'Caso ERE'
Europa Press | Actualizado 20.02.2012 - 19:48
En un comunicado, la Oficina del Portavoz ha calificado como "graves" estas declaraciones y ha anunciado que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía están estudiando "qué acciones judiciales cabe acometer" contra Sanz. Así lo ha anunciado en un comunicado la Oficina del Portavoz, que ha recordado que la Consejería de Empleo "ha vuelto a desmentir hoy rotundamente que se hayan destruido documentos relacionados con la investigación de las irregularidades en los Expedientes de Regulación de Empleo".
Además, insiste el comunicado, la Consejería ha calificado de "falsedad" que hubiera instrucciones del presidente José Antonio Griñán en esa línea. Por ese motivo, la Junta entiende que las declaraciones de Antonio Sanz "lesionan gravemente y de manera falsa a las instituciones de la Junta de Andalucía y en concreto a la persona del presidente".
Sanz ha añadido que su partido está "convencido" de que pudo haber acudido allí "enviado" por Griñán. Según la Consejería, Sanz "miente" cuando afirma que Griñán dio instrucciones para destruir y falsificar esta documentación, y ha añadido que el dirigente del PP "continúa con su estrategia habitual de difamación y falsas acusaciones".
Sanz muestra un informe de Trabajo que apunta que se otorgaron ayudas "sin expedientes administrativos". La Junta ha comunicado que emprenderá acciones legales contra el número dos del PP.
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R. G. Peña |
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, se ha mostrado "convencido" de que la presunta destrucción y falsificación de información relacionada con el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que se pudo llevar a cabo en la Consejería de Empleo por parte de "personal de confianza", -según se recoge en una declaración incluida en la instrucción del caso-, se hizo "por instrucciones" del presidente de la Junta, José Antonio Griñán.
En rueda de prensa, Sanz ha dicho que su formación tiene esta "sospecha" y que tendría que ser el consejero de Empleo, Manuel Recio, quien la despejara. Por ello, ha pedido al titular de ramo que aclare públicamente y de inmediato si tiene alguna responsabilidad en esta posible destrucción y falsificación de información y si recibió "órdenes directas" por parte de Griñán a este respecto.
Asimismo, el dirigente popular le ha preguntado a Recio si estuvo en las instalaciones de la Consejería de Empleo el domingo 21 de noviembre de 2010, fecha en la que presuntamente se cometieron estos hechos. "Queremos saber si llegó solo o le acompañaba el viceconsejero Justo Mañas", ha añadido Sanz, quien ha considerado "muy importante" que Recio conteste sobre este asunto.
Sanz, que ha apuntado que si Recio hubiera estado presente cuando se pudo destruir o falsificar información tendría que dimitir "al minuto", ha asegurado que si se demuestra que esta información es cierta, los comportamientos que se han llevado a cabo en la Consejería de Empleo sería más propios "de la mafia".
De otro lado, el número dos del PP-A ha mostrado a los medios un informe y análisis económico, con fecha de 22 de julio de 2010, elaborado por la Dirección General de Trabajo, denominado Encomiendas de gestión entre la Agencia IDEA y la Dirección General de Trabajo de 2010 y datos históricos 2001-2009. En dicho informe, se apunta que la suscripción de convenios de colaboración entre el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), y posteriormente, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) con la Dirección General de Trabajo para el reconocimiento y pagos de ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por ERE, "no estaba sustentada sobre ningún tipo de expediente administrativo de solicitud de ayuda".
"Solo recogía la toma de decisión a partir de las negociaciones y/o reuniones mantenidas", se apunta en el informe, lo que, para el secretario general del PP-A, supone el reconocimiento de lo denunciado por su partido en relación a que no existían procedimiento alguno, sino que las ayudas se daban "por intereses electorales o por pertenecer a la familia o el entorno del PSOE". También en este informe, se constata que no todos los compromisos y acuerdos de la Dirección General de Trabajo, bien con empresas o afectados con extinción laboral habían sido instrumentalizados vía convenio de colaboración, "dándose la circunstancia que no se podían realizar los pagos reclamados (ni convenio ni presupuesto)", registrándose un déficit de 11,2 millones, a fecha de julio de 2010.
Por ello, y según se apunta también en este documento, en 2009 se determinó la necesidad de mover los compromisos de la Dirección General de Trabajo "a futuro", la negociación con cada compañía aseguradora en un "nuevo calendario de pagos" y el establecimiento de una encomienda de gestión con la Agencia IDEA.
Antonio Sanz, que ha destacado que lo comprometido por Empleo era "mucho mayor de lo que se podía asumir", ha explicado que ello derivó en la creación de un "tercer fondo de reptiles" en la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a través de IDEA, para hacer frente a los compromisos a los que Empleo no podía hacer frente. De dicho fondo habría destinado a estos pagos en un total de 6,5 millones en 2010. El número dos del PP andaluz, que ha considerado "de suma gravedad" la información que se apunta en el citado informe, "donde Empleo, ya en la etapa de Griñán, reconoce la existencia de un sistema para pagar ayudas sin que hubiera expedientes administrativos", ha anunciado que este documento que obra en poder de su partido le será remitido a la juez Mercedes Alaya, encargada de la instrucción del caso de los ERE. Finalmente, preguntado sobre las declaraciones de Griñán sobre que el PP insiste en el caso de los ERE sacando "cada día un papelito" para eludir explicar sus planes de gobierno o para evitar que los socialistas expliquen su proyecto, Sanz ha contestado asegurando que "a ver si el culpable va a ser el que denuncia o el que lo ha permitido y mantenido".
