De Guindos ignora las presiones de las inmobiliarias para que obligue a la banca a darles crédito

Economía prefiere que la banca baje los precios de las viviendas y reduzca sus riesgos en balance

Las promotoras pretenden que el Gobierno imponga un coeficiente de financiación de vivienda a los bancos con ayudas públicas

Jorge Chamizo.– La situación de las inmobiliarias es delicada pero también lo es, incluso más, la de la banca. Con estos condicionantes encima de la mesa, el Gobierno ha hecho oídos sordos a la petición de los grandes promotores para que imponga a las entidades financieras que vayan a recibir ayudas públicas un cupo de financiación obligatoria para vivienda nueva. El objetivo perseguido por las inmobiliarias es reactivar un sector que está totalmente parado y cuyo destino está totalmente condicionado por los pasos que de la banca. No en vano, las entidades financieras acumulan más pisos que las propias inmobiliarias, es decir, tienen la llave de los precios,  y de su financiación depende que las promotoras puedan dar salida al gran stock que también acumulan.

Pese a ese enorme parque de vivienda sin vender existente en el país, que oscila entre 700.000 y un millón de unidades  según cuál sea la fuente de información, la patronal de los promotores (APCE) basa esta petición en su convicción de que hay mercado para poder construir pisos de forma selectiva. En concreto en segmentos donde a su juicio hay claras necesidades, como la vivienda en alquiler o la de protección oficial. El crédito bancario es el detonante necesario para activar esa demanda, según la patronal.

Coeficiente de inversión obligatorio

La petición del sector inmobiliario, realizada nada más conocerse el decreto de saneamiento forzoso de los bienes inmobiliarios de la banca, allá por el mes de febrero, consistía en que el ministerio de Economía fijara un coeficiente obligatorio sobre el crédito para aquellos bancos que van a recibir ayudas en el proceso de fusiones que se avecina dentro del sector bancario.

Pero en los dos meses transcurridos desde que APCE realizará esa petición las estrecheces presupuestarias, las presiones exteriores para cumplir con el déficit y la desconfianza hacia la banca española han crecido con fuerza. No es el mejor contexto para atender una petición de este tipo, que incluso sin esos condicionantes, tampoco tendría demasiado sentido, afirman fuentes cercanas al Ministerio de Economía. La prioridad es que la banca baje los precios y empiece a dar salida a los pisos acumulados para reducir sus riesgos en balance.

Es más, el equipo económico del Gobierno se niega en redondo a dar ayudas públicas a los bancos intervenidos y va a trasladar la factura de su saneamiento al resto de la banca  y sólo contempla que el Fondo de Reestructuración Bancaria facilite financiación pública, retribuida al 8%, a aquellos bancos que se fusionen y lo pidan. En estos casos, no habrá exigencia de crédito a cambio de las ayudas, simplemente se valorará que el proyecto de fusión, a la hora de ser validado por el propio Gobierno, incluya compromisos de incremento del crédito.

Los empresarios del ladrillo solicitaron también al Gobierno crear una comisión específica bilateral para analizar esta petición y otras más para lograr que el sector recupere el pulso.  Fuentes de la patronal se limitan a afirmar que se están produciendo contactos entre los promotores y el Ejecutivo y matizan que no se ha entrado a discutir la petición de ese cupo de nuevo crédito. "Ambas partes se están dando tiempo a que se aclare el panorama, esta todo abierto", añaden.

Incentivos fiscales

Las empresas inmobiliarias también reclamaron incentivos fiscales, que deberían centrarse en la segunda vivienda y se articularían a través de una reducción de la imposición en herencias, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para españoles y extranjeros.

Tampoco ha prosperado esta petición. Las enormes dificultades que afronta el Gobierno para cuadrar el déficit este año en el 5,3% del PIB hacen inviable asumir esa reclamación hoy por hoy, según las mismas fuentes.

El sector confía, sin embargo, en que el  diálogo abierto con el Gobierno arroje sus frutos. Las recientes palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre la necesidad de sacar al mercado la vivienda no vendida y promover el alquiler  son un claro indicativo de que se quiere movilizar la actividad en el sector, según las inmobiliarias.

Al mismo tiempo, el sector pide a los bancos que no rebajen los precios de sus activos inmobiliarios hasta "niveles excesivos" porque a su juicio eso "penalizaría" a los promotores y a la posición de riqueza de todos los españoles propietarios de vivienda.

Una rebaja intensa de los precios forzaría a las inmobiliarias a recortar el valor en libros de los suyos, algo que todavía no están haciendo, y comprometiendo su solvencia. Además, un severo efecto bajada provocaría nuevos problemas a los bancos acreedores de las promotoras, al generarse nuevo crédito problemático y activarse la adjudicación de inmuebles. Es decir, que el balance de los bancos volvería a cargarse de pisos, según las proyecciones de las inmobiliarias.
Fuente: CapitalMadrid.com