Izquierda Unida, contra Microsoft y Apple

Reflexiones

01/11/2011 | 13:00

En mi empeño por analizar las propuestas de los distintos partidos políticos en mi negociado, toca estudiar el programa electoral de Izquierda Unida. ¿Lo más llamativo? El empeño de la organización que dirige Cayo Lara en criticar a Microsoft y de Apple, la petición (compartida por UPyD) de subir el gasto público en I+D+i hasta que suponga el 2% del PIB, la universalización de una Internet gratuita ¡hasta una velocidad de 10 mbps! (ahí es nada) y la ausencia de la tecnología entre los sectores que la coalición considera claves para el futuro.

Como he venido haciendo, primero vamos a enumerar algunas de las propuestas de Izquierda Unida- Los Verdes, y dejaremos las conclusiones para el final.

Nuevo modelo productivo

Recuperar para el sector público empresas públicas privatizadas, especialmente en los sectores estratégicos: energía, comunicaciones, transporte, soberanía alimentaria, correos, banca, ...

• Considerar como sectores básicos: Construcción, Automoción, Turismo, Agricultura desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, y Química verde. Estos sectores son imprescindibles para mantener el empleo en España y deben afrontar importantes procesos de modernización y de cambio. Son sectores esenciales en un cambio de modelo productivo en nuestro país, tanto en por su importancia en el PIB como en la generación de empleo.

• Los sectores emergentes: agricultura ecológica, construcción y reparación naval y de material ferroviario y servicios sanitarios y sociales. Estos sectores sólo podrán adaptarse y modificarse hacia un nuevo modelo productivo desde el impulso público. Producir un cambio radical en los fundamentos de la política agraria para que verdaderamente apoye un modelo social de agricultura, productivo y sostenible. La alimentación debe ser considerada un asunto estratégico.

Suspensión de todos los procedimientos de ejecución del embargo de la vivienda habitual o de corte de suministro de electricidad, gas, agua y teléfono para las personas en situación de desempleo.

Cultura y comunicaciones libres

En este sentido y dado que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y en especial Internet, son hoy un elemento esencial para esa difusión, nos situamos expresamente fuera de la falsa e interesada guerra entre “creadores” e “internautas”.

Apoyo al cine español y otras obras audiovisuales: frente a la invasión de producciones norteamericanas, defender y potenciar la excepción cultural europea. Proteger y promover las culturas nacionales del país con medidas económicas, fiscales y políticas, potenciando la creación propia de contenidos para los medios de comunicación, cine y televisión, fijando cuotas
mínimas de pantalla y garantizando el apoyo de TVE al cine español y europeo.

Vivimos en una época en la que los avances de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han democratizado y amplificado el acceso a la información y a la cultura. En algunos aspectos, también han democratizado el acceso a los medios de producción, provocando que en muchas profesiones (especialmente en los mundos editorial, audiovisual y musical) el trabajador, creador o artista tenga a su disposición medios a los que antes solo tenían acceso grandes empresarios. Por otra parte, este avance ha hecho que entre en crisis irreversible el modelo de industria clásico en muchos campos. Estos se basaban en la necesidad de un soporte físico para transmitir obras e ideas, así como la necesidad de crear una red de distribución para que esos llegaran al consumidor/ciudadano. Fue bonito mientras duró. Se ha acabado. Internet ha convertido este modelo en obsoleto.

Básicamente, se ha eliminado a los intermediarios (editores y distribuidores) y se está facilitando el contacto directo entre el creador y el consumidor de su obra.

• Apostamos por la democratización de la comunicación y la cultura, por gestionar de forma pública los derechos de autor, por el software libre y por una política cultural que apoye a los creadores desde la base y difunda las artes entre todos los niveles de la población, pero muy especialmente entre los colectivos y territorios menos favorecidos económica y socialmente.

• Proponemos cambiar profundamente el modelo vigente de propiedad intelectual pues el vigente, concebido en un principio para proteger el trabajo del creador individual, se ha convertido principalmente en un instrumento de maximalización del beneficio de grandes empresas de carácter multinacional y dificulta el acceso al conocimiento.

