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miércoles, 25 de abril de 2012

¿Son los vehículos inmobiliarios la solución para la banca? Ocho claves para entender la idea del Gobierno

23.04.2012 Madrid M.Romani. Siga al autor en  
El Gobierno quiere que los mercados aparquen toda duda sobre la banca española y que ésta pueda volver a dar crédito. Para conseguirlo, sabe que es necesario dar carpetazo al problema inmobiliario que sigue gravando sobre las entidades, a pesar de todos los esfuerzos ya realizados.

Los activos problemáticos inmobiliarios del sector financiero español ascienden a 175.000 millones de euros, entre créditos (dudosos y subestándard) e inmuebles. El incremento de 53.000 millones de euros de provisiones que Economía ha impuesto al sector con el Real Decreto de febrero no ha sido suficiente para despejar todas las dudas del mercado sobre si los balances están realmente saneado.

El Gobierno no quiere que la solución pase por un banco malo financiado públicamente. Y, por eso, está perfilando la idea de unos vehículos donde guardar el ladrillo durante un tiempo, buscando venderlo, dando oxígeno a la banca. La idea podría funcionar, pero los expertos avisan de que, como siempre, el diablo está en los detalles.

1) ¿De quién serán estos vehículos?

Para que un banco pueda sacar los activos de su balance tiene que meterlos en una sociedad de la que no tenga el control (es decir, tiene que poseer menos del 50% del capital) ni la gestión. Por eso, el Gobierno quiere que las entidades creen unos cuántos vehículos que compartirán entre distintos bancos: ninguno de ellos llegará a tener el 50%, así que la sociedad se podrá "desconsolidar". Esto sí, las entidades seguirán siendo los accionistas del vehículo.

La gestión se dará en manos a expertos independientes, quienes también serán los encargados de valorar los activos que los bancos vayan a depositar en el vehículo.

2)¿Cómo se valorarán los activos?

El experto que gestione el vehículo deberá valorar los activos que aporte cada entidad. El Gobierno espera que, con las nuevas provisiones que ha realizado el sector, las valoraciones actuales no difieran mucho del valor neto que tienen contabilizado las entidades por su stock inmobiliario.

3) ¿Quién paga la diferencia si hay falta de provisiones?

Cuando el experto decida que un inmueble aportado por vale menos del valor contable al que la entidad lo tiene registrado, el banco tendrá que asumir la pérdida contra reservas o capital. El efecto será, obviamente, distinto según la situación de partida de cada banco. Eso sí, la liberación de capital conseguida podría compensar las pérdidas que se asuman en la valoración.

4) ¿Hará falta dinero público?

Aunque el Gobierno se muestre optimista con la cobertura del ladrillo que ha alcanzado la banca española (cerca del 55%), hay casos en que las entidades tendrán que aceptar recortes adicionales a la valoración de sus inmuebles. Y, en algunos casos, habrá entidades que, al asumir estas pérdidas contra capital, se queden cortas de solvencia.

Para estos casos, se supone que sería el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que aporte capital. Sin embargo, desde el Ministerio recuerdan que la legislación no permite que el FROB ponga más dinero en entidades individuales, y sólo podrá hacerlo para aquellas que estén en proceso de fusión.

5) ¿Se pueden equiparar estos vehículos a un banco malo?

El Gobierno insiste en que estas sociedades inmobiliarias no son ni se pueden comparar con bancos malos porque ni tendrán actividad financiera ni ficha bancaria. Además, no se inyectará directamente capital público en estas sociedades, aunque, sí podrán necesitarlo las entidades para asumir rebajas de las valoraciones de los inmuebles.

6) ¿Cuál será la finalidad de los vehículos?

Las sociedades, gestionadas por expertos externos, se ocuparán de comercializar los inmuebles de los bancos. Tendrán sus propias cuentas de pérdidas y ganancias, desligada de la de los bancos accionistas. Eso sí, al cabo de unos diez años, cuando la sociedad se cierre, los bancos tendrán que asumir su parte correspondiente de beneficios o pérdidas.

7) ¿Servirá la medida para reactivar el crédito?

Sacando activos inmobiliarios de balance, las entidades reducen sus activos ponderados por riesgo, lo que implica la liberación de capital. Además, se supone que la reforma debería restaurar la confianza del mercado en la banca española, facilitándole el acceso a los mercados de financiación mayorista y aliviando la dependencia del Banco Central Europeo (BCE) para los temas de liquidez.

No obstante, hay que tener en cuenta que sobre la oferta de crédito pesan muchas variables. En primer lugar, mucho depende de la evolución de la demanda, que está estrictamente relacionado con la percepción que el consumidor tiene de la evolución de la economía. Mientras siga avanzando el desempleo, hay pocas esperanza de que se reactive lo que los bancos definen "demanda solvente" y que la mora se vaya relajando.

8) ¿Se reconquistará la confianza de los mercados?

La respuesta a esta demanda dependerá de cómo, finalmente, se instrumente la medida. Los expertos consultados hacen hincapié en que, para que la fórmula funcione y los inversores dejen de dudar de la banca española se necesite que en los vehículos entre un inversor externo, que sea finalmente quien asuma el riesgo y la gestión. "Un experto independiente que haga la valoración de los activos no es creible si no participa del riesgo", afirma una fuente de mercado.

Un analista, además, destaca el riesgo de que, si los activos no se valoran estrictamente a su precio de mercado, a los inversores se les trasmita la idea de que se va a aplazar diez años la solución del problema inmobiliario de la banca, justo lo contrario de lo que el Gobierno pretende con esta iniciativa.
Fuente: Expansión.com

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