Publicado el miércoles 30 de noviembre de 2011
El Ejecutivo no tendrá presencia en el gobierno del Banco de España y los únicos que podrían realizar la supervisión serán los inspectores
Los populares son, como lo han sido a lo largo de la legislatura, muy críticos con el Gobierno y con el Banco de España por cómo han llevado la gestión de la crisis bancaria. Consideran, que los diferentes planes de reestructuración llevados a cabo por el Gobierno de Zapatero desde octubre de 2008 no han surtido efecto porque ninguno ha pretendido sanear el sistema, cuestión básica en un proceso de reestructuración de una entidad de crédito o del sistema crediticio. En cambio los conservadores buscan dar un giro de 180 grados a esta situación. Los documentos en los que basarán su propuesta son muy similares a los documentos en los que asentaron su programa electoral. Una de sus prioridades es asegurarse de que el sistema financiero funciona de forma eficaz y eficientemente, porque una economía desarrollada no puede funcionar sin crédito. Pasando del terreno de los principios al de los hechos, dan por hecho que en la situación actual existe el riesgo de tener que nacionalizar una parte importante del sistema financiero, con los riesgos que va a suponer para la credibilidad del Estado. A ello se suma el temor de que la ausencia de crédito y un mercado inmobiliario todavía sobrevalorado y sobre endeudado pueda bloquear el correcto funcionamiento del resto de los sectores económicos durante bastante tiempo.
La idea básica del proyecto popular es capitalizar el sistema una vez que se haya producido su saneamiento para no mezclar dinero bueno con dinero malo y acabar perdiéndolo todo. Así el proceso de capitalización debe ser la consecuencia del saneamiento.
Rechazan, al menos de momento, la propuesta de Rodrigo Rato de constituir un banco malo para limpiar los balances de forma rápida y van a proponer que las pérdidas sean asumidas en primera instancia por las propias entidades y por los titulares de bonos preferentes y subordinados.
La propuesta inicial habla de exigencias de responsabilidad a los gestores de las entidades que necesiten ser rescatadas, pero no especifica si la propuesta tendrá o no carácter retroactivo.
Pese a que quieren incidir en la reforma del Banco de España reiteran el fortalecimiento de su autonomía. En el máximo órgano de Gobierno constituido por un gobernador, un subgobernador y tres consejeros, no habrá ningún representante del Gobierno. Serán designados por el Parlamento a propuesta del Gobierno.
Donde se produciría la mayor reforma será en la función inspectora que se llevará a cabo exclusivamente por los Inspectores del Banco de España. Este ha sido uno de los aspectos más criticados en el Parlamento en las comparecencias del actual Gobernador del Banco de España, por la que consideran grave incidencia al ocultar informes por parte de los actuales gestores de la entidad.
Proponen también los populares modificaciones muy relevantes de la legislación vigente que regula la concesión de créditos hipotecarios, que en los momentos de crisis ha provocado la ruina a cientos de familias,y que incluiría la regulación de los riesgos de la reunificación de deudas a particulares.
Finalmente quieren también los conservadores mejorar el funcionamiento de los Fondos de Garantías de Depósito, cuya fusión ha cosechado las más ácidas críticas por parte de los profesionales del sector, introduciendo factores que discriminen a las entidades bien gestionadas de las peores, a la hora de fijar su contribución al mismo. Y por último quieren revisar la Circular 4/2004 sobre la cobertura del riesgo de crédito, tan vinculada con la especificidad de la normativa sobre la banca española.
Pues tienen trabajo por delante.
Fuente: Capital Madrid.com
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