Los bancos no podrán embargar a familias sin recursos durante dos años

Hipoteca

 

12:07h | B. Toribio

Dación en pago no, pero casi. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha propuesto en el Congreso fijar un "umbral de riesgo de exclusión" para proteger a las familias con todos sus miembros en paro de un desahucio. Además, propone que los afectados puedan permanecer en la vivienda durante un tiempo hasta que se proceda al embargo y habla de un "código de buenas prácticas" para los bancos.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado que el Gobierno promoverá una serie de medidas para proteger a aquellas familias con todos sus miembros en paro y que no cuenten con ingresos adicionales para afrontar el pago de la hipoteca.

En concreto, propone que para ellos sea menor la penalización en caso de impago de la hipoteca y estudia con Justicia la posibilidad de que el pago de intereses -que se produce en los primeros años de la hipoteca- contabilice para el principal, de forma que se reduzca el total del préstamo para este tipo de familias.

Estas medidas solo beneficiarían a aquellas familias que pudieran acogerse a ese "umbral de exclusión", que según de Guindos hay que definir.

 "Es una realidad que la vivienda que entregan estas familias es el único activo que tienen", aseguró el ministro en respuesta en una interpelación del diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Joan Coscubiela Conesa en el Congreso sobre la dación en pago y los abusos de las entidades financieras. El ministro subrayó que estas familias serían consideradas como el "umbral de exclusión". 

De Guindos, además, adelantó que, dentro de un código de buena práctica para los procedimientos de ejecución hipotecaria, permitirá durante al menos dos años habitar a estas familias en la vivienda antes del desalojo. Esta medida podría ser también prorrogable.    

El Gobierno persigue que las familias con bajos ingresos puedan salvarse de un desahucio en caso de impago de su hipoteca, con el fin de reducir el coste social de estas actuaciones judiciales. 
Fuente: lainformacion.com