Economía, negocios y finanzas
El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha puesto de acuerdo a Estado y a comunidades autónomas. La situación es crítica y no hay más dinero que repartir. Se pueden pedir más créditos (a través del ICO, por ejemplo) o tardar más tiempo en pagar. Pero, eso sí, cualquier desviación sobre el ajuste prometido tendrá graves consecuencias. Con las evidentes diferencias, la hoja de ruta será similar a la tomada por la Unión Europea con Grecia.
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| El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, saluda a la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que ha congregado esta tarde a los consejeros de hacienda de las comunidades autónomas. EFE |
¿Será Toledo la próxima Atenas? ¿Y Valencia la siguiente Lisboa? El Gobierno presentó ayer a las comunidades autónomas su propuesta de Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, una norma que, si se lleva al extremo, recuerda muchas de las fricciones actuales entre los organismos internacionales y Grecia.
Con ella quiere asegurarse por ley que ninguna administración se escape de la ortodoxia a la hora de cuadrar las cuentas. Y, para el que se salga de los límites, el marcaje será similar al que el Ejecutivo griego padece por parte de la Unión Europea.
Según señaló ayer el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, tras más de cuatro horas de Consejo de Política Fiscal y Financiera, las sanciones que se impondrán a las autonomías incumplidoras "irán en la línea que ya marca la Unión Europea".
De inmediato, puso un ejemplo a través de la posible intervención de una comunidad. Bruselas impone un supervisor a los países que se han declarado en suspensión de pagos y éste debe monitorizar el cumplimiento del plan de ajuste comprometido (junto a otro representante del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo).
Así se hará con las regiones que se declaren en default una vez que hayan fallado todos los mecanismos adicionales, como a través de una emisión de deuda o con procesos de refinanciación. Su plan de saneamiento es intocable y su acatamiento exacto será tomado como baremo en todo momento.
Sin embargo, el paralelismo no se detiene ahí. La traslación de la gobernanza europea a la próxima ley española también supondrá que si una autonomía incurre en un déficit excesivo sea ese Gobierno el que pague la multa.
Hasta ahora, cuando una región superaba sus parámetros, el suspenso quedaba recogido en las cuentas generales del Estado y era éste el que debía afrontar el castigo comunitario.
Ya no: los que sobrepasen los números rojos serán los que respondan directamente ante la Unión Europea.
Esto no es todo: una tercera forma de penalización espera a los rezagados en el caso más extremo de que no sirvan ni la sanción directa ni la vigilancia del supervisor. Para ellos, el Gobierno se guarda la potestad de ir recortando la serie de medidas que ayer mismo acordó extender a las autonomías para inyectarles de liquidez.
Por ejemplo, la prórroga de cinco a diez años del periodo de devolución de pagos adelantados de la financiación quedará cancelada, es decir, que se regresará al plazo máximo de cinco años. Al mismo tiempo, no habría más adelantos de ningún tipo ni otras medidas de gracia.
En definitiva, tal y como sucede con el caso heleno y la UE, que no libera los distintos tramos del rescate hasta que no se acatan los pasos previos, bien consistan en el ajuste de las cuentas o a en recomendaciones de los supervisores.
¿Y cuándo se determina que una autonomía debe ser multada? Montoro no quiso hablar de mecanismos automáticos ni de cifras de deuda o déficit respecto al Producto Interior Bruto a partir del que se actuará. "Se tomarán medidas cuando una autonomía sea incapaz de pagar. Así de sencillo", zanjó sin querer profundizar mucho más.
De hecho, no hay que olvidar que el Consejo de Política Fiscal y Financiera sólo es un primer paso del largo proceso de negociaciones que espera a Estado y autonomías para concretar del todo la Ley de Estabilidad.
De momento, el Ejecutivo pretende que en dicha norma quede fijado que, a partir del año 2020, todas las administraciones deberán presentar equilibrio presupuestario o superávit, de forma que el déficit estructural no podrá superar el 0,4% del PIB y la deuda no podrá superar el 60% del PIB regional.
Fuente: lainformacion.com
Con ella quiere asegurarse por ley que ninguna administración se escape de la ortodoxia a la hora de cuadrar las cuentas. Y, para el que se salga de los límites, el marcaje será similar al que el Ejecutivo griego padece por parte de la Unión Europea.
Según señaló ayer el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, tras más de cuatro horas de Consejo de Política Fiscal y Financiera, las sanciones que se impondrán a las autonomías incumplidoras "irán en la línea que ya marca la Unión Europea".
De inmediato, puso un ejemplo a través de la posible intervención de una comunidad. Bruselas impone un supervisor a los países que se han declarado en suspensión de pagos y éste debe monitorizar el cumplimiento del plan de ajuste comprometido (junto a otro representante del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo).
Así se hará con las regiones que se declaren en default una vez que hayan fallado todos los mecanismos adicionales, como a través de una emisión de deuda o con procesos de refinanciación. Su plan de saneamiento es intocable y su acatamiento exacto será tomado como baremo en todo momento.
Sin embargo, el paralelismo no se detiene ahí. La traslación de la gobernanza europea a la próxima ley española también supondrá que si una autonomía incurre en un déficit excesivo sea ese Gobierno el que pague la multa.
Hasta ahora, cuando una región superaba sus parámetros, el suspenso quedaba recogido en las cuentas generales del Estado y era éste el que debía afrontar el castigo comunitario.
Ya no: los que sobrepasen los números rojos serán los que respondan directamente ante la Unión Europea.
Esto no es todo: una tercera forma de penalización espera a los rezagados en el caso más extremo de que no sirvan ni la sanción directa ni la vigilancia del supervisor. Para ellos, el Gobierno se guarda la potestad de ir recortando la serie de medidas que ayer mismo acordó extender a las autonomías para inyectarles de liquidez.
Por ejemplo, la prórroga de cinco a diez años del periodo de devolución de pagos adelantados de la financiación quedará cancelada, es decir, que se regresará al plazo máximo de cinco años. Al mismo tiempo, no habría más adelantos de ningún tipo ni otras medidas de gracia.
En definitiva, tal y como sucede con el caso heleno y la UE, que no libera los distintos tramos del rescate hasta que no se acatan los pasos previos, bien consistan en el ajuste de las cuentas o a en recomendaciones de los supervisores.
¿Y cuándo se determina que una autonomía debe ser multada? Montoro no quiso hablar de mecanismos automáticos ni de cifras de deuda o déficit respecto al Producto Interior Bruto a partir del que se actuará. "Se tomarán medidas cuando una autonomía sea incapaz de pagar. Así de sencillo", zanjó sin querer profundizar mucho más.
De hecho, no hay que olvidar que el Consejo de Política Fiscal y Financiera sólo es un primer paso del largo proceso de negociaciones que espera a Estado y autonomías para concretar del todo la Ley de Estabilidad.
De momento, el Ejecutivo pretende que en dicha norma quede fijado que, a partir del año 2020, todas las administraciones deberán presentar equilibrio presupuestario o superávit, de forma que el déficit estructural no podrá superar el 0,4% del PIB y la deuda no podrá superar el 60% del PIB regional.
Fuente: lainformacion.com
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