Andreu Manresa
Palma de Mallorca
14 ABR 2012 - 21:36 CET
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Santa Ponça
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En Baleares, la política se dirime en un choque directo entre las
distintas maneras de ver el negocio del turismo y su desarrollo, en una
naturaleza privilegiada de un territorio muy limitado, la isla. Contra
la crisis, se impone la explotación del suelo. El poder regional impulsa
por decreto el interés autonómico y la urgencia de la construcción de
más hoteles en el litoral. La mecha la prendió el aval dado a un
establecimiento gigante (1.200 plazas) al lado de la playa protegida por
ley de Sa Ràpita, de un kilómetro de largo y 25.000 metros cuadrados de
arena, rodeada de un bosque intacto.
Con casi un cuarto de la población activa en paro, la decisión del PP
(en mayoría absoluta) representa un cambio total. En tiempos de crisis
severa de la economía de servicios e inmobiliaria, se ha reabierto con
crudeza el debate sobre las fronteras de la protección y el horizonte
del crecimiento. El escenario del primer experimento son las playas de
Sa Ràpita-Ses Covetes-Es Trenc.
La gran franja de arenal, el horizonte azul, blanco, verde de Es
Trenc es una bandera ciudadana e internacional, que se salvó de la
destrucción programada por la movilización social y política. Lo blindó
el consenso de los partidos baleares y una ley autonómica de 1984. En
sus alrededores están latentes tres macroproyectos más, parados en su
día por la izquierda, un campo de polo, dos de golf y sendos hoteles.
El complejo avalado por el presidente balear, José Ramón Bauzá —uno
de los cuatro hoteles, 10 campos de golf y seis puertos deportivos—
estará ubicado en el borde del Área Natural de Es Trenc, de 1.500
hectáreas de extensión y más de cuatro kilómetros discontinuos de arena
sin muros de cemento. El PP asegura que el hotel estará a cinco
kilómetros de Es Trenc.
La memoria del visitante y del nativo se fija en las cinco playas
intactas en el litoral público del latifundio, sin urbanizar y con 11
kilómetros de costa de Sa Vall y Sa Vallet, propiedad de los financieros
Juan y Carlos March.
Los contrastes entre el hormigón y la naturaleza —el paraíso, una
expresión de propaganda inmobiliaria actual cerca de Sa Ràpita—, pueden
ser más rotundos. El paisaje libre, salvaje o rural, alterna con zonas
turísticas residenciales, más o menos masificadas. Las dos monedas
explican las dos opciones que polarizan el debate: crecer en territorios
programados de la época desarrollista o reconvertir la planta actual y
preservar el paisaje y el medio ambiente.
Hay que crecer y generar empleos de manera respetuosa, asegura el PP,
que acusa a sus opositores de “demagogos”, de optar por el crecimiento
cero. Salvem Es Trenc, referencia de los años setenta, nuevamente
rescatada. El director general balear del Territorio del PP, Juan
Mesquida, lanzó una máxima combativa #salvemestrencdementiders (de
mentirosos).
El diputado socialista y politólogo Cosme Bonet destaca que la opción
de los March de no destrozar el entorno de una parte de Mallorca,
contrasta con la postura de otros banqueros locales, menores, los
Nigorra de Es Crèdit, que urbanizaron totalmente Santa Ponça de Calvià.
“Basta ver con qué resultado”. Bonet señala que la familia March “es
discreta y mantiene una relación posfeudal con los vecinos, de Ses
Salines y Santanyí, a los que dejan pasar por la finca hasta el mar”. La
escuela, la iglesia y la depuradora de Sa Colònia están en terrenos
donados por sus ricos vecinos.
El Gobierno de Bauzá, los consejos insulares y la gran mayoría de los
Ayuntamientos, han calentado el ambiente y han hallado resonancia
internacional a sus propuestas de riesgo. El PP afirma que no cambia
leyes sino que consolida situaciones urbanísticas anteriores o mal
resueltas. Bauzá rechaza que “le den lecciones” de estima a su tierra y
su cultura. En el Gobierno conservador se reprocha al PSOE y al PSM, que
han gobernado ocho años en legislaturas alternas, de haber sido “los
del no” a todo y por sistema, de espantar a los empresarios y congelar
en la comisión de Medio Ambiente hasta 800 proyectos.
En tiempos de graves carencias en las economías privadas y las
finanzas oficiales, el Gobierno balear anima el desarrollo al método
antiguo y más oferta turística nueva es la propuesta de captar
inversiones y crear puestos de trabajo. El objetivo es la construcción
de más complejos residenciales y deportivos en zonas delimitadas. A la
vez, se han legalizado urbanizaciones fallidas o bloqueadas. La
oposición y los ecologistas consideran que Baleares regresa a la
economía que fracasó, la del cemento y el ladrillo, que, suponen,
perjudica la oferta turística de calidad.
Las calas que lindan con la enorme propiedad de los March de 2.800
hectáreas: Es Dolç, es Carbó petit y Es Carbó gran, Cala Tugores, y Es
Caragol: suman 2,7 kilómetros de playa. Se hallan avanzando desde Sa
Colònia, en el cono sur de Mallorca o entrando por la otra esquina, por
las rocas desiertas por Es Cap Salines, ante el archipiélago del parque
nacional de Cabrera.Intactas, con un fondo de kilómetros de terrenos de
'garriga' monte bajo y árboles, como en los tiempos de Ulises o el
contrabando de tabaco.
Solo una de las playas Es Dolç, de 400 metros de largo, tiene un
chiringuito desmontable porque linda con Sa Colònia y es casi urbana.
Los banqueros y filántropos, con sus museos y la fundación March,
decidieron no sacar réditos inmobiliarios a ésta y otros predios de
Mallorca, que un siglo atrás años, su abuelo Juan March Ordinas adquirió
a los nobles arruinados. Siendo ministro de Medio Ambiente, en
2000-2003, Jaume Matas programó construir paseo público por el litoral
de Sa Vall que no se concretó.
Fuente: EL PAÍS.com
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