• En este sentido creemos que la vigente Ley de Propiedad Intelectual queda desubicada y obsoleta por dos razones fundamentales:

• La actual ley reconoce cuáles son los derechos de los autores y deja en manos de entidades privadas la recaudación de los mismos. En la práctica hay un oligopolio de facto en el que solo unas pocas empresas tienen capacidad para recaudar eficientemente estos derechos (SGAE y CEDRO). Esta situación privilegiada hace que sean ellas las que deciden las reglas del juego. No hay funcionamiento democrático ni transparente en estas empresas y su naturaleza privada les obliga a tener como objetivo principal el buscar el máximo beneficio económico, por encima del interés y la voluntad de unos autores la mayoría de los cuales ni siquiera llega a ver el dinero de los derechos que se han recaudado en su nombre.

• Los derechos de autor que marca la ley tienen la naturaleza y el carácter de irrenunciables. Hoy en día muchos autores abogan por la libre distribución de sus obras gracias a Internet y las TIC, puesto que consideran que es la mejor forma de que su obra y sus ideas lleguen a su público. Se han construido movimientos sociales como el Software Libre y alternativas legales como las licencias Creative Commons que buscan la colaboración comunitaria y la libre circulación de obras y ideas como forma de que ganen autores y consumidores. Los únicos que no ganan en esta situación son los obsoletos intermediarios. Pero la irrenunciabilidad de los derechos provoca que sean las entidades de gestión de derechos las que tomen decisiones sobre la obra de un autor: los organizadores de conciertos benéficos ven como la SGAE le exige el pago de los derechos de autor del músico que vaya a actuar aunque este actúe de manera (¿gratuita?). Los gestores de centros culturales ven como se les pretende cobrar por artistas que son activistas de Creative Commons y otras licencias de distribución libres, etc.

• Se utiliza al creador como escudo humano de los intereses de estas empresas que han quedado obsoletas. El interés del autor siempre fue y siempre es el de llegar a su público, no el de ser parte de una industria y una red de distribución.

Por todo ello, partiendo de que queremos un sistema que proteja los derechos de los autores y autoras, que son quienes crean obras de música, literatura, cine, teatro, artes plásticas, etc., pero que, al mismo tiempo, de las mayores facilidades posibles para que esas obras puedan llegar a la ciudadanía, consideramos que IU debe:

1. Impulsar la derogación de la actual Ley de Propiedad Intelectual y elaboración, de manera participativa con todos los actores implicados, de una nueva ley que:

-Derogue el actual modelo de recaudación de derechos mediante entidades de gestión privadas. Creación de una entidad pública de Gestión, con presencia en todo el Estado, cuyo objetivo sea el de dar el servicio adecuado y no el lucro.

-Asegure la adecuada contribución de los operadores de telecomunicaciones y de las industrias de Tecnologías de la Información a la justa remuneración de los creadores, para que esta no se base en un sistema como el canon digital que penaliza indiscriminadamente a los ciudadanos independientemente del uso que estos den a soportes y dispositivos digitales y electrónicos.

-Reconozca las alternativas al “copyright” tradicional, como las licencias Creative Commons, y deje en manos del autor la cantidad de derechos sobre los que quiere licenciar su obra, así como la capacidad del autor de renunciar a estos derechos.
2. Garantizar la libertad y la neutralidad de la red frente a los intentos del lobby de la SGAE y sus aliados políticos por coartarlas. En este sentido se exige la derogación de la llamada “Ley Sinde”.

-Favorecer la difusión de libro electrónico, reduciendo su precio y favoreciendo que se digitalicen las obras literarias y científicas que sean de dominio público. En este sentido las Administraciones Públicas deberán apoyar iniciativas similares al Proyecto Gutenberg con obras escritas en todas las lenguas oficiales del Estado y las editoriales hacer lo propio con obras
descatalogadas.

-Apoyo de IU al movimiento del Software Libre (open source). Establecer como obligatorio el uso de software libre (en su mayoría gratuito) en todos los ordenadores y medios informáticos oficiales en todas las Administraciones Públicas. Urge la presencia obligada de software libre en todos los ordenadores y medios de uso escolar: no queremos que se eduque a nuestros escolares para ser clientes de Microsoft o Apple, ni nos parece de recibo que se sigan pagando costosas licencias con dinero público cuando tenemos alternativas gratuitas y mejores al alcance. Impulsar una oposición total del Estado Español, en la Unión Europea, a los intentos por impulsar patentes de software cerradas: favorecen el mantenimiento de los monopolios e impiden el compartir los beneficios de la investigación.

