El Banco de España y el Gobierno diseñan la salida del balance para recobrar confianza
Las nuevas firmas no estarán controladas por las entidades financieras
Íñigo de Barrón
Madrid
23 ABR 2012 - 01:21 CET
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Miguel Ángel Fernández Ordóñez, durante su comparecencia el pasado 17 de abril en la Comisión de Presupuestos del Congreso. / Javier Lizón (EFE)
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Los inversores y expertos internacionales presionan contra la banca
española. Y no hay mucho tiempo para transmitir señales tranquilizadoras
a mercados. El siguiente paso será crear sociedades inmobiliarias (en
el Banco de España
rechazan el término “banco malo”, porque no tendrán actividad
financiera ni ficha bancaria) donde las entidades depositarán el
ladrillo en buena parte provisionado y que actuarán como sociedades de
liquidación a largo plazo. Faltan detalles por perfilar, pero la
decisión de avanzar por ese camino está tomada.
Se trataría de una segunda fase de la reforma financiera impulsada por el Gobierno del PP. Una vez que se ha reconocido un valor más bajo a los activos inmobiliarios (especialmente a los más tóxicos, como el suelo), el siguiente paso sería sacarlos del balance a sociedades en las que bancos y cajas no sean mayoritarios,
de forma que se desconsoliden de sus balances, bien porque sean
sociedades compartidas por varias entidades o bien porque entren nuevos
socios inversores, aunque no será fácil encontrarlos. Las sociedades del
ladrillo vivirán unos 10 años. Pasado este tiempo, se saldarían con
pérdidas o ganancias.
La cartera inmobiliaria “problemática”
asciende a 175.000 millones, que está cubierta con dotaciones en un
54%, una cantidad superior a otros países europeos y a EE UU. El
supervisor y el Gobierno quieren extirpar este cáncer sin ayudas
públicas, pero admiten que si se aplica un nuevo recorte del valor de
los activos inmobiliarios (de entre el 10% y el 15%) algunas entidades
podrían necesitar una inyección de dinero público del FROB, que tendrán
que devolver.
El objetivo es triple: frenar la loca escalada de la prima de riesgo;
que los expertos analicen el problema del ladrillo de forma aislada y
que los gestores se concentren en su negocio y circule el crédito. A la
vez, el Gobierno maneja más palancas: la recapitalización del Fondo de
Garantía de Depósitos y acelerar las fusiones entre excajas.
Pese al recién aprobado saneamiento extraordinario de la banca por
53.000 millones, la medida no ha sido suficiente para los inversores
extranjeros. Creen que si la economía española sigue en recesión, los
inmuebles se depreciarán más y la morosidad escalará del 8% actual hasta el 12%. Para tapar este problema, el consenso del mercado es que podrían necesitarse unos 50.000 millones adicionales.
El Banco de España y el Gobierno rechazan esta teoría, pero no se puede
ir contra el mercado y han decidido mover ficha: sacar la inversión
inmobiliaria para despejar las dudas sobre la solvencia del sector. El
Banco de España lo reconoció la semana pasada y ahora, junto con el
Gobierno y las entidades financieras, han diseñado las líneas maestras.
El modelo que se seguirá, según fuentes financieras, se basa en crear
varias sociedades inmobiliarias, dependiendo del tipo de activos que se
traspasen: suelo, viviendas en construcción, promociones terminadas,
etcétera, en las que participarían las diferentes entidades y para las
que se trataría también de incorporar inversores. Se prefiere esa
fórmula de unas pocas sociedades conjuntas en lugar de crear una para
cada entidad, pero eso conlleva una dificultad con las valoraciones de
los activos que aporte cada banco o caja. Se considera que deberán
traspasar “lo que se pueda vender. Es decir, no suelos imposibles ni
pisos que están colocando las entidades con facilidad, porque para eso
no se necesita una sociedad”, dice un experto.
La pérdida de control de la sociedad es una condición necesaria para
que, desde el punto de vista de la contabilidad europea, se pueda
considerar que se ha desagregado realmente del balance. Es decir, no
valdría crear filiales inmobiliarias porque consolidarían en el balance.
La ventaja actual de las entidades es que han incrementado mucho las
provisiones para cumplir con el decreto sobre activos inmobiliarios.
Los bancos cederán la gestión y el control de las sociedades a
expertos que valorarán los activos. Si los tasan al precio que figura en
los libros del banco, es decir, con el descuento que supone la
provisión, no habrá problemas. La entidad se desprende del bien y libera
el riesgo que suponía, con lo que le dejará de consumir capital y podrá
conceder préstamos a sus clientes. Al menos, en teoría.
En el caso en el que la tasación sea inferior al valor en libros, el
proceso se complica. Las entidades afectadas deberán cargar contra
capital la diferencia entre lo que han provisionado y lo que dice el
experto que vale ese activo. Si un solar adquirido por 10 millones está
provisionado al 70%, lo podría traspasar por 3 millones. Pero si el
gestor de la sociedad dice que vale 2 millones, la entidad debería hacer
un saneamiento extraordinario por un millón más. En este caso el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB) podría cubrir provisionalmente la diferencia con su patrimonio,
aunque también se estudian otras fórmulas. El ministro de Economía, Luis
de Guindos, ha insistido en que no habrá dinero público para ese
proceso y ha subrayado que “el Gobierno no creará un banco malo, ni nada”.
El Gobierno no creará las sociedades, sino que serán las entidades
financieras, pero el Ejecutivo y el Banco de España estudian cómo
impulsar y liderar ese proceso. En principio, tendría carácter
voluntario, pero se trataría de que la regulación lo propiciase.
España ha tomado el proceso inverso al europeo y estadounidense.
Allí, primero se crearon los bancos malos y luego se recapitalizó el
sistema financiero. Además, se hace tarde. En Europa, entre 2008 y 2009,
los Gobiernos inyectaron capital a los bancos para que soportaran la
depreciación de los activos inmobiliarios y el hundimiento de la
economía. En España, en aquellos años, el Gobierno de Zapatero y el
Banco de España creyeron que con las provisiones anticrisis, un colchón
que no existía en ningún otro país, se podría aguantar la gran
depresión. Pero no fue suficiente.
“Ahora que la banca europea ha pasado lo peor, España rebusca
fórmulas para salvar al sector y que vuelva a conceder créditos. Hubiera
sido mejor haberlo hecho en 2008 pero ahora se puede por las altas
provisiones. Es una buena opción”, comenta José Carlos Díez, economista
jefe de Intermoney.
Fuente: EL PAÍS.com
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