En términos históricos, la separación de Escocia de Gran Bretaña representaría un traumático golpe a la integridad territorial británica.
Mientras se agita el diferendo con la Argentina por la soberanía de las islas Malvinas, David Cameron enfrenta un desafío mucho más serio en el corazón de su frente interno: el Gobierno escocés acaba de oficializar su decisión de convocar a un referendo para legitimar la separación de Escocia del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y su incorporación, como país independiente, a la Unión Europea.
En términos históricos, la separación de Escocia representaría un traumático golpe a la integridad territorial británica, de una dimensión semejante a la que en 1921 implicó la independencia de Irlanda del Sur. El gobierno conservador teme que, a largo plazo, el “mal ejemplo” escocés pueda llevar a la reunificación irlandesa y a la independencia de Gales, con lo que el Reino Unido quedaría geográficamente reducido a Inglaterra.
“Independientes dentro de la Unión Europea” es la consigna acuñada por el primer ministro Alex Salmond, líder del Partido Nacionalista Escocés. Pese al carácter “amistoso” con que las autoridades de Edimburgo plantean los términos del divorcio, con la comprensible intención de distinguirlo del conflicto de Irlanda, la opinión pública británica siente la separación de Escocia como un nuevo signo de decadencia nacional.
Aunque el nacionalismo escocés tuvo siempre una poderosa ala republicana, Salmond subraya que la declaración de la independencia no implicaría ninguna ruptura con la Corona británica. Escocia pasaría a integrar la Mancomunidad Británica de Naciones. El primer ministro insiste también en descartar la incorporación a la zona del euro. Asegura que la libra esterlina se mantendría como moneda nacional.
Cameron, que en principio había desconocido las facultades legales del Parlamento escocés para convocar al referendo, terminó por resignarse ante los hechos. Lo contrario hubiera significado un flagrante desconocimiento al mentado principio de autodeterminación, que constituye la base jurídica sobre la que Londres pretende fundar sus derechos sobre las Malvinas.
De la Edad Media a James Bond
La incorporación de Escocia al Reino Unido data del Acta de Unión suscripta en 1707, un acuerdo que fue el resultado de largas guerras cuyos orígenes se remontan a la Edad Media y dejaron una huella imborrable en la memoria popular.
Diamond quiere que el referendo tenga lugar en 2014, en coincidencia con la conmemoración de los 700 años de la sangrienta batalla de Bannokburn, en la que las tropas escocesas derrotaron a las británicas, un episodio histórico que fue difundido internacionalmente por el éxito de taquilla de la película “Corazón valiente”, protagonizada por Mel Gibson.
Durante estos tres siglos, la identidad nacional escocesa y el sentimiento independentista se mantuvieron incólumes. Sean Connery, el célebre actor que saltó a la fama como intérprete de James Bond, fue uno de los adalides de esa contumaz exigencia de soberanía.
En 1998, para apaciguar las ansias autonómicas, el gobierno laborista liderado por Tony Blair concedió a Escocia un estatuto de autonomía, que implicó el fortalecimiento de las autoridades locales y la creación de un Parlamento regional y la delegación de más competencias en materia de educación, salud pública, medio ambiente y seguridad.
Lejos de resolver el tema, aquel reconocimiento de derechos incentivó el espíritu independentista. En las sucesivas elecciones, los tres clásicos “partidos nacionales” británicos (laboristas, conservadores y liberales) empezaron a perder votos frente a las ascendentes formaciones locales nacionalistas. En este contexto, el Partido Nacional Escocés, fundado en 1934, ganó por primera vez las elecciones de 2007 y pasó a encabezar el gobierno local. Con su abrumadora victoria en los recientes comicios legislativos, que le otorgaron mayoría absoluta en el Parlamento de Edimburgo, los partidarios de la independencia juzgaron que había llegado su hora.
Vueltas de la economía
Una de las limitaciones estructurales para el independentismo escocés fue el factor económico. Se suponía que Escocia no estaba en condiciones de sobrevivir fuera del Reino Unido. Pero las condiciones han cambiado radicalmente y los escoceses están convencidos de que pueden valerse por sí mismos.
Por un lado, está la cuestión de los yacimientos del Mar del Norte, que en su mayor parte quedarían bajo la soberanía escocesa, unida al aumento del precio internacional de los combustibles, que generaron un fuerte incremento de ingresos. Escocia es un país rico y sus gobernantes enfatizan que existen varias prósperas naciones europeas con menos población.
Por otra parte, los niveles de integración alcanzados por la Unión Europea hacen que cualquiera sus miembros pueda hoy relacionarse directamente con la economía comunitaria de una forma similar a la que las provincias o regiones de un estado determinado se vinculan con su respectiva economía nacional.
La opinión pública escocesa, que hasta ahora había estado más cerca del reclamo de autogobierno que de la alternativa de una completa independencia, empezó a variar su posición cuando percibió este cambio en los vientos económicos.
Una caja de Pandora
Las novedades políticas escocesas impactaron de inmediato en España y despertaron también una singular atención en los otros países europeos en los que existen regiones con añejas aspiraciones independentistas.
Madrid teme que la irrupción de una Escocia independiente, asociada a la Unión Europea, promueva un aumento exponencial de las tendencias separatistas en el país vasco y en Cataluña. La diplomacia española se apresuró a advertir que vetaría esa solicitud de incorporación al bloque regional.
Para disipar prevenciones, Salmond enfatizó la singularidad de la “cuestión escocesa”, a la que diferenció de las otras reivindicaciones independentistas: “el Reino Unido se formó hace 300 años por una decisión libre de dos naciones iguales”.
En el mismo sentido, la viceprimer ministra escocesa, Incola Sturgeon, recalcó asimismo que su gobierno no busca sentar jurisprudencia. “No somos ningún precedente. Escocia tiene un régimen constitucional particular y diferente”, afirmó Sturgeon..
No obstante, Sturgeon abrió una polémica cuando aclaró que España no podría vetar el ingreso escocés: “la posición legal está clara. Los escoceses son ciudadanos europeos y continuarán siéndolo. Si Escocia se convierte en independiente seríamos automáticamente miembros de la Unión Europea”.
Este argumento jurídico naturalmente extendió el campo de las preocupaciones, porque idénticos derechos podrían alegar los vascos o los catalanes en España, los flamencos y valones en Bélgica, la Liga del Norte en Italia y así sucesivamente.
No solo en Londres, sino también en la gran mayoría de los gobiernos europeos, cunde entonces la desagradable impresión de que la independencia escocesa podría abrir una caja de Pandora de impredecibles consecuencias.
(*) Publicado en El Tribuno, de Salta.
Fuente: NUEVA RIOJA
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