El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones,
José Chamizo, ha presentado este miércoles una serie de medias como
respuesta a las necesidades de vivienda con motivo de la crisis para
intentar bajar el número de desahucios en Andalucía, entre las que se
contempla su petición a la Consejería de Fomento y Vivienda de que las
entidades bancarias hagan un inventario de sus viviendas de protección
oficial, y "se comprometan a ofertarlas en venta o alquiler". Y Si este
inventario no se hace en unos plazos adecuados, que la Administración
proceda a la expropiación de las mismas, porque las VPO "no pueden ser
propiedad de los bancos, puesto que en dichas viviendas hay dinero que
ha puesto la sociedad española".
SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)
El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, José Chamizo, ha
presentado este miércoles una serie de medias como respuesta a las
necesidades de vivienda con motivo de la crisis para intentar bajar el
número de desahucios en Andalucía, entre las que se contempla su
petición a la Consejería de Fomento y Vivienda de que las entidades
bancarias hagan un inventario de sus viviendas de protección oficial, y
"se comprometan a ofertarlas en venta o alquiler". Y Si este inventario
no se hace en unos plazos adecuados, que la Administración proceda a la
expropiación de las mismas, porque las VPO "no pueden ser propiedad de
los bancos, puesto que en dichas viviendas hay dinero que ha puesto la
sociedad española".
Así, en rueda de prensa en la sede de la Defensoría, en la que ha
lamentado que esta misma mañana se haya realizado un desahucio en el
municipio malagueño de Cártama, donde se está dando una intervención
"bastante brutal" de la Guardia Civil, un fenómeno al que
"lamentablemente nos estamos acostumbrando", ha anunciado que se ha
solicitado a Fomento y Vivienda que con todas las entidades bancarias de
Andalucía se promueva la opción del Real Decreto 6/2012 del 9 de marzo,
de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin
recursos, en cuyo artículo 3 "se le pide a los bancos ofertas de
viviendas de protección oficial (VPO) como alquileres sociales a
personas en el umbral de exclusión", aunque, matiz, "también pedimos que
se aplique a aquellos que se encuentran en una situación de precariedad
económica".
Chamizo ha recordado que en el caso de las VPO "la legislación ordena
que las personas tienen que residir en ellas", y si el titular no es
una persona física, sino otro tipo de persona jurídica, "están obligados
a destinarlas al alquiler", porque "no pueden estar vacías y cerradas".
Por tanto, la Defensoría solicita que "en una plazo vinculante y
concreto, los bancos realicen un inventario completo de todas sus
viviendas de protección oficial, y se comprometan a ofertarlas en venta o
alquiler a través de las webs de las entidades, o incluso mediante las
webs de la comunidades autónomas o los ayuntamientos".
En dicha información, continúa, "pedimos también que se hable de
dónde están, en qué condiciones, o de los precios de las mismas".
Además, aclara que las personas que quieran adquirirlas "deberán cumplir
unos requisitos concretos", y también "pedimos que cuando esas persona
puedan hacer frente a esas viviendas, se les facilite el préstamo",
pero, matiza, los bancos "tienen la obligación de poner precios
adecuados".
"En el caso de que los bancos no cumplan, previa aprobación de la
normativa del artículo 33 de la Constitución, vemos posibilidad a la
expropiación, por incumplimiento de la acción social de la propiedad",
continúa el Defensor, toda que apunta que "entendemos que se trata de un
camino irreversible, y que por ello la Administración tiene que
contemplar la expropiación, porque las VPO no pueden ser propiedad de
los bancos, puesto que en dichas viviendas hay dinero que ha puesto la
sociedad española".
"No tememos que en Andalucía hay miles de viviendas de protección
oficial cerradas, por eso pedimos un inventario rápido a los bancos, y
si no se hace, la Administración puede expropiar, porque la vivienda
tiene que cumplir su función social". "No se puede dejar este asunto a
la buena voluntad sino que haya que legislar con más potencia, por eso
hay que ir a la expropiación si no se cumplen los plazos", insiste
Chamizo.
Asimismo, Chamizo ha informado de que se ha remitido una queja de
oficio e información a la Federación Andaluz de Municipios y Provincia
para "que en pueblos y capitales de provincia de más de 50.000
habitantes se dé una intermediario para facilitar el entendimiento con
los bancos por viviendas que puedan entrar en desahucio", una medida,
afirma, que "se puede realizar sin grandes costos".
Igualmente, ha informado de que a diario llegan al Defensor entre dos
y cuatro quejas por este motivo, "pero éstas se ponen cuando llega el
desahucio judicial, y ya no podemos intervenir". "Por ello, pedimos a la
gente que en cuanto tenga la primera notificación, lo diga, para lo
cual, a través de una queja, hemos pedido a los Colegios de Abogados la
organización de un servicio de asistencia legal que atienda los asuntos
que les deriven recursos sociales que conocen estos casos.
Fuente: elEconomista.es
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