el alquiler del edificio, fue ajena a las dificultades. Los escasos vecinos del inmueble han denunciado que la firma adeuda a la comunidad 240.000 euros en gastos, como dueña que es todavía de un 70 % de las propiedades de la torre. Esos impagos causaron que Gas Natural cortara el suministro de energía eléctrica a la torre a fines de junio. Durante cinco días, los escasos vecinos del inmueble -los inquilinos se están marchando del lugar- tuvieron que echar manos a linternas para subir a sus viviendas: no funcionaban los ascensores, pero tampoco las bombas de presión del agua. Bankia no pudo ofrecer ayer una explicación sobre la situación del inmueble.
Fuente: lne.es
Valencia, Jordi CUENCA
La torre que promovió el grupo asturiano Mall en Ponferrada, y que ahora está semivacía, con muchas deudas y pocos vecinos, ejemplifica el error en el que incurrieron muchas cajas de ahorros al asumir una excesiva exposición al riesgo inmobiliario en los años del gran crecimiento española.
La caja valenciana Bancaja labró su enorme expansión de mediados de la pasada década y su tumba de principios de la siguiente mediante la participación, como financiera o promotora, en numerosas operaciones inmobiliarias en todo el país, entre ellas la torre ponferradina.
A los millones de metros cuadrados invendibles y casi sin valor que Bancaja legó a Bankia y su matriz, el BFA, se suman innumerables promociones terminadas o por concluir. Todo ello acabó por atrapar a la entidad bancaria que presidió el asturiano Rodrigo Rato hasta el pasado mayo al ceder la valenciana todo su negocio a BFA-Bankia tras fusionarse con Caja Madrid y otras cinco cajas.
Entre las muchas operaciones en el sector inmobiliario en las que participó Bancaja figura la Torre de la Rosaleda, en la localidad leonesa de Ponferrada, el espectacular edificio de cien metros de altura que está casi deshabitado y cuya construcción fue llevada a cabo por la empresa Begar, que fue implicada en el caso Gürtel, uno de los mayores escándalos de corrupción política y que afecta a varias comunidades.
La torre, cuya primera piedra puso el periodista de Ponferrada Luis del Olmo en diciembre de 2004, fue promovida por Hogalia, perteneciente al Grupo Mall, presidido por el asturiano Julio Noval. El coste estimado fue de unos 28 millones de euros. La financiación corrió a cargo de Bancaja. Y la construcción la hizo Begar, cuyo presidente, el leonés José Luis Ulibarri, que figura como uno de los 71 imputados en la parte madrileña del caso Gürtel por «favorecimiento» en un concurso de suelo en Boadilla del Monte.
A iniciativa de la Federación de Asociaciones de Vecinos del Bierzo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró en 2005 ilegal toda la actuación urbanística de La Rosaleda -en la que se inserta la torre- porque se hurtaron más de 100.000 metros cuadrados de equipamientos con el fin de otorgar a las parcelas el mayor nivel de edificabilidad permitido, lo que suponía, de hecho, favorecer, «en contra de la ley», a los adjudicatarios de las parcelas, es decir, el grupo Begar.
En junio de 2009, al tiempo que los compradores de distintos espacios de la torre recibieron el certificado de fin de obra y el permiso para mudarse a su nueva propiedad, Begar presentó concurso de acreedores, del que no salió hasta octubre 2011. Tampoco Hogalia, que gestionaba la venta y el alquiler del edificio, fue ajena a las dificultades. Los escasos vecinos del inmueble han denunciado que la firma adeuda a la comunidad 240.000 euros en gastos, como dueña que es todavía de un 70 % de las propiedades de la torre. Esos impagos causaron que Gas Natural cortara el suministro de energía eléctrica a la torre a fines de junio. Durante cinco días, los escasos vecinos del inmueble -los inquilinos se están marchando del lugar- tuvieron que echar manos a linternas para subir a sus viviendas: no funcionaban los ascensores, pero tampoco las bombas de presión del agua. Bankia no pudo ofrecer ayer una explicación sobre la situación del inmueble.
Fuente: lne.es
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