CAUSAS Y EFECTOS DE LA CRISIS
Todos han sufrido los 'ladrillazos', desde constructores a bancos, consumidores y hasta la propia economía. Y ahora también todas las voces reclaman cambios que den cerrojazo a la crisis
02.10.11 - 00:02 - TERESA VELASCO |
El punto de partida fue más que floreciente, cuando hace menos de un lustro las concesiones de créditos hipotecarios llegaron a representar el 15% del total prestado por la banca y las advertencias del gobernador del Banco de España de que estábamos gastando por encima de nuestras posibilidades, mientras pedía mayor prudencia a las entidades a la hora de conceder los créditos, apenas se escuchaban entre el alborozo generalizado. Y, mientras tanto, se reproducían viejos esquemas de otras 'burbujas' que de tanto inflarse también llegaron a estallar.
Tal y como está configurado el sistema hipotecario español, el 85% de las familias reside en una vivienda de su propiedad y el 97% de las que tienen hipoteca no sufren excesivos apuros para sus pagos mensuales, según la secretaría de Estado del ramo. Si a ello se suma que la tasa de morosidad hipotecaria de las familias se encuentra en el 2,5%, pese a los ya más 300.000 embargos realizados desde que estalló la crisis, lo cierto es que a día de hoy el problema persiste y alcanza de lleno a la credibilidad de las propias entidades financieras y su saneamiento real.
Y como la solución no llega hay que tomar medidas, introduciendo reformas, si bien ante los dramas familiares que han surgido parece urgente fijar unas nuevas reglas de juego en el sistema hipotecario. Como la propia secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, explica a DINERO Y EMPLEO, «los cambios tienen que dar una respuesta a quienes tienen o pueden tener dificultades, pero sin perjudicar a los que quieren comprar una casa».
Las próximas elecciones generales del 20-N podrían ser una oportunidad para que los partidos políticos enfoquen el problema y hagan propuestas que acaben con las lagunas legales y pongan sobre la mesa cambios que, llegado el caso, incluso podrían afectar al euribor -la principal referencia sobre la que se fijan los tipos de las hipotecas en España-, como plantea la banca al considerar que no refleja bien el elevado coste de su financiación.
Hasta ahora, el Gobierno ha emprendido reformas encaminadas a acelerar la salida del 'stock' de viviendas, como la reciente rebaja del 8% al 4% del IVA para compra de vivienda nueva hasta el próximo 31 de diciembre; una medida tachada de 'parche' pero que el candidato del PP a la cita del 20-N, Mariano Rajoy, estaría dispuesto a prolongar un año y medio más de ganar en las urnas.
Tras el debate surgido en pleno verano -originado por varias sentencias judiciales- para que el banco se quede con la vivienda hipotecada en caso de impago, sin que se vean afectados otros bienes del afectado ni de sus avalistas, la subcomisión creada en el Congreso para buscar soluciones al problema de la vivienda no ha sido capaz de alcanzar una solución antes de la disolución de las Cámaras.
Dación en pago
Sobre ese controvertido aspecto sólo IU parece tener claro que debería aprobarse la dación en pago, ya que ni PSOE ni PP han logrado un acuerdo. No se puede olvidar que el sistema financiero, pese a los guiños realizados por Santander y alguna otra entidad, no está de acuerdo con la iniciativa, algo que no olvidan los partidos. Es más, el Gobierno está tramitando un proyecto de orden ministerial que vendría a legitimar las polémicas 'cláusulas suelo' -asunto espinoso que acabará en manos del Tribunal Supremo-, mientras al nuevo Ejecutivo que deparen las elecciones le tocará decidir si prorroga de nuevo el plazo dado a las entidades financieras para valorar el suelo rústico del que disponen a precios reales, lo cual podría abrir un nuevo 'agujero' multimillonario en sus balances.
En la patronal de la banca (AEB), su presidente, Miguel Martín, insiste en rechazar que la hipoteca pueda saldarse con la entrega de la vivienda, como sí sucede en Estados Unidos. En su opinión, el sistema español funciona «muy bien», pese a admitir casos «muy lamentables» de personas que no pueden hacer frente a sus créditos.
No obstante, algunas entidades como Bankinter han abierto la puerta a esta fórmula, si bien con matices. No es de extrañar que algunos analistas del sector, como el profesor de la Universidad Pompeu Fabra, José García Ramos, estén convencidos de que poco a poco la mayoría de las entidades asumirán esta figura a través de productos hipotecarios; eso sí, será con tipos de interés más elevados y con valoraciones de solvencia individuales que, al modo de seguros, cubran los riesgos de impago ante una eventual bajada del precio de la vivienda.
La presión social puede jugar aquí una baza importante. Por ejemplo, el director general de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), José María Múgica, aboga por que las familias hipotecadas se declaren en concurso de acreedores, asumiendo las mismas garantías que las empresas. Estima que las reformas no deben centrarse solo en la dación en pago, sino que habría que abordar medidas más generales para solucionar los problemas de sobreendeudamiento por las hipotecas. Sin olvidar, además, la situación cada vez más extendida de créditos que finalmente resultan más caros que el valor real de la vivienda.
En 2010 fueron 905 familias las que se declararon en quiebra. El portavoz de Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Adriá Alemany, pidió semanas atrás a los diputados que tuvieran «voluntad política» para aplicar las medidas necesarias. Sin embargo, el adelanto de las elecciones generales ha dejado en agua de borrajas todos los trabajos realizados, aunque cabe la posibilidad de que los partidos recuperen ahora parte de esas ideas en sus programas respectivos.
Sin embargo, otras asociaciones de usuarios, como AUSBANC, no están de acuerdo con la dación por entender que «no es la solución», como sostiene su directora, María Mateos.
En el ámbito académico, el profesor José Ramón Pin Arboledas, del IESE, considera que «no vale que uno responda con todo su patrimonio», y cree más que necesario que los bancos valoren «realmente» los inmuebles, ya que ahora «el que responde es la persona y la tasación importa poco». O lo que es lo mismo, importa más la nómina y los bienes que posee el que solicita un crédito que la vivienda para el que se pide. Una asunción del riesgo por parte de la banca que no resultaría tan rigurosa si no fueran eso..., inmuebles.
Por este motivo, Pin Arboledas aconseja que se elabore una legislación «muy estricta, clara y rigurosa». Con ello, apunta, «lograríamos que el mundo hipotecario, sea hipotecario y no se distorsione», pues de lo contrario no se tendrían que firmar más hipotecas y créditos.
Temor al cambio
Pero los bancos tienen miedo a estos cambios, porque creen que van a «perder garantías» y se les va a obligar a ser más rigurosos. También hay que tener en cuenta que el mundo inmobiliario es muy complejo y no todos los inmuebles son iguales, depende de las zonas urbanas donde se encuentren ubicados. Por este motivo, el profesor considera conveniente que se fije «un mecanismo similar al de la Bolsa, para poner en valor futuro» todos esos activos que ahora se consideran 'tóxicos' ya que no tienen salida en el mercado y están generando graves agujeros a las entidades financieras. De esta forma, se «aislarían los problemas del sector inmobiliario y financiero» y se sanearían muchos activos del sistema, pese a reconocer las «pérdidas de un plumazo» que podría acarrear inicialmente esta medida.
Tendrá que pasar bastante tiempo para que esos activos 'tóxicos' sean absorbidos, pero es la única forma de que los balances de bancos y cajas no estén permanentemente bajo sospecha. Más vale, dicen los expertos, que si se están ocultando bienes malos se den a conocer, se dejen en un banco 'malo' y se asuman las pérdidas para con el tiempo ponerlo todo en valor. El problema es que algunas entidades, al final, pudieran llegar a la bancarrota.
Otro aspecto que también se debería reformar es el llamado comportamiento «ético» de los profesionales de bancos y cajas, a los que se les piden operaciones de activo sin importar el riesgo y cuya labor sólo tiene efectos a corto plazo, sin que luego se hagan cargo de los resultados si se ha errado. Por ello, aumentan las voces que reclaman verdaderos y, sobre todo, efectivos códigos de responsabilidad en las entidades.
Fuente: eldiariomontanes.es
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