SOBRE LA LEY DE ACCESO
Los principales estamentos de la Abogacía, los bufetes más importantes y un amplio grupo de decanos de Derecho se muestran a favor de la reforma de la Ley de Acceso que ha propuesto el Ministerio de Justicia. Los estudiantes, por su parte, están totalmente en contra y no descartan movilizaciones.
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| El ministro Ruiz-Gallardón en la Comisión de Justicia. |
La propuesta de reforma de la Ley 34/2006 de Acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales que adelantó ayer EXPANSIÓN, y que el propio Ministerio de Justicia ratificó horas más tarde en un comunicado, ha obtenido opiniones mayoritariamente positivas en el sector legal, tanto en estamentos de la Abogacía como de los despachos de abogados, y de una gran parte de los decanos de Derechos de las universidades. Tan sólo una parte de los estudiantes de Derecho ha mostrado su disconformidad.
El texto que han consensuado Justicia y Educación exime de realizar el máster a los alumnos que se hubieran matriculado en sus estudios de Derecho antes de la publicación de la citada Ley, el 31 de octubre de 2006. Estos estudiantes tendrán un plazo de dos años para colegiarse a partir de la obtención del título de Licenciado en Derecho.
Fuentes del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) han manifestado a EXPANSIÓN que “esta institución valora positivamente la decisión del Ministerio de Justicia comunicada ayer, que permitirá a los futuros Abogados disponer de la formación específica que exige el adecuado ejercicio del derecho de defensa y la necesaria equiparación a la normativa europea”.
Por su parte, el diputado responsable de formación del Iustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), Jesús Sánchez, comenta que “me parece positivo esta propuesta por trata de subsanar unas desigualdades producidas, pero habrá que esperar a su regulación final”.
Los despachos
Una representación de los principales bufetes de abogados también se muestra a favor de la propuesta de reforma del ministro Ruiz-Gallardón. Para Javier Mourelo, director de Desarrollo de Recursos Humanos en Clifford Chance “es una reforma razonable y justa, por un lado, para los estudiantes que comenzaron antes de publicarse la Ley y por otro, para algunas universidades y escuelas de negocio que llevan tiempo trabajando con los despachos para implantar, con rigor y calidad, los másteres de acceso”.
A Romá Vilanova, director de Recursos Humanos de Roca Junyent también le parece bien y cree que “el plazo es suficiente”. Iciar Rodríguez-Inciarte, adjunta a la socia secretaria general de Uría Menéndez, asegura que “este cambio me parece correcto y razonable porque antes de publicarse la Ley los estudiantes tenían unas expectativas y se les cambió el 'juego'”.
Por su parte, los decanos de Derecho contactados, tanto de universidades públicas como privadas, han emitido mayoritariamente una opinión positiva a la posible reforma, pero han preferido no salir citados en esta noticia. Aseguran que lo que se ha presentado “es lo más razonable y la decisión menos perjudicial”. Pero algunos de ellos, aunque ven positiva esta propuesta del departamento de Ruiz-Gallardón, también añaden “que lo realmente más coherente sería ir más allá y eximir a todos los licenciados tal como propone la propuesta no de ley del Partido Popular”.
Estudiantes
Sin embargo los estudiantes se han mostrado totalmente en contra y se sienten “engañados”. El presidente de la Asociación de afectados por la Ley de Acceso a la Abogacía (ANALAP), José Beceiro ha afirmado a este diario que “nos parece una injusticia absoluta y un agravio comparativo entre unos licenciados y otros”. Beceiro añade que con esta propuesta “se está premiando a la gente que ha tardado en acabar la carrera. Vamos a pelear por ello y no descartamos movilizaciones”.
También la Conferencia de representantes estudiantiles de derecho de España (CREDE) ha emitido un comunicado a los medios donde especifica que “no se puede entender la separación de Justicia con la Proposición no de Ley del grupo Popular presentada en el Congreso y reitera la exigencia de que sean excluidos los Licenciados en Derecho de la aplicación de la mencionada Ley”. CREDE añade que “la aplicación de esta Ley a los Licenciados implica situaciones de grave injusticia que vienen siendo denunciadas públicamente, porque por ejemplo, todos los Licenciados en Derecho han recibido la misma formación académica organizada en cinco años de estudios”.
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