Las facturas se cobran a 162 días, casi 4 meses por encima del límite legal
La vuelta a la recesión ha traído un repunte de la morosidad comercial en España. Las Administraciones tardan 162 días de media en pagar sus facturas, tan solo seis menos que Grecia, mientras que las empresas llegan a los 98 días. Además, la media de impagos se ha disparado y se ha situado en máximos históricos (un 7,1%).
Carlos Molina - Madrid - 17/01/2012 - 07:00
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que representa a un millón de empresas y a 4,5 millones de trabajadores y autónomos, lanzó ayer la voz de alarma. Lejos de mejorar, la morosidad comercial sigue creciendo en España y no solo en las Administraciones públicas, sino también en las empresas privadas, lo que está ahogando a miles de pymes y autónomos y los está abocando a un nuevo cierre masivo, tal y como ha ocurrido desde que se inició la crisis.
Las Administraciones públicas pagaron sus facturas durante el pasado ejercicio a 162 días, cinco más que el anterior, y 112 por encima del límite fijado en la nueva Ley de Morosidad. Por su parte, las empresas abonaron sus facturas a un plazo medio de 98 días, 5 más que un año antes y 13 días más que el límite legal. "Y ya no solo hay retrasos, sino que se ha producido un repunte de los impagos. En el último ejercicio han crecido dos puntos, hasta situarse en el 7,1% sobre el total", apuntó ayer Antoni Cañete, portavoz de la plataforma, durante la presentación de los resultados de la última encuesta sobre formas de pago en 2011, elaborada tras encuestar a casi 1.000 compañías.
"Hemos llegado a un punto y seguido en la lucha contra la morosidad. El cáncer se ha hecho metástasis y es necesario que el nuevo Ejecutivo aplique medidas de urgencia", señaló alertado sobre la negativa evolución de los plazos de pago en España que, a su juicio, ha sido la causante de uno de cada tres cierres empresariales en España. De hecho, los plazos de pago de empresas y Administraciones españolas están a la cola en la clasificación de la UE y ya se encuentran (ver gráfico adjunto) prácticamente al mismo nivel que Grecia (168 días) y por encima de Portugal (139), ambos intervenidos por la Unión Europea por sus desequilibrios económicos.
En este contexto, la plataforma solicitó ayer al Ejecutivo la puesta en marcha de un plan de choque que sirva para poner el reloj de la deuda comercial a cero basado en tres ejes. "Se trataría de que todas las Administraciones públicas se comprometan a que no crezca más la deuda con los proveedores, que asuman los sacrificios necesarios para saldar la deuda pendiente (estimada en unos 35.000 millones de euros) y que se abra un periodo de diálogo con todas las Administraciones implicadas", apuntó Cañete. En su opinión, este plan de choque no es nada nuevo, sino que sería reeditar lo que ya hizo el Gobierno socialista en 1992. "Solo hace falta voluntad política para que las Administraciones y las empresas dejen de financiarse a a costa de los proveedores", apuntó en referencia al Ejecutivo, al que ya le ha hecho llegar este estudio. "Fue uno de los que más nos apoyó en la oposición para cambiar la Ley de Morosidad y espero que siga haciéndolo", apuntó.
La Ley de Morosidad, en vigor desde julio de 2010, establece un calendario progresivo de reducción en los plazos de pago hasta el 1 de enero de 2013, en el que las Administraciones no podrán pasar de 30 días y las empresas, de 60.
Las Administraciones públicas pagaron sus facturas durante el pasado ejercicio a 162 días, cinco más que el anterior, y 112 por encima del límite fijado en la nueva Ley de Morosidad. Por su parte, las empresas abonaron sus facturas a un plazo medio de 98 días, 5 más que un año antes y 13 días más que el límite legal. "Y ya no solo hay retrasos, sino que se ha producido un repunte de los impagos. En el último ejercicio han crecido dos puntos, hasta situarse en el 7,1% sobre el total", apuntó ayer Antoni Cañete, portavoz de la plataforma, durante la presentación de los resultados de la última encuesta sobre formas de pago en 2011, elaborada tras encuestar a casi 1.000 compañías.
"Hemos llegado a un punto y seguido en la lucha contra la morosidad. El cáncer se ha hecho metástasis y es necesario que el nuevo Ejecutivo aplique medidas de urgencia", señaló alertado sobre la negativa evolución de los plazos de pago en España que, a su juicio, ha sido la causante de uno de cada tres cierres empresariales en España. De hecho, los plazos de pago de empresas y Administraciones españolas están a la cola en la clasificación de la UE y ya se encuentran (ver gráfico adjunto) prácticamente al mismo nivel que Grecia (168 días) y por encima de Portugal (139), ambos intervenidos por la Unión Europea por sus desequilibrios económicos.
En este contexto, la plataforma solicitó ayer al Ejecutivo la puesta en marcha de un plan de choque que sirva para poner el reloj de la deuda comercial a cero basado en tres ejes. "Se trataría de que todas las Administraciones públicas se comprometan a que no crezca más la deuda con los proveedores, que asuman los sacrificios necesarios para saldar la deuda pendiente (estimada en unos 35.000 millones de euros) y que se abra un periodo de diálogo con todas las Administraciones implicadas", apuntó Cañete. En su opinión, este plan de choque no es nada nuevo, sino que sería reeditar lo que ya hizo el Gobierno socialista en 1992. "Solo hace falta voluntad política para que las Administraciones y las empresas dejen de financiarse a a costa de los proveedores", apuntó en referencia al Ejecutivo, al que ya le ha hecho llegar este estudio. "Fue uno de los que más nos apoyó en la oposición para cambiar la Ley de Morosidad y espero que siga haciéndolo", apuntó.
La Ley de Morosidad, en vigor desde julio de 2010, establece un calendario progresivo de reducción en los plazos de pago hasta el 1 de enero de 2013, en el que las Administraciones no podrán pasar de 30 días y las empresas, de 60.
Más dinero del ICO, sanciones y cambios en el IVA
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad presentó ayer sus propuestas para tratar de frenar la deuda que Administraciones y empresas han contraído con pymes y autónomos.
-Financiación alternativa: el presidente de la plataforma, Rafael Barón, exigió líneas de financiación y avales del ICO y de las sociedades de garantía recíproca "suficientes y de aplicación ágil para inversión y circulante de pymes y autónomos". Asimismo, solicitó la ampliación de los incentivos fiscales para instrumentos financieros como el capital riesgo o los business angels.
-Régimen sancionador: otra de las exigencias de la plataforma es la puesta en marcha de un régimen sancionador, incluido en un reglamento de la Ley de Morosidad, aún pendiente de desarrollar, para evitar la sensación de impunidad entre aquellos que alarguen sus plazos de pago o no abonen sus facturas. Ese régimen establece sanciones que van desde los 6.000 euros para las leves hasta los 900.000 euros para las graves. Entre las últimas figura exceder en 60 días el plazo legal de pago o incumplir el límite cuando la cuantía de la operación comercial supera los 300.000 euros.
-Cambios en el IVA: la plataforma valora el anuncio realizado por el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en el debate de investidura sobre la implantación del criterio de caja en el pago del IVA (solo se pagará cuando se haya cobrado la factura), aunque exige también la creación de cuentas corrientes tributarias con las distintas Administraciones para compensar deudas cruzadas.
-Medidas extrajudiciales: la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad pide la traslación del modelo que se aplica en Francia para la resolución extrajudicial de conflictos entre acreedores y deudores, en el que una reclamación extrajudicial del proveedor al cliente puede ser utilizada como prueba ante un juzgado.
Fuente: Cinco Días.com 
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