EMPRESAS | Levantan el secreto de sumario
 |
| Mansión familiar en Madrid. | Efe |
- El juez considera que se creó una estructura piramidal con los pagarés
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha concluido que la familia Ruiz-Mateos utilizaba el dinero de Nueva Rumasa para aportar capital a sus sociedades patrimoniales y mantener así su "alto nivel de vida", según el auto de dictado el 15 de febrero.
El juez ha levantado así parcialmente el secreto de sumario de las investigaciones abiertas a Nueva Rumasa, durante las que se ha detectado "numerosa documentación" sobre la presencia de las sociedades del grupo en Belice, Antillas Holandesas, Islas Vírgenes, Panamá, Suiza, Holanda, EEUU, Andorra y Chile.
En concreto, el juez considera que la sociedad Bardajera actuaba como "gestora de la caja única oficial" de Nueva Rumasa y llegó a recibir 673 millones de euros del resto de sociedades del conglomerado empresarial, "gran parte de ellos procedentes de los inversionistas que adquirieron pagarés".
Según el auto, los Ruiz-Mateos distribuyeron parte de ese dinero en inyecciones de liquidez a las empresas de Nueva Rumasa, otra parte en devolver los intereses de los pagarés que iban venciendo y parte en el pago de las hipotecas de las viviendas de los hijos varones del empresario jerezano. Además, de las cuentas de Bardajera se sacaran en efectivo 78 millones de euros de los que se desconoce su destino final.
El grupo empresarial acumulaba deudas de 1.500 millones de euros.
Una estructura piramidal
El juez ha levantado así parcialmente el secreto de sumario de las investigaciones abiertas a Nueva Rumasa, durante las que se ha detectado "numerosa documentación" sobre la presencia de las sociedades del grupo en Belice, Antillas Holandesas, Islas Vírgenes, Panamá, Suiza, Holanda, EEUU, Andorra y Chile.
En concreto, el juez considera que la sociedad Bardajera actuaba como "gestora de la caja única oficial" de Nueva Rumasa y llegó a recibir 673 millones de euros del resto de sociedades del conglomerado empresarial, "gran parte de ellos procedentes de los inversionistas que adquirieron pagarés".
Según el auto, los Ruiz-Mateos distribuyeron parte de ese dinero en inyecciones de liquidez a las empresas de Nueva Rumasa, otra parte en devolver los intereses de los pagarés que iban venciendo y parte en el pago de las hipotecas de las viviendas de los hijos varones del empresario jerezano. Además, de las cuentas de Bardajera se sacaran en efectivo 78 millones de euros de los que se desconoce su destino final.
El grupo empresarial acumulaba deudas de 1.500 millones de euros.
Una estructura piramidal
Según el auto, las empresas de Nueva Rumasa "sufrían un situación de extrema falta de liquidez", provocada por una gestión de caja de las empresas por parte de la familia. Para solventarlo, "idearon la emisión de pagarés, pero el resultado les sobrepasó, dada la enorme demanda que generaron y a sabiendas de la complicada situación en la que se encontraban sus sociedades y de las enormes dificultades que tendrían el día de mañana para poder responder a los intereses y el principal invertido".
El auto recoge que, en principio, pudieron cumplir con sus obligaciones respecto a los intereses y la devolución del principal", muy probablemente gracias a un efecto piramidal; los nuevos inversores pagaban los intereses de los antiguos con sus aportaciones y cuando llegaba la fecha de recuperar el principal eran convencidos para reinvertir.
En el texto se indica que con una campaña publicitaria que no reflejaba fielmente la realidad de la inversión, lograron captar, según los datos aportados por los Ruiz-Mateos a 4.110 inversores, que destinaron 337,37 millones de euros a estas 13 emisiones.
Dinero en 'B'
Sin embargo, los listados detectados en los que figuran nombres en clave para identificar a los inversores, tanto en Jerez de la Frontera (Cádiz) como en Madrid, hacen sospechar que probablemente hubo ciertas cantidades entregadas en dinero en efectivo o en 'B', y por lo tanto no fueron declaradas debidamente ante la Hacienda Pública.
La investigación policial recoge un total de 716 nombres de diferentes "clientes" o inversores, y un montante efectivo líquido invertido por este concepto, que ascendería a 146 millones.
Amenazas a jueces
Según figura en el auto, tras la "caótica situación de Nueva Rumasa, decidieron recurrir a Ángel de Cabo, propietario de una empresa especializada, "al parecer en reflotar o en su caso liquidar" sociedades que se encuentran en situación de crisis, quien en septiembre adquiere numerosas empresas de Nueva Rumasa.
El texto recoge que Ángel de Cabo Sanz "podría haber firmado un acuerdo privado con José María Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada en el que se repartirían los beneficios que pueda obtener Ángel de Cabo de la liquidación de las empresas del grupo.
Las investigaciones concluyen que De Cabo "tiene en su poder" toda la documentación relacionada con las cuentas bancarias de Suiza a nombre de las matrices holandesas de Nueva Rumasa y de los concursos voluntarios de acreedores en los que se encuentran las sociedades del grupo.
El juez señala que Cabo, "para lograr el máximo beneficio", llevaba a cabo estrategias que consistían en "la elaboración de documentos predatados, prácticas de extorsión, coacción y amenazas a administradores concursales, jueces de lo mercantil y otras personas que pudieran hacer peligrar sus planes".
De Cabo también está imputado en la causa y declarará ante el juez junto a dos de sus colaboradores los próximos 28 y 29 de febrero.
Fuente: EL MUNDO.es
El texto recoge que Ángel de Cabo Sanz "podría haber firmado un acuerdo privado con José María Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada en el que se repartirían los beneficios que pueda obtener Ángel de Cabo de la liquidación de las empresas del grupo.
Las investigaciones concluyen que De Cabo "tiene en su poder" toda la documentación relacionada con las cuentas bancarias de Suiza a nombre de las matrices holandesas de Nueva Rumasa y de los concursos voluntarios de acreedores en los que se encuentran las sociedades del grupo.
El juez señala que Cabo, "para lograr el máximo beneficio", llevaba a cabo estrategias que consistían en "la elaboración de documentos predatados, prácticas de extorsión, coacción y amenazas a administradores concursales, jueces de lo mercantil y otras personas que pudieran hacer peligrar sus planes".
De Cabo también está imputado en la causa y declarará ante el juez junto a dos de sus colaboradores los próximos 28 y 29 de febrero.
Fuente: EL MUNDO.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario