Columnistas
Tras el anuncio del cese definitivo, que no desistimiento, de la actividad armada de la banda terrorista ETA, surgen por doquier quienes quieren hacernos ver que estamos ante una nueva época en la historia de España, y que hay que, según estos personajes, aprovechar. A éstos debemos recordarles que lo que es España y su historia, lo deciden los españoles en su conjunto, y no una pandilla de delincuentes. Delincuentes, que durante más de cuarenta años han intentado hacernos la vida insoportable, tanto, que a más de ochocientas personas se la han hecho imposible. Resulta claro que no les debemos nada, y muy al contrario, ellos, los que han intentado rentabilizar su barbarie, y los que ahora pretenden rentabilizar su cese de actividad armada, nos deben mucho. Pero al pairo de esto comienzan a surgir propuestas, algunas disparatadas, otras ñoñas y algunas sencillamente ignorantes. Se dice que ante esta nueva situación, debe desparecer la Audiencia Nacional, y por otro lado, hay que derogar la Ley de Partidos Políticos. Esto segundo es como si alguien dijera ahora que como es prácticamente imposible una rebelión armada, hay que derogar los tipos penales referentes a la rebelión o a la sedición. Olvidan que la posibilidad de que algunos estén tentados de utilizar vías violentas para perseguir objetivos políticos, está siempre ahí, y la previsión debe permanecer; estos también quieren desconocer que, en primer lugar es una ley que ha superado todos los controles democráticos nacionales e internacionales, y en segundo lugar, que su aplicación junto a otras causas, ha sido determinante precisamente en la decisión de cesar la actividad armada por parte de ETA, o ¿es qué creen, que lo han dejado por que se lo hemos pedido por favor? Por ello, este instrumento legal no puede desaparecer; a veces parece cierto eso del chiste de que algunos confunden el plano de su ciudad con el mapamundi. La segunda de las propuestas, la desaparición de la Audiencia Nacional, requiere un mayor razonamiento, porque esto, afectando como afecta a la forma de organizarse los tribunales, es discutible, y cualquier postura racional al respecto es defendible, eso si con un cierto rigor y conocimiento. Lo primero que se debe destacar es qué culpa tienen la Sala de lo Social y la de los Contencioso Administrativo de lo que está pasando; pero más allá de la broma, se debe construir un discurso racional al respeto. El que suscribe mantiene que si no existiera la Audiencia Nacional en su competencia penal, habría que inventarla. En primer lugar, y por desgracia, el terrorismo no es un fenómeno exclusivo del banda terrorista ETA, (de nuevo el mapamundi), y como tal debe ser evitado y combatido en cualquiera de sus expresiones. En segundo lugar la Audiencia Nacional, su sala de enjuiciamiento, y en concreto sus jueces instructores, junto a la fiscalía, y las unidades de policía judicial que la auxilian, se han convertido en un instrumento eficacísimo en la persecución de la delincuencia organizada. No sólo es que hay que mantener su ámbito competencial , sino que se debe ampliar a delincuencias complejas y cometidas sobre todo en el seno de organizaciones y grupos criminales, así como la delincuencia con componente internacional y transfronterizo; por ejemplo delitos cometido en el ámbito de la prostitución, delitos contra el patrimonio cometidos por bandas organizadas y extremadamente peligrosas, fenómenos mafiosos, delitos de carácter económico y que afecten al orden socioeconómico de especial trascendencia, delitos cometidos usando la red, los cuales carecen de una ubicación física comisiva, delitos de sedición, graves delitos contra la salud pública, etc. Un órgano judicial central y de carácter estatal deviene como la manera más eficaz de administrar la acción de la justicia en todo este tipo de delincuencias. Órganos similares se han creado en otros países, y en concreto, en los Estados Unidos, se ha abierto este debate; distinguen delitos de carácter estatal y de carácter federal, y con respecto a estos últimos, si bien tienen un cuerpo policial que se encarga de su investigación, están pensado seriamente en la creación de un órgano judicial federal con competencia en todos los Estados. Todo ello parece indicar que el debate sobre la supresión de la Audiencia Nacional es un debate que trasciende a ETA, porque de lo contrario, parece que ETA es la que marca la forma en la que se debe organizar la planta judicial española; no se trata pues de un debate no de carácter político, sino técnico y profesional. En cualquier caso, y ya con carácter general, o hemos vencido a ETA, o hemos vencido a ETA, y esta victoria puede dar lugar a la generosidad, pero nunca a la negociación. Una democracia no puede tomar decisión alguna de la mano de quien la intentó perjudicar, sino al contrario debe fortalecerse frente a los mismos legal y moralmente.
Fuente: LA RAZÓN.es
Fuente: LA RAZÓN.es
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