-Proponemos la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones de 2003 para garantizar el acceso a Internet como un derecho de toda la ciudadanía, derogando asimismo la exclusividad de las empresas privadas de telecomunicaciones para proporcionar acceso a internet, facilitando la creación de empresas públicas (por ejemplo de carácter municipal que faciliten el acceso inalámbrico a la red a sus vecinos y vecinas).

-Proponemos una Ley General de la Comunicación Audiovisual que garantice el reparto de las licencias entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios audiovisuales, de manera que los tres sectores puedan disponer de radios y televisiones de cobertura municipal, autonómica y estatal. Reconocimiento en la nueva ley de los medios del tercer sector (como las radios libres y comunitarias).

-Potenciar las posibilidades de las TIC como herramienta de progreso social. Debemos evitar la indeseada “brecha digital”, trabajar por el acceso universal al potencial comunicativo de las TIC, rechazar las restricciones a su libertad, luchar frente a los intentos de monopolización por parte de las grandes corporaciones y promover la neutralidad en toda la red. Desde Izquierda Unida defendemos firmemente el derecho a la libre expresión: tanto para producir y comunicar información y conocimiento, como para recibirla y procesarla, en todo lo cual las TIC juegan hoy un papel determinante.

Además, pretendemos utilizar la libre expresión para crear nueva información y conocimiento. Por este motivo IU trabaja para que nuestro país esté a la vanguardia en los campos de la universalización del uso de la informática, Internet y el resto de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Queremos democratizar el acceso a la información y al conocimiento.

Partimos de los siguientes fundamentos:

• Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son un factor de gran relevancia en casi todos los campos de nuestras sociedades contemporáneas, incluidos el político y el personal, como demuestran las recientes revueltas populares en el mundo árabe o movimientos como el 15-M, en cuyo éxito han tenido un importante papel redes sociales como Facebook y Twitter.

• A pesar de la importancia de las TIC, en Izquierda Unida somos conscientes de que éstas no son un fin en sí mismas, sino solamente una herramienta, si bien de gran importancia, que, utilizada adecuadamente, permite avanzar hacia un nivel cada vez alto de democracia política, social y económica.

• Las circunstancias socio-económicas y de clase influyen decisivamente en la difusión de las TIC, de modo que a las desigualdades tradicionales creadas por el sistema capitalista vigente se añade la de un desigual acceso a la información y al conocimiento por parte de las capas sociales más desfavorecidas.

Objetivos:

• Frente a la mercantilización de la información y del conocimiento, Izquierda Unida promueve la democratización del acceso a la información y al conocimiento.

• Frente a una visión neoliberal del uso de la Informática y de las Telecomunicaciones que deja en manos del mercado el crecimiento y la expansión de su difusión, Izquierda Unida defiende la universalización del uso de los ordenadores y de Internet mediante políticas públicas dirigidas fundamentalmente a los ciudadanos, territorios y capas sociales más desfavorecidos.

• Frente a una visión dirigista del progreso basada únicamente la acción unilateral de las Administraciones Públicas, Izquierda Unida defiende la participación de los ciudadanos en la definición e implantación de las políticas de desarrollo tecnológico, a través de las organizaciones que vertebran la sociedad.

Nuestras propuestas

-Definir el acceso a Internet como Derecho Universal y Gratuito para el conjunto de los ciudadanos dado el desarrollo de las redes y su importancia para el avance de la Sociedad de la Información

-La gratuidad de dicho servicio incluirá hasta la velocidad de 10 Megabits, ampliables a medida de la mejora tecnológica.

-La implantación de Servicio Universal Gratuito se llevará a cabo priorizando los territorios y capas sociales más desfavorecidos e incluirá una ayuda integral para la incorporación a la Sociedad de Información que consistirá, además de en el citado acceso gratuito a Internet, en créditos a largo plazo sin intereses para la adquisición de ordenador y cursos gratuitos de Informática e Internet, medidas sin las cuales el mero acceso a Internet sería perfectamente inútil.

-Reducción de las tarifas de telecomunicaciones que son casi un 30% superiores a los de los países de la OECD, con lo que se penaliza gravemente a ciudadanos, familias, autónomos y pequeñas empresas. El objetivo sería que se colocasen en la media de los países pertenecientes a dicha organización.

-Creación de una red de aulas de libre acceso con plena conectividad en todos los municipios, especialmente en las áreas rurales, y de un parque informático con acceso a Internet adecuado a las necesidades de los centros escolares de todos los niveles, con un objetivo de dos alumnos por ordenador y un horario de acceso más amplio que el escolar.

-Impulso de una política de formación con el objetivo de conseguir la plena alfabetización digital, atendiendo especialmente las necesidades de los colectivos más excluidos y los tradicionalmente alejados de las nuevas tecnologías. Se impulsará también la plena accesibilidad a los servicios de información pública a través de la red de las personas con discapacidad y
necesidades especiales.

-Fomento del Software Libre, estableciendo el uso preferente de programas de código abierto (open source) en las Administraciones Públicas, superando situaciones monopolistas de dependencia tecnológica.

-Digitalización de los fondos culturales e históricos de las administraciones y su puesta a disposición de manera libre y gratuita de los ciudadanos en la Web, permitiendo además la descarga digital de los fondos de las bibliotecas estatales. La publicación de estos fondos se realizará mediante licencias libres y formatos abiertos que aseguren una difusión de los mismos
sin las restricciones que impone el actual modelo de propiedad intelectual.

-Promoción de procedimientos electrónicos de gestión que permitan simplificar y optimizar tiempos y costes, así como la participación interactiva en la toma de decisiones políticas, fomentando la ciudadanía activa dispuesta a hacerlo y desarrollando los medios técnicos de software existentes (como el programa “participa 1.0”).
-Impulso de la firma digital para acceder a estos servicios con plenas garantías.

-Garantizar la protección de los ciudadanos y las ciudadanas frente a las empresas que actúan en la prestación de los servicios de conectividad y comunicación, ya sea en el software, teléfono móvil, internet o hardware, incluso más allá de los derechos que tienen como consumidores.

-No penalizar el libre intercambio de archivos, de acuerdo con la actual doctrina jurisdiccional, y apoyo al derecho a la copia.

-Oponerse a la implantación de las patentes de software, por favorecer a las grandes corporaciones y a los grandes bufetes multinacionales, causando, un perjuicio al movimiento de software libre, tanto a los programadores individuales como a las pequeñas empresas que producen este tipo de programas.

-Propuesta para la libertad digital, utilización en los servicios públicos del software libre, migración progresivade las administraciones hacia el software libre, evitando pagar licencias a las grandes corporaciones.

Medios de comunicación libres y democráticos

• Que la ley general de la comunicación audiovisual garantice de verdad el reparto equitativo de las licencias entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios audiovisuales, de manera que los tres sectores puedan disponer de radios y televisiones de cobertura municipal, autonómica y estatal.

• Que se establezca un modelo definitivo de financiación para rtve con recursos suficientes para que la rentabilidad social de su neutralidad garantice un servicio público estatal que fortalezca una democracia de calidad con ciudadanos bien informados.
• Mantenimiento y blindaje del carácter público del espacio radioeléctrico.

• Que la legislación sea la misma para todos los servicios públicos (municipales, autonómicos y general del estado), impidiendo la privatización y su utilización en beneficio de los intereses de los gobiernos.

• Que se aplique el derecho de acceso (bloqueado durante treinta años) en todas las radios y televisiones de titularidad pública como un mandato constitucional que obliga al reparto de espacios de libre disposición entre los partidos, los sindicatos y las organizaciones sociales.

• Que se abra un debate público sobre el proyecto de decreto con el que se pretende imponer un reglamento que impide el desarrollo de las iniciativas sociales en la radio y la televisión.

• Que se constituya inmediatamente el consejo estatal de medios audiovisuales (cema) al que la ley general de la comunicación audiovisual encarga la supervisión del servicio público, la vigilancia de los negocios audiovisuales, la correcta aplicación del derecho de acceso y la extensión de la alfabetización audiovisual para que el conocimiento sobre los medios facilite que los ciudadanos los utilicen para controlar al poder económico y político.

