Actualizado: Sábado, 11 de febrero de 2012. 13:48
El PP instó ayer al Gobierno, en una proposición no de ley registrada en el Congreso, a cambiar la Ley de Acceso a la Abogacía para que todos los licenciados en Derecho no deban cursar estudios de posgrado para poder colegiarse.
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| Congreso de los Diputados |
Los estudiantes de la licenciatura en Derecho están a punto de culminar una gran victoria, desde que emprendieran su particular lucha por cambiar un aspecto de la Ley 34/2006 de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales que consideraban injusta: que los últimos licenciados del plan antiguo -previo a Bolonia- que acabaran sus estudios después de la entrada en vigor de la citada ley el 31 de octubre de 2011 tuvieran que hacer un máster obligatorio para poder colegiarse para ejercer su profesión.
En el día de ayer el Congreso de los Diputados registró una proposición no de ley que insta al Gobierno a que realice con carácter urgente las modificaciones normativas necesarias en la Ley 34/2006 para precisar su contenido con el fin de que “todos los licenciados en Derecho queden excluidos de la obligación de cumplir con los requisitos de capacitación exigidos por la Ley, con independencia del momento de finalización de sus estudios de licenciados, aplicándoseles las nuevas exigencias de capacitación sólo a los futuros graduados conforme al nuevo sistema adaptado al EEES (Espacio Europeo de Educación Superior)”.
En el texto de su iniciativa, el PP afirma que la la Ley de Acceso de 2006 “desconoce la nueva realidad impuesta por la reforma en 2007 de la Ley Orgánica de Universidades, que estableció como títulos oficiales el grado, el máster y el doctorado”. La proposición del partido en el Gobierno añade que por esto “es necesario armonizar la Ley de Acceso a la Abogacía con los nuevos parámetros del actual sistema universitario ya que, de no hacerlo, se estaría creando un grave problema a todos los que son y serán licenciados en Derecho, y que han cursado 5 años de formación universitaria, para poder acceder a la colegiación de manera directa sin necesidad de la realización de un curso y pruebas adicionales, conforme a nuestra tradición jurídica”.
La Ley de Acceso a la Abogacía también preveía que quienes ya estuvieran licenciados en Derecho en la fecha de entrada en vigor de la norma, tendrían dos años, hasta el 31 de octubre de 2013, para colegiarse sin necesidad de cumplir los nuevos requisitos. Pero, "si la decisión de ejercer estas profesiones la toman después de esa fecha, tendrán que enfrentarse a los nuevos estudios y titulación, lo que perjudica a miles de personas que, por ejemplo, están preparando alguna oposición o a quienes estaban trabajando en otros sectores", dice el PP en su proposición.
Sin límite de colegiación
De estas palabras se deduce que, si el Gobierno acepta la reforma propuesta ayer por su propio partido político, se pretendería que todos los licenciados, independientemente de cuándo hayan finalizado o vayan a finalizar sus estudios de la Licenciatura de Derecho, podrían colegiarse sin ningún límite establecido.
Esta propuesta no de ley iría mucho más allá de lo expresado por el ministro en las últimas semanas. Es cierto que en su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el pasado 24 de enero en respuesta a una pregunta del diputado Gaspar Llamazares por una proposición no de ley presentado por la Izquierda Plural, el ministro daba a entender en su contestación que se iba a efectuar un cambio para que los futuros licenciados no tuvieran que realizar el máster de acceso, tal como recogió EXPANSIÓN el viernes 26 de enero, y que tanto revuelo causó en estudiantes, colegios y universidades.
Sin embargo, fuentes oficiales del Ministerio de Justicia confirmaban por escrito días después a este diario que “sólo los licenciados en 2012 y 2013 no tendrían que hacer el posgrado obligatorio” lo que gustó a muchos estudiantes, pero evidentemente no a los que acababan más tarde de esa fecha. Además Ruiz-Gallardón en sendas entrevistas en radio y televisión no dejaba claro su postura oficial, sino que si cabe añadía más confusión al respecto.
Movilización estudiantil
Mientras tanto los estudiantes, por su cuenta y a través de Analap (Asociación de afectados por la Ley de Acceso) han emprendido una movilización sin precedentes en redes sociales y medios de comunicación, enviando cartas certificadas a sus decanatos pidiendo sus posturas al respecto y exigiendo por escrito aclaraciones al Ministerio, que llegó a contestar a muchos de ellos.
Además, EXPANSIÓN desvelaba el 3 de febrero que los decanos de Derecho estaban divididos ante la medida anunciada e incluso la presidenta de la Conferencia de Decanos de Facultades de Derecho se puso en contacto con la jefa de gabinete de Justicia, sin contar con la opinión del resto de decanos, postulándose en contra de la decisión avanzada por Ruiz-Gallardón.
El 23-F
Lo último que sabíamos es que los ministerios de Justicia y Educación estaban estudiando el asunto y que el próximo día 23 Gallardón tenía previsto reunirse en la sede del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) con su presidente y todos los decanos de los colegios de España, en donde previsiblemente les iba a explicar la postura del Gobierno en este asunto.
Ese mismo día, 23 de febrero, los estudiantes de Derecho afectados habían convocado una marcha como protesta en Madrid desde la Glorieta de Bilbao hasta la sede el Ministerio de Justicia en la calle de San Bernardo. Ahora hay que sumar la proposición no de ley presentada ayer por Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Fuentes jurídicas consultadas por este diario creen que “siendo la de ayer una propuesta del partido en el poder, habiendo ya el ministro dado pistas de sus intenciones en la propia Comisión de Justicia del Congreso, teniendo el Partido Popular mayoría absoluta en la Cámara Baja e incluso el apoyo declarado en este tema del grupo La Izquierda Plural está claro que la Ley 34/2006 de 30 de octubre va a ser modificada”.
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