España
Aun sin tope en la Carta Magna, la suma del déficit del Estado y las autonomías no podrá superar lo que fije la UE. PSOE y PP embridan por la puerta de atrás el gasto de las comunidades con la férrea oposición de CiU
Día 27/08/2011
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EFE Alonso lee el acuerdo en presencia de Soraya Sáenz de Santamaría y el resto de negociadores |
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La Constitución Española seguirá sin detallar un tope anual de déficit, a diferencia de la alemana, pero el «déficit estructural» que sumen el Estado y las autonomías será estipulado por la UE (nuevo artículo 135.2). Este embridamiento de las comunidades, por la puerta de atrás, resultó clave en la madrugada de ayer para que José Luis Rodríguez Zapatero diera el visto bueno a un pacto con el PP en el que Alfredo Pérez Rubalcaba se presentó como el abanderado de la «flexibilidad» frente a la intransigencia del presidente del Gobierno y Elena Salgado.
Porque fueron Zapatero y Salgado los que el pasado miércoles, al día siguiente del sorprendente anuncio de reforma hecho por el jefe del Ejecutivo al Congreso, enviaron a los negociadores «varios escenarios», como los llama Soraya Sáenz de Santamaría (PP): uno de ellos, fijar un porcentaje de déficit, como la Constitución alemana, que la vicepresidenta defiende en declaraciones. Los populares lo acogen encantados porque vienen defendiéndolo desde que el 25 de junio de 2010 Rajoy lo propusiera por vez primera en medio de las chanzas de Zapatero y de Rubalcaba. El candidato socialista, que ya el martes ha sufrido la humillación de Rajoy en el Pleno, aprovecha el motín que comienza a organizarse en el PSOE (no solo Antonio Gutiérrez e Izquierda Socialista, también el PSC, Patxi López, Tomás Gómez, Griñán o Guillermo Fernández Vara claman al cielo) para abanderar la oposición. Y anuncia que «entra» a negociar para que no haya «cifras» en la Constitución.
«Sin problemas», dice el PP, y Zapatero cede, pero no ceja en su empeño de enviar una señal al BCE, a Berlín y a los mercados de que en España no volverá a haber descontrol, sobre todo autonómico. Introduce una nueva redacción del artículo 150.2 y el «déficit estructural» —con una posterior concreción en Ley Orgánica de que sea 0,4% tope en 2020—, y además, impone un 150.3. En él se dice: «El volumen de deuda pública del conjunto de las administraciones públicas en relación al PIB del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea». Actualmente, el 60% del PIB, que se saltan muchos países pero que contribuye a que la «música» de la reforma suene bien en las cancillerías.
El informe
Esa credibilidad es la obsesión de Zapatero y Salgado desde que a mediados de agosto, en medio de la tormenta de deuda soberana y tras la compra de deuda de Italia y España por parte del Banco Central Europeo (BCE), deciden que no basta con adelantar el llamado «techo de gasto» para las autonomías a septiembre. Y Salgado encarga ya un informe al Ministerio de Economía sobre una posible reforma constitucional. Ayer, en la rueda de prensa de Ferraz, Rubalcaba admitió que él también tuvo «reticencias», insistiendo así en lo que ya dijo el martes por la mañana tras oír a Zapatero en el Congreso: «(El presidente) me convenció anoche» y solo porque un acuerdo PSOE-PP es bueno para dar solidez a España. Para él, de hecho, lo que acababa de oír en las Cortes es más que una faena. Primero, porque da la razón a Rajoy, que acaba de hacer chanza de los «conocimientos económicos sin paragón» que demostró Rubalcaba el 25 de junio de 2010, cuando criticó su propuesta de limitar el déficit en la Constitución. Y, segundo, porque aceptar uno de los «dogmas» del PP nada menos que en la Carta Magna le hace polvo dentro y fuera del PSOE.
De hecho, su lema «escuchar, hacer, explicar» se ha ido al traste en cierta manera. Las redes sociales echan humo pidiendo un referéndum que él no puede aceptar, mientras que IU, UpyD, Coalición Canaria, el BNG, ERC y hasta el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Durán i Lleida, han apoyado. Y los sindicatos estudian movilizaciones. No es probable que cuaje entre los diputados socialistas la iniciativa que les ha pasado Gaspar Llamazares (IU) solicitándoles que se adhieran a la petición de una consulta. Antonio Gutiérrez votará «no» porque es una cesión de soberanía «peor de lo que cabía esperar», pero el miembro de Izquierda Socialista Pérez Tapias, ya matiza su crítica, igual que Vara.
Ayer, en Ferraz no salieron el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, ni Francisco Fernández Marugán, ni Txiki Benegas, los negociadores. Compareció Rubalcaba en solitario para desmentir las invectivas del PP por no haber estado en la negociación. Físicamente no, vino a decir, pero sí en los contactos decisivos. Hizo un último intento de convencer a CiU para que apoye la propuesta anunciando «cierta flexibilidad» en la tramitación parlamentaria aunque no tanta como para desnaturalizarla. El lunes podrá explicarla a los «barones» ya que será él quien lidere la reunión. Zapatero no estará para no tener que enfrentarse a quienes le lanzan durísimas críticas.
Fuennte: ABC
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