• Que se garantice la buena formación universitaria, la autonomía profesional y las dignas condiciones laborales de las plantillas laborales de la comunicación para impedir que su precariedad contribuya a la desinformación de los ciudadanos.

• Un marco jurídico, con rango de ley, como la forma de garantizar de forma efectiva el respeto y ejercicio efectivo de los derechos del artículo 20 de la Constitución, puestos en peligro, por la fuerte situación de concentración empresarial en el sector de medios de comunicación a la que acompaña la terrible precariedad de las relaciones laborales en las empresas informativas y la fragilidad del conjunto de la profesión periodística.

• Constituir en el seno de las empresas informativas órganos de participación y para la consulta e interlocución entre las profesionales de la información y las empresas, para todo lo referido a los contenidos informativos, línea editorial, elaboración de las informaciones en las redacciones y su gestión.

I+D+i

• Puesta en marcha de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, sus reglamentos y estatutos intentando superar los aspectos más regresivos de la Ley. En particular esta puesta en marcha debe contemplar:

• Discusión y aprobación en el Parlamento del Plan Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (PEI+D+i), instrumento único que integre todas las acciones del nuevo ministerio y todas las competencias en I+D. Este Plan será el marco para las actuaciones estratégicas del Estado, así como el eje de referencia para las iniciativas autonómicas.

• Aprobación de una Ley Presupuestaria Plurianual, vinculada a los objetivos del PEI+D+i, que garantice su planificación plurianual. Aumento sustancial de los recursos destinados a I+D. El objetivo para la presente legislatura es alcanzar el 2% del PIB y un aumento del 50% del personal dedicado a I+D.

• Conversión efectiva de todas las becas de investigación en contratos laborales de 4 años con evaluación anual. Derogación del Estatuto del Becario. Inclusión de los contratos como nueva figura en el Estatuto de los Trabajadores, similar a los MIR, QIR y FIR. Seguimiento de la integración del personal formado en el mercado laboral.

• Coordinación del sector público de la investigación. Proceso de integración de los distintos OPIs mediante la homogeneización de sus sistemas de gestión y el desarrollo de una carrera profesional evaluable para las distintas escalas de personal: científicos, técnicos y de gestión.

• Aprobación del Estatuto de Personal de Investigación del sector público (universidad –OPIs) que facilite la movilidad y dinamice el sistema científico técnico.

• Creación de la Agencia Nacional de Evaluación Financiación y Prospectiva para el conjunto del sector público de investigación.

• Negociación de un convenio específico para el personal laboral de los OPIS.

• Creación de un Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología de competencias renovadas, con una representación equilibrada de los distintos agentes sociales y CC.AA.

• Plan de reducción de la precariedad del empleo en la investigación. La precariedad creciente del sector, con casi la mitad de sus efectivos con contratos temporales es ineficiente además de injusto y se separa de las políticas de todos los países de nuestro entorno y de la OCDE.

• Puesta en marcha de un Plan de Formación de Personal Técnico y de Gestión de la Investigación.
• Orientación de los recursos de I+D a aplicaciones civiles, descartando el modelo de desarrollo vía innovación militar. Eliminación de los gastos de construcción de armas del Capítulo VIII de la Función 46. Aprobación de una Ley de Objeción Científica que legalice la creciente oposición de los científicos españoles a trabajar en programas de Defensa.

• Integración en el diseño de las políticas científica y tecnológica de las actuaciones y orientaciones públicas en materia de infraestructuras, sanidad, educación, vivienda, ordenación del territorio, política medioambiental y energética, y recursos naturales. Integración en las políticas de compras públicas. Promoción de la investigación asociada a modelos de desarrollo sostenible, protección del medio ambiente, energías renovables y limpias y salud laboral.

• Salvaguardar la investigación como servicio público, rechazando la apropiación privada de recursos públicos: Los resultados de la investigación científica y tecnológica subvencionada con fondos públicos, deben ser de libre utilización y difusión. Garantía del carácter público de los resultados de la investigación financiada con fondos públicos, modificando en consonancia la LOU.

• Fomento del sector público y articulación con el sector privado de las actividades de I+D. Consolidación y crecimiento de la infraestructura de los Centros Públicos de I+D. Creación y promoción de Centros Tecnológicos Sectoriales con financiación mixta público-privada, ligados a actividades sectoriales o regionales y que sirvan de interfaz entre OPIs y empresas.

• Fortalecer una industria de calidad por medio de la innovación vinculada a un Desarrollo tecnológico que aplique los resultados de la Investigación científica, aprovechando los recursos invertidos en la investigación pública, y que se retroalimente con el tejido productivo del territorio, orientándose hacia un desarrollo social y ambientalmente sostenible.

• Apoyo a las políticas de crecimiento de plantillas de I+D en el sector empresarial, con especial atención a las PYMEs. Programas de Formación para la Innovación que contemplen la formación y actualización continuada de los trabajadores para facilitar la asimilación e interacción con los procesos de cambio tecnológico.

• Disminución gradual del sistema actual de desgravaciones fiscales en materia de I+D. Sustitución por mecanismos de apoyo a la generación de infraestructuras científicas y tecnológicas e incremento de personal propio de las empresas.

• Puesta en marcha de una línea de ayudas financieras para el desarrollo de proyectos de investigación que respondan a las demandas de las organizaciones sociales: sindicatos, asociaciones de vecinos, consumidores, ONGs, organizaciones ecologistas, pacifistas, etc.

• Participación de los trabajadores en el diseño de las políticas tecnológicas de las empresas. Modificación del Estatuto de los Trabajadores y de la LOLS, para incluir el derecho de los trabajadores a la información y participación en el diseño de las políticas tecnológicas de las empresas La investigación y el desarrollo tecnológico deben ser, en todo caso, herramientas indispensables para fomentar el desarrollo equilibrado del mapa europeo y cumplir el objetivo de cohesión, entendido como un pilar básico de la Unión Europea. Para ello IU propone y defiende:

• Apoyo a la creación de redes y centros de excelencia europeos en materia de investigación y educación, mejorando la dimensión europea del aprendizaje permanente con reconocimiento de cualificaciones y aptitudes, creando títulos, certificados y diplomas europeos y estableciendo normas mínimas de calidad en la educación y la formación.

• Priorización de las tecnologías que mejoren la relación innovación/volumen y calidad del empleo generado. Desarrollo de I+D en educación, para adecuar las cualificaciones a los procesos de innovación.

• Desarrollo de tecnologías genéricas y respetuosas con el medio ambiente, que permitan mejorar la calidad de vida en los entornos urbanos y rurales. Políticas de difusión activa diseñadas para casos específicos (PYMEs, regiones menos favorecidas, sectores tradicionales).

• Recuperación y reforzamiento de la investigación en temas socioeconómicos, con especial énfasis en los objetivos dirigidos al estudio de los fenómenos de marginación y exclusión social, migración, consecuencias sociales del paro y la precariedad laboral. Evaluación del impacto social de las políticas de reducción del gasto público y de desregulación de las condiciones de trabajo. Evaluación del impacto de las tecnologías generadas sobre el empleo, la calidad de
vida y el medio ambiente.

• Aplicación del principio de precaución en la evaluación de todos los programas europeos, y especialmente en los de Biotecnología, Medio Ambiente y Energía.

• Inclusión de la cohesión como criterio político relevante en los procesos de selección de prioridades y evaluación de las propuestas, con especial énfasis en resolver los problemas de la sociedad en las regiones menos desarrolladas.

• Recuperación del concepto de cooperación para el desarrollo e inclusión de los países del Sur, especialmente los países del Mediterráneo, África y América Latina, dentro de los objetivos y políticas de cooperación. Incremento de la cooperación científica y tecnológica con los países del Tercer Mundo.

• Fomento de la investigación biosanitaria con criterios de interés general y financiación pública suficiente de la misma, evitando la influencia determinante de la industria farmacéutica privada sobre qué y cómo se investiga.

Otros

• Implantación de software libre de código abierto en el sistema educativo y organizar desde la Administración Educativa una red de recursos digitales, públicos, gratuitos y compartidos (wikieduca) que sustituya progresivamente los libros de texto por material digital elaborado por la comunidad educativa.

