La citación incluye a otros cinco
miembros de la entonces corporación, dos de ellos en el actual equipo, y
un arquitecto municipal.
 |
| La citación incluye a otros cinco miembros de la entonces corporación, dos de ellos en el actual equipo, y un arquitecto municipal |
El alcalde de Valladolid, el popular Francisco Javier León de la Riva,
ha sido citado a declarar el próximo día 12 de julio, a partir de las
09.30 horas, en calidad de imputado en las diligencias abiertas por el
Juzgado de Instrucción número 1 con motivo de las modificaciones
irregulares realizadas en 2003 en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, supuestamente, pretendían beneficiar a diversos constructores.
La citación del máximo regidor vallisoletano se produce después de
que la fiscal jefe de Valladolid, Esther Pérez Jerez, y la fiscal del
caso, Ana Valle, mantuvieran hace tres semanas en Madrid un encuentro con miembros de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado con el fin de recabar la opinión del departamento que dirige Eduardo Torres Dulce respecto de tal posibilidad, según una información de fuentes jurídicas.
Evaluada dicha consulta, cuya trascendencia en los medios de comunicación ha sido interpretada por León de la Riva como una "filtración interesada para tratar de presionar al Fiscal General", la Fiscalía vallisoletana ha recibido finalmente luz verde para citar al primer edil del PP
como imputado, algo que en los últimos meses ya han hecho el exconcejal
de Urbanismo José Antonio García de Coca, seis técnicos municipales y
varios constructores.
Pero además, Fiscalía General del Estado, por providencia de 5 de
junio, ha resuelto estimar igualmente la petición de la fiscal del caso,
Ana Valle, de citar, también en calidad de imputados, a otros cinco
miembros de la entonces corporación, dos de los cuales continúian en el
equipo actual, y un arquitecto municipal.
Los primeros en declarar, el día 21 de junio, serán los exediles
Tomás Punzano Ruiz, María Luisa Ramírez Carballeda, esta última
concejala entonces de Participación Ciudadana, y José Carlos Muñoz Mateo, quien fuera responsable de Deportes y hoy presidente de la Fundación Real Valladolid.
A ellos les seguirán, el 5 de julio, los actuales concejales Gonzalo
Hernández Santamaría y Manuel Sánchez Fernández, responsable de
Movilidad y Seguridad, así como el arquitecto municipal Pablo Luis
Gigosos Pérez.
La petición de diligencias de la fiscal de Urbanismo, también
aceptada, contempla también la citación, nuevamente, para interrogar a
los dos principales imputados, el que fuera concejal de Urbanismo, José
Antonio García de Coca, y el arquitecto Luis Álvarez Aller, quienes
prestarán declaración el día 4 de septiembre, a las 11.30 horas.
Denuncia en 2008
El denominado 'Caso del PGOU' de Valladolid fue llevado a la Fiscalía de Valladolid el día 7 de julio de 2008 por el Grupo Municipal Socialista,
que denunció ya entonces la modificación ilícita de 67 artículos y
cinco planos - el Ayuntamiento reconoció errores en ocho epígrafes y
cinco planos - y consideró como principal responsable al exedil de
Urbanismo, a quien imputaba por las manipulaciones en el planeamiento
urbanístico de la ciudad en los últimos días de agosto de 2003, entre su
aprobación provisional por parte del Pleno y la definitiva por parte de
la Junta.
"A partir de ese momento, el concejal de Urbanismo y quizás otras
personas realizaron alteraciones subrepticias en el texto refundido que
fueron enviadas de nuevo a la Consejería de Fomento para ser publicadas
en el Boletín Oficial de Castilla y León", denunció cinco años después
el que hoy sigue siendo presidente del Grupo Socialista, Óscar Puente.
La denuncia de los socialistas fue puesta en manos del Juzgado Decano
por parte de la Fiscalía vallisoletana, que pidió la declaración de
García de Coca como imputado y apuntaba la posibilidad de recabar el
testimonio del propio alcalde y del consejero de Fomento, Antonio
Silván, así como de encomendar a la Policía Judicial
la investigación con el acceso a toda la documentación mencionada y
averiguar qué personas se beneficiaron de las modificaciones realizadas
en el texto del PGOU.
Aunque los hechos fueron denunciados por el grupo de concejales
socialistas, éstos no han podido personarse en las diligencias debido a
la elevada fianza exigida, algo que, por el contrario, sí han logrado hacer la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, que figura como acusación pública tras desembolsar 8.000 euros de fianza.
Fuente: lainformacin.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario