LORCA
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Carlos Carnicer, presidente del Consejo de la Abogacía. :: P. A. / AGM |
29.09.11 - 00:36 - P. W. R. | LORCA.
Carlos Carnicer Díez. Presidente del Consejo General de la Abogacía Española
«Lo más urgente es establecer el número de fiscales, jueces, funcionarios, que son necesarios para sacar adelante el trabajo que en estos momentos tiene el país»
«Lo más urgente es establecer el número de fiscales, jueces, funcionarios, que son necesarios para sacar adelante el trabajo que en estos momentos tiene el país»
El barómetro del Consejo General de la Abogacía Española acaba de ser publicado. Los abogados salen bien parados en el cuarto pulso interno y externo de la Abogacía que ha realizado Metroscopia. Los letrados siguen subiendo en gran media, según el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer Díaz, «por la justicia gratuita», que cada vez «mejora de calidad y atiende mejor y más completamente al ciudadano».
Los plazos de la justicia continúan siendo largos, admitió Carnicer, quien durante su visita días pasados al Colegio de Abogados de Lorca, aseguró que es hora de encontrar una forma de «flexibilizar los plazos para que las causas no se eternicen», a la vez que pidió que se doten a los juzgados de los «elementos y recursos necesarios» para que no se tenga que esperar «siete o doce años la solución de una causa».
También se manifestó acerca de necesidad de que se produzcan las transferencias de Justicia a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y dijo que éstas «mejoran sensiblemente las prestaciones a los ciudadanos» cuando se producen. Sobre la dispersión de los juzgados lorquinos, repartidos en siete sedes judiciales del casco antiguo y del barrio de San Cristóbal, señaló que esa situación «siempre es negativa».
-¿Cuáles son los principales problemas de la Justicia española en estos momentos?
-Son muchos, por desgracia. Acabamos de dar a conocer el cuarto barómetro que elabora Metroscopia, la empresa encargada de realizar el estudio para el Consejo General de la Abogacía Española, dirigido por el profesor José Juan Toharia. La Abogacía Española cada tres años financia un estudio de opinión para saber qué piensa la ciudadanía del trabajo de los abogados. Ese es su objetivo, pero es muy difícil conocer cómo van los abogados si no sabemos cómo va la justicia. Y por eso, el estudio se amplia también a la judicatura, fiscalía, a la administración de justicia... Los abogados sacamos bastante buena nota. Respecto a los jueces hay valoraciones muy positivas, como que son la última esperanza para defender incluso la democracia, pero de alguna manera se critica la lentitud.
-¿Qué nota sacan los abogados?
-Entre los profesionales de la justicia hay que decir que los abogados siguen subiendo. Mi criterio personal es que en gran medida por la justicia gratuita, que cada vez mejora de calidad y atiende mejor y más completamente al ciudadano.
-¿Qué critican de la justicia en ese barómetro?
-Hablan de que las leyes y el lenguaje judicial en general es difícil. Les parece muy complicado. Tenemos que conseguir mejorarlo. Acabo de formar parte de una comisión precisamente para la modernización del lenguaje de la justicia, su adecuación al de la calle. No sé si conseguiremos satisfacer a la ciudadanía. Estamos dispuestos, evidentemente, a mejorar cada día, pero son muchos siglos de abandono de la administración de justicia. Son demasiadas sus carencias, y en tiempos de crisis no creo que sea el caldo de cultivo más favorable para que se solucionen. Si acaso, iremos mejorándola poco a poco.
-¿En qué nivel se encuentra la justicia española?