Conclusiones

Partamos de la premisa (¡disclaimer!) de que cerca del 95% de los votos que he depositado en mi vida dentro de una urna han tenido a Izquierda Unida como destinatario, y que mi respeto por Gaspar Llamazares como parlamentario currela es casi infinito. Pero aún así, y después de leer con cuidado esta parte de su programa electoral, no he podido evitar imaginarme a Wayne y Garth tirados en el sofá, con una cachimba, y haciendo propuestas bajo el influjo de las drogas. "¡Y diez megas gratis para todo el mundo!", "¡Y que le den a Microsoft, que se me cuelga el Windows!", "¡El gasto en I+D militar no mola!", "¡A la porra la SGAE, que no deja dar conciertos benéficos!", "¿Steve Jobs? ¡Que le den a él también!".

Es el programa electoral de un partido que sabe que no va a gobernar jamás. Si al PSOE le recriminaba la falta de propuestas concretas, a Izquierda Unida se le puede achacar su afición por la política-ficción. Entiendo que no les gusta el Monopoly, pero su propuesta para la partida consiste en jugar al parchís.

¿Acaso saben lo que supondría para el Estado la prestación de 10 mbps gratuitos para el total de la población? Ni me voy a molestar en calcularlo, porque está en el orden de lo ridículo. No solo implicaría el abandono del mercado español y el hundimiento de numerosas empresas que prestan esos servicios, sino la desaparición de la tibia competencia que, sólo ahora, comienza a levantar cabeza de verdad.

¿Y cómo quieres bajar un 30% los precios de la conexión a internet si has expulsado del país a quienes la prestan?

El texto está, además, plagado de inexactitudes e incorrecciones que incluso a los más hippies del mundo del software les dolerían. Richard Stallman se tiraría de los pelos por esa equiparación de Software Libre con Open Source. Por no hablar de la expresión "derogando asimismo la exclusividad de las empresas privadas de telecomunicaciones para proporcionar acceso a internet" ¡Es mentira! El mundo de lo público puede proporcionar acceso ala red a los ciudadanos, siempre y cuando los organismos se registren como operadores y demuestren que no suponen una competencia desleal hacia los operadores y financiada por los impuestos.

Porque, amigos míos, si algo nos ha demostrado esta crisis es que el dinero de las AAPP llega y se va. Si no hubiese sido por la CMT habríamos visto muchas veces repetido el siguiente caso: Un día tu ayuntamiento decide pagar Internet a todo el mundo por motivos electorales, desincentiva así la inversión de los operadores privados, se queda con un régimen de monopolio y, en cuanto tiene que hacer recortes, adjudica el servicio a un único proveedor que, sin competencia, pone los precios que le da la gana ad eternum.

Y eso por no hablar de que, en el programa, IU habla de cosas que suenan peligrosamente a ¡nacionalizar Telefónica! Yo soy un analista de Moody´s y escucho que ha llegado al Gobierno un partido que defiende algo así, y no solo hundo a la operadora española en bolsa, con el Ibex a remolque, sino que me aseguro de que la única fuente de financiación internacional sea Hugo Chávez.

Porque estoy seguro de que detrás de este programa hay gente con elevados principios que piensa en lo mejor para sus conciudadanos. Hay partes que tienen mucho sentido y con las que estoy medio de acuerdo (software libre, SGAE). Pero estamos hablando de un partido que no considera las TIC como uno de los sectores claves para el desarrollo de este país. La agricultura, la automoción, el turismo, la construcción y la ¡química verde! están claramente por delante en sus prioridades. ¡Es que las TIC ni siquiera aparecen en su listado de sectores emergentes!

Pero como yo sí creo que es esencial que este país avance en esta vía y se desarrolle, sin destruir sus compañías tecnológicas sino creando otras nuevas a buen ritmo, no sólo no puedo votar a este partido, sino que además tengo que pedir que no se le vote hasta que no sustituya unas propuestas demagógicas que se antojan hasta peligrosas por unas que nos lleven a algún tipo de futuro.  Y, os lo aseguro, nunca pensé que escribiría estas palabras.
Fuente: Expansión.com