La Junta emprenderá acciones judiciales
La Presidencia de la Junta de Andalucía emprenderá acciones judiciales contra el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, por la acusación del número dos a Griñán.
En rueda de prensa, Sanz ha dicho que su formación tiene esta "sospecha" y que tendría que ser el consejero de Empleo, Manuel Recio, quien la despejara. Por ello, ha pedido al titular de ramo que aclare públicamente y de inmediato si tiene alguna responsabilidad en esta posible destrucción y falsificación de información y si recibió "órdenes directas" por parte de Griñán a este respecto.
Asimismo, el dirigente popular le ha preguntado a Recio si estuvo en las instalaciones de la Consejería de Empleo el domingo 21 de noviembre de 2010, fecha en la que presuntamente se cometieron estos hechos. "Queremos saber si llegó solo o le acompañaba el viceconsejero Justo Mañas", ha añadido Sanz, quien ha considerado "muy importante" que Recio conteste sobre este asunto.
Sanz, que ha apuntado que si Recio hubiera estado presente cuando se pudo destruir o falsificar información tendría que dimitir "al minuto", ha asegurado que si se demuestra que esta información es cierta, los comportamientos que se han llevado a cabo en la Consejería de Empleo sería más propios "de la mafia".
De otro lado, el número dos del PP-A ha mostrado a los medios un informe y análisis económico, con fecha de 22 de julio de 2010, elaborado por la Dirección General de Trabajo, denominado Encomiendas de gestión entre la Agencia IDEA y la Dirección General de Trabajo de 2010 y datos históricos 2001-2009. En dicho informe, se apunta que la suscripción de convenios de colaboración entre el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), y posteriormente, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) con la Dirección General de Trabajo para el reconocimiento y pagos de ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por ERE, "no estaba sustentada sobre ningún tipo de expediente administrativo de solicitud de ayuda".
"Solo recogía la toma de decisión a partir de las negociaciones y/o reuniones mantenidas", se apunta en el informe, lo que, para el secretario general del PP-A, supone el reconocimiento de lo denunciado por su partido en relación a que no existían procedimiento alguno, sino que las ayudas se daban "por intereses electorales o por pertenecer a la familia o el entorno del PSOE". También en este informe, se constata que no todos los compromisos y acuerdos de la Dirección General de Trabajo, bien con empresas o afectados con extinción laboral habían sido instrumentalizados vía convenio de colaboración, "dándose la circunstancia que no se podían realizar los pagos reclamados (ni convenio ni presupuesto)", registrándose un déficit de 11,2 millones, a fecha de julio de 2010.
Por ello, y según se apunta también en este documento, en 2009 se determinó la necesidad de mover los compromisos de la Dirección General de Trabajo "a futuro", la negociación con cada compañía aseguradora en un "nuevo calendario de pagos" y el establecimiento de una encomienda de gestión con la Agencia IDEA.
Antonio Sanz, que ha destacado que lo comprometido por Empleo era "mucho mayor de lo que se podía asumir", ha explicado que ello derivó en la creación de un "tercer fondo de reptiles" en la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a través de IDEA, para hacer frente a los compromisos a los que Empleo no podía hacer frente. De dicho fondo habría destinado a estos pagos en un total de 6,5 millones en 2010. El número dos del PP andaluz, que ha considerado "de suma gravedad" la información que se apunta en el citado informe, "donde Empleo, ya en la etapa de Griñán, reconoce la existencia de un sistema para pagar ayudas sin que hubiera expedientes administrativos", ha anunciado que este documento que obra en poder de su partido le será remitido a la juez Mercedes Alaya, encargada de la instrucción del caso de los ERE. Finalmente, preguntado sobre las declaraciones de Griñán sobre que el PP insiste en el caso de los ERE sacando "cada día un papelito" para eludir explicar sus planes de gobierno o para evitar que los socialistas expliquen su proyecto, Sanz ha contestado asegurando que "a ver si el culpable va a ser el que denuncia o el que lo ha permitido y mantenido".
La Junta emprenderá acciones judiciales
La Presidencia de la Junta de Andalucía emprenderá acciones judiciales contra el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, por la acusación del número dos a Griñán.
En un comunicado, la Oficina del Portavoz ha calificado como "graves" estas declaraciones y ha anunciado que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía están estudiando "qué acciones judiciales cabe acometer" contra Sanz. Así lo ha anunciado en un comunicado la Oficina del Portavoz, que ha recordado que la Consejería de Empleo "ha vuelto a desmentir hoy rotundamente que se hayan destruido documentos relacionados con la investigación de las irregularidades en los Expedientes de Regulación de Empleo".
Además, insiste el comunicado, la Consejería ha calificado de "falsedad" que hubiera instrucciones del presidente José Antonio Griñán en esa línea. Por ese motivo, la Junta entiende que las declaraciones de Antonio Sanz "lesionan gravemente y de manera falsa a las instituciones de la Junta de Andalucía y en concreto a la persona del presidente".
Sanz ha añadido que su partido está "convencido" de que pudo haber acudido allí "enviado" por Griñán. Según la Consejería, Sanz "miente" cuando afirma que Griñán dio instrucciones para destruir y falsificar esta documentación, y ha añadido que el dirigente del PP "continúa con su estrategia habitual de difamación y falsas acusaciones".
Fuente: diariodesevilla.es
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