El 7 de julio de 1984, el Boletín Oficial del Congreso publicó un proyecto de ley llamado “Régimen fiscal de determinados activos financieros” que instauraba la legalización del dinero negro.
El invento consistía en que toda persona que tuviese dinero no declarado a Hacienda, dinero negro,
podía aflorarlo invirtiendo en Pagarés del Tesoro. Lo bueno es que
Hacienda se tapaba los ojos. No preguntaría ni quién compraba Pagarés,
ni de dónde salía ese dinero.
Como era dinero de origen fraudulento, el Estado no le podía ofrecer la misma rentabilidad que una Letra. De modo que solo obtendría una rentabilidad muy baja: el 5%.
Claro que, entonces, la inflación estaba entre el 15 y el 20% y ahora es de menos del 2%.
En 1990, según informaba el Abc de Sevilla, ya habían 3 billones de pesetas colocados en estos pagarés opacos. Se les llamó Pagarés de Borrell porque su mentor fue el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, del PSOE.
Estos Pagarés no tenían retenciones fiscales. No era un negocio
redondo pero era una amnistía colosal. Muchos expertos la calificaban
de otro modo: delito de Estado. “El funcionamiento del nuevo sistema
fiscal está basado en el incumplimiento de la ley, pues ésta contiene
elementos deliberados de hipocresía cuando no de corrupción tributaria”, dijo uno de los padres de la reforma financiera, según recogió El País.
El director general del Tesoro Manuel Conthe, dijo
en unas jornadas que los Pagarés surgieron por la existencia de unas
actividades defraudatorias perseguidas por el Estado, pero añadió que el
Estado podía ejercer ‘el derecho de asilo’.
Posteriormente, se emitió una ley para acabar con los Pagarés. Los
tenedores de ese papel se echaron a temblar. El gobierno socialista les
tranquilizó. ”El pagaré del Tesoro es un activo público que ha cubierto
históricamente una función muy importante y que la sigue cumpliendo,
por lo que tenemos que desterrar pánicos absurdos e injustificados”,
dijo Conthe. No tendría efectos retroactivos. ”Si la gente fuera
racional, quienes tienen grandes cantidades de dinero negro comprarían Pagarés del Tesoro ahora“, declaró el secretario de Estado de Hacienda.
En abril de 1991 se inició el “periodo de incentivación” de la nueva
ley del IRPF, por la cual los propietarios de Pagarés podían canjearlos
por un nuevo activo opaco o dejar que terminase el periodo de amortización. A partir de enero de 1992, el nuevo activo solo obligaba a los bancos a identificar al inversor. Pero como explicaron muy bien las autoridades
de Hacienda y del Tesoro, ese dato quedaba en el banco. No pasaba a
Hacienda, con lo cual los defraudadores siguieron blanqueando su dinero
durante varios años.
Obtenían poca rentabilidad, un 3% o menos: rentabilidad negativa pues
era inferior a la inflación. En cambio, una Letra del Estado ofrecía
14,5%.
Los nuevos Pagarés no se podían renegociar ni liquidar con anticipación. El
plazo de emisión era de seis años. Los rendimientos de estos segundos
Pagarés estaban sujetos a retención. A cambio, billones de pesetas de
dinero negro recibieron una portentosa aministía fiscal. Y el Estado
obtuvo una financiación barata.
Rodrigo Rato criticó ásperamente esos activos en una entrevista en 1998, cuando era ministro de Economía: “Esto es lo que más ha beneficiado a los ricos.
No a unos más y a otros menos, sino beneficiar a quienes no pagan.
Vamos a poner las cosas en su sitio. Lo hizo el PSOE y un responsable
político, dos veces”. Se refería a Borrell, que llegó a ser ministro de
Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente. Ahora, el ministro de
Hacienda del PP Cristóbal Montoro ha hecho lo mismo. Una amnistía fiscal en toda regla.
La excusa es la misma. Montoro dijo ayer: “La idea (la amnistía fiscal) me podrá gustar más o menos, pero tengo que hacerla porque en el país hay que ingresar sin subir los impuestos indirectos, que perjudicarían la economía”. Pretende recuperar 2.500 millones de euros vía impuestos de los 25.000 que espera aflorar.
Y, claro, ahora le critican los socialistas por eso mismo. Rubalcaba
se rasgó las vestiduras hoy y dijo que esa amnistía fiscal es como bajar
los impuestos ‘a los defraudadores’. Terrible, sí.
No recuerda que en tiempos de Felipe González hubo
dos amnistías fiscales para que el dinero negro no quedase fuera del
circuito sino que por lo menos el Estado se beneficiara de ello.
Fueron 18.000 millones de euros en términos corrientes (3 billones de
pesetas). Si se hiciera la conversión con la inflación desde entonces,
la cifra es muy superior a la de Montoro.
Aquellos fueron tiempos hermosos… para los ricos defraudadores del Estado. Ah, las hemerotecas…
(No se pierdan esta entrevista a Josep Borrell de La Vanguardia en 1984: parece que no hemos cambiado)
Fuente: la informacion.com
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