-Seguimos teniendo que avanzar. Los que han leído el barómetro, no solo yo, piensan que los ciudadanos no están muy acertados, que la justicia está mejor de lo que ellos la perciben. Quizás los ciudadanos se equivoquen, y si no aciertan, además de mejorar la justicia tendremos que hacer un esfuerzo por informar a los ciudadanos de lo que realmente está pasando. Tal vez nos estemos separando, también los abogados, de ese contacto permanente con los grupos de ciudadanos que de alguna manera conforman lo que es el estado real de las cosas. Se están haciendo reformas legislativas que suprimen recursos y ponen dificultades siempre para recurrir y actuar en el juzgado y eso no es mejorar la administración de justicia. Eso es reducir la actividad de la justicia, que es otra cosa.
-Hace unos días el economista y socio director de J&A Garrigues Ricardo Gómez-Barreda aseguraba que los litigios tributarios se alargan hasta once años en los tribunales... ¿Qué le parecen estos plazos?
-Garrigues conoce muy bien la justicia no solo española, sino también la justicia en el mundo. Hay que decir que la justicia en el mundo también es muy lenta, pero eso no debe justificarnos. La justicia lenta, no es justicia, sencillamente. Hay plazos dentro de la ley que son excesivamente largos y, otros, son muy cortos. Es hora de encontrar una forma de flexibilizar los plazos para que las causas no se eternicen. Pero, sobre todo, es hora ya de dotar a los juzgados de los elementos y recursos necesarios para que no tengan que esperar siete o doce años la solución de una causa.
-¿Cómo se pueden acortar los tiempos?
-No voy a fijar aquí una posición, en absoluto, pero sí que creo que hay muchas posibilidades de mejorar el rendimiento de la justicia para que las demoras excesivas no se produzcan. Hay que reconocer que hemos mejorado, que estamos mejor que hace unos años, especialmente en el Tribunal Supremo pero todavía, sobre todo, en la sala tercera del Tribunal Supremo, hay una demora de años.
-Los juicios rápidos, los procedimientos abreviados... ¿tienen unos plazos más cortos?.
-Me decía hace unos días un compañero de Madrid que había ido a interponer un juicio rápido, un procedimiento abreviado. Fíjese los nombres que les damos, juicio rápido, procedimiento abreviado, y le habían dicho que se lo señalaban para el año 2015. Interpuesto ahora, para el año 2015. Lo más urgente es establecer el número de fiscales, jueces, secretarios y funcionarios de la administración de justicia, que son necesarios para sacar adelante el trabajo que en estos momentos tiene el país. Hay que hacer un estudio concienzudo y detectar los problemas.
-Se producen incongruencias, por ejemplo, juzgados idénticos, con más o menos la misma cantidad de casos, pero que unos van más ágiles que otros.
-Sí, eso ocurre. Hay juzgados que aparentemente tienen la misma carga de trabajo que otros y que van más retrasados o más adelantados. Eso no lo entienden los ciudadanos. Quizás falta marcar unos plazos, concertados por el juez y las partes. En los tribunales europeos las intervenciones se pactan. Yo añado algo más, que también se pacten los tiempos de respuesta. En materia de civil se ha hecho mucho, pero en penal prácticamente nada. Hay que grabar todas las pruebas. Eso de que el interrogado tenga que contestar y luego el juez traducirlo para que se pase al acta por un secretario creo que está atrasado. Faltan ideas para seguir avanzando en la justicia.
-Murcia aún no tiene transferidas las competencias de justicia. ¿Puéde verse perjudicado el servicio que se presta a los ciudadanos con respecto a otras comunidades autónomas que sí las tienen?.
-Desde luego mi experiencia es que cuando se transfieren las competencias en materia de justicia mejoran sensiblemente las prestaciones a los ciudadanos. No sé si el momento actual de crisis afectaría. También hay que tener en cuenta la estrategia de la Comunidad Autónoma para conseguir digamos una transferencia más vestida.
-Lorca tiene siete emplazamientos para los juzgados...
-Eso siempre es negativo. La dispersión de órganos judiciales siempre es negativo, pero la concentración en un punto no estratégico es peor todavía. Los órganos judiciales tienen que estar cerca de los ciudadanos, de los funcionarios.
Fuente: laverdad.es
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