El Gobierno legislará este trimestre
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| Una oficina del Inem en Madrid. | Gonzalo Arroyo |
- El Gobierno legislará tras fracasar el acuerdo entre sindicatos y CEOE
La reforma laboral se escribe en singular pero desde que empezó la crisis ha estado presente una y otra vez entre los ajustes y cambios citados como necesarios y urgentes en la economía española.
No en vano, la nueva legislación que prepara el Gobierno del Partido Popular será la tercera reforma del mercado laboral desde que comenzó la crisis. Como en las dos ocasiones anteriores, la negociación entre sindicatos y la patronal parece haber fracasado, salvo sorpresa de última hora, con lo que la pelota vuelve a estar en el alero del Ejecutivo.
"Los objetivos son claros: aumentar el empleo. Por tanto,la reforma debe centrarse en medidas activas de empleo frente a las pasivas llevadas a cabo hasta el momento", afirma José Luis Martínez Campuzano, estratega jefe de Citi. "En segundo lugar, es importante simplificar el mercado de trabajo actual. Hay que luchar contra la temporalidad o dualidad", añade el economista.
"Reformar el mercado laboral en un momento como éste es una propuesta muy delicada, pero tanto por la salud de la economía española a largo plazo como para recuperar la confianza a corto plazo de los inversores es imprescindible", afirma por su parte Gayle Allard, experta en mercado laboral de IE Business School.
"Hay que llevar a cabo un malabarismo: abaratar el despido sin animar a las empresas a deshacerse de miles de trabajadores poco productivos, en un momento en el que el paro ya roza el 22% y va a seguir subiendo durante unos trimestres más, y en el que los recursos públicas escasean. Es difícil imaginarse un reto más complejo", agrega Allard.
Reforma para febrero
La intención del Gobierno de Rajoy es tener lista la reforma a mediados de febrero, con lo que adelanta su proyecto inicial de que saliera adelante en marzo.
En principio, el Ejecutivo respetará los acuerdos 'menores' a los que han llegado los sindicatos y patronal sobre jubilaciones anticipadas y prejubilaciones; la solución autónoma de conflictos; la formación profesional; el absentismo y mutuas; la racionalización de festivos y las bonificaciones y reposición de prestaciones en los ERE.
De este modo, el Gobierno deberá decidir principalmente sobre los siguientes temas:
Reducir el número de contratos
La patronal propuso reducir los tipos de contratos, algo que los sindicatos no veían necesario, y flexibilizar el de tiempo parcial. El segundo punto fue el que creó más discrepancias entre los agentes sociales.
La CEOE es partidaria de una mayor flexibilización del contrato parcial para que el número de horas necesarias se puedan reducir y, también, para que el empresario tenga una mayor capacidad de decisión sobre el horario.
Los sindicatos se oponen debido a que creen que quedaría completamente desregulado y sin protección social.
Coste del despido
Uno de los problemas que se suele achacar al mercado de trabajo español es la enorme diferencia existente entre la protección que encuentran los trabajadores indefinidos y los temporales.
De este modo, una de las decisiones que tendrá que tomar el Gobierno será si acaba o no con el contrato indefinido ordinario con una indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado y un máximo de 42 mensualidades para los nuevos trabajadores. En 2011 se firmaron 544.428 contratos de esta modalidad, tan sólo el 3,9% del total.
La patronal ha propuesto que el despido improcedente se rebaje a 20 días por año trabajado mientras que los sindicatos aceptaban que la cifra se situara en el entorno de los 30 días, ligeramente por debajo de los 33 del contrato de fomento del empleo.
Este tipo de contrato fue el que se intentó impulsar en la última reforma laboral pero el año pasado tan sólo se contabilizaron 3.7504 contratos indefinidos de esta modalidad, el 0,7% del total.
Las posibilidades para rebajar el coste del despido son variadas. El grupo de economistas Fedea apuesta, por ejemplo,por un contrato único con indemnización progresiva por despido según la antigüedad y que vaya desde los 8-10 días hasta los 33 por año trabajado. Este tipo de contratación lograría incluso rebajar la prima de riesgo, según estos expertos.
Mientras, Allard, de IE Business School, pone el foco en los contratos 'antiguos', los ya existentes. "Se puede abaratar el despido drásticamente si se limitan drásticamente las causes del improcedente", afirma.
"Habría que conseguir que los motivos para un despido procedente fueran amplias y muy claras para que sólo los casos realmente excepcionales acabaran en los tribunales. Este cambio llevaría a que, en efecto, todos los contratos fijos tuvieran un despido de 20 días por año trabajado [la indemnización que se percibe en el despido procedente], abaratando sustancialmente el despido para las empresas y limitando las trabas burocráticas, que también son caras", asegura la economista.
Allard cree que, para evitar despidos masivos, la medida debería acompañarse de "una movilidad funcional muy amplia en la empresa" y "unos incentivos temporales a la nueva contratación y al mantenimiento de la plantilla".
Convenios y salarios
Los sindicatos rechazaron durante la negociación con la CEOE que los salarios quedaran congelados hasta 2013, lo que hubiera supuesto, según fuentes sindicales, sustraer de la masa salarial hasta 9.000 millones de euros.
La moderación de los salarios es una de las vías que se esgrimen para lograr mejorar la competitividad de la economía española.
La reforma de los convenios colectivos en la que se negocia el peso de estos en la negociación colectiva y la introducción de supuestos para los descuelgues salariales -las circunstancias que pueden permitir a una empresa no realizar las subidas salariales pactadas- fueron materias en las que tampoco hubo acuerdo entre los agentes sociales.
Sin embargo, tanto CEOE como sindicatos estuvieron de acuerdo en solicitar más tiempo al Gobierno en estos puntos, que consideran exclusivo de "su espacio bilateral de negociación".
"El modelo sindical español tiene que replantearse. Es una tarea políticamente complicada, pero el modelo actual está asociado a la baja productividad, el alto paro, la dualidad del mercado laboral y unas subidas salariales que son demasiado altas para mantener la competitividad de la economía. Lo ideal sería que su estructura fuera industrial o sectorial en vez de política", afirma en relación a este tema Gayle Allard.
Fondo austriaco
El conocido como 'fondo austriaco' ya se debatió en la anterior reforma laboral y, finalmente, su puesta en marcha se retrasó por la falta de recursos. Se trata de un sistema que permite al trabajador acumular un fondo de despido de empresa a empresa y que puede disfrutarse incluso disfrutar en la jubilación.
Durante la negociación entre los agentes sociales las discrepancias han estado en cómo poder ponerlo en marcha ahora que se han emprendido medidas tan duras de ajuste y de recortes. La CEOE rechaza que suban las cotizaciones para financiarlo.
En otro ámbito, Allard, de IE Business School, es partidaria de reformar también el sistema del subisidio de desempleo y convertir en "obligatorio que los parados asistan a cursos de formación a partir de los seis meses en el paro", como en otros países de la UE. La medida, según la economista, bajaría el fraude, "probablemente de manera drástica" y supondría un ahorro para España, el país desarrollado que más gasta en el subsidio (casi el 3% del PIB, según la OCDE).
Fuente: EL MUNDO.es
Fuente: EL MUNDO.es
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