LO QUE HAY, JOSÉ M. CLAR FERNÁNDEZ
EL PASADO día 5 de julio se cumplió el primer aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, y a pesar de que no existe todavía ningún balance oficial sobre los casos de aborto, la polémica se ha desatado sobre si esta norma legal ha desencadenado un descenso o, por el contrario, un aumento de abortos.
Recordemos que esta ley permite el aborto libre en las primeras catorce semanas de embarazo, y hasta las veintidós en caso de riesgo para la madre o por malformaciones incompatibles con la vida del feto. Permite también que a las chicas entre 16 y 18 años puedan practicárselo sin consentimiento de sus padres.
Esta ley, aprobada a finales de 2010, mantiene una vigencia de cinco años y será evaluada bianualmente, por lo que hasta 2012 no se tendrá datos oficiales sobre la aplicación de la nueva norma. No obstante, algunas asociaciones progresistas y conservadoras han plasmado ya su balance desatando la polémica sobre el volumen de abortos acontecidos durante el primer año de aplicación de la ley. Así, en esta línea, la Asociación de Clínicas Acreditativas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo afirma que el volumen de abortos ha descendido y que las menores de edad suponen entre un 4% y un 5%. Incide también en que el número de abortos ha sufrido un descenso desde 2008 no solo por la entrada en vigor de la nueva ley, sino por la caída del número de mujeres españolas entre 15 y 45 años, que no son reemplazadas por población inmigrante debido a la crisis.
Por su parte, la fundación Red Madre asegura que los casos de aborto se han disparado en un 30% y que especialmente los casos de menores son alarmantes, ya que frecuentemente son los propios padres quienes las obligan a abortar.
Sobre el resultado o experiencia de la aplicación de la nueva ley también se han definido algunos diputados de diferentes partidos políticos. Así, por ejemplo, el señor Pintado, de Familia y Dignidad Humana, ha afirmado que esta ley ha dado rango de derecho a una aberración. En la misma línea se manifiesta UPN al considerar que la situación ha empeorado, ya que la protección de la vida no está en el foco de la actualidad y que ni siquiera entra en la agenda política del Gobierno. Por su parte, el Grupo Socialista ha destacado la demostración de que la ley no ha provocado la catástrofe que preveía la derecha y que será el tiempo el que decida si hay que ajustar alguna cuestión, criticando asimismo al PP por su promesa de derogarla como muestra de hipocresía y de falta de coherencia.
Recordemos también que el Tribunal Constitucional está pendiente de resolver un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley, presentado por el PP, basándose en el aumento del número de abortos en adolescentes, el daño que está haciendo a las mujeres y al derecho a la vida.
En lo que respecta a Canarias, en 2010 se produjeron 4.936 abortos, con una tasa de 8,63 por cada mil mujeres. En Santa Cruz de Tenerife se practicaron más de la mitad de dichos abortos; la mayoría (67%) tuvieron lugar en el semestre previo a la entrada en vigor de la ley. Por contra, en Las Palmas se pasó del 33% de los abortos practicados (734) entre enero y junio al 52,5% con la nueva ley ya vigente (1.423). En todo el año allí se realizó el 43,7% del total de abortos en este Archipiélago.
A la cifra de abortos que se están practicando en España (111.482 en 2009), debemos considerar también que en el pasado año 2010 España registró la tasa bruta de natalidad más baja desde el año 2003, con 10,5 nacimientos por cada mil habitantes. Si a esto añadimos que la esperanza de vida aumentó en 2010 hasta los 82 años de media y que el número total de fallecidos se redujo ligeramente en 2010 con respecto a 2009, debemos concretar, al final, que nos hallaremos ante un notable descenso de la población española. De una población que envejece constantemente en proporción superior al número de nacimientos, con lo cual se pondrá en serios problemas la tasa de reposición generacional y el pago de las futuras pensiones.
Fuente: EL DIA.ES
Recordemos que esta ley permite el aborto libre en las primeras catorce semanas de embarazo, y hasta las veintidós en caso de riesgo para la madre o por malformaciones incompatibles con la vida del feto. Permite también que a las chicas entre 16 y 18 años puedan practicárselo sin consentimiento de sus padres.
Esta ley, aprobada a finales de 2010, mantiene una vigencia de cinco años y será evaluada bianualmente, por lo que hasta 2012 no se tendrá datos oficiales sobre la aplicación de la nueva norma. No obstante, algunas asociaciones progresistas y conservadoras han plasmado ya su balance desatando la polémica sobre el volumen de abortos acontecidos durante el primer año de aplicación de la ley. Así, en esta línea, la Asociación de Clínicas Acreditativas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo afirma que el volumen de abortos ha descendido y que las menores de edad suponen entre un 4% y un 5%. Incide también en que el número de abortos ha sufrido un descenso desde 2008 no solo por la entrada en vigor de la nueva ley, sino por la caída del número de mujeres españolas entre 15 y 45 años, que no son reemplazadas por población inmigrante debido a la crisis.
Por su parte, la fundación Red Madre asegura que los casos de aborto se han disparado en un 30% y que especialmente los casos de menores son alarmantes, ya que frecuentemente son los propios padres quienes las obligan a abortar.
Sobre el resultado o experiencia de la aplicación de la nueva ley también se han definido algunos diputados de diferentes partidos políticos. Así, por ejemplo, el señor Pintado, de Familia y Dignidad Humana, ha afirmado que esta ley ha dado rango de derecho a una aberración. En la misma línea se manifiesta UPN al considerar que la situación ha empeorado, ya que la protección de la vida no está en el foco de la actualidad y que ni siquiera entra en la agenda política del Gobierno. Por su parte, el Grupo Socialista ha destacado la demostración de que la ley no ha provocado la catástrofe que preveía la derecha y que será el tiempo el que decida si hay que ajustar alguna cuestión, criticando asimismo al PP por su promesa de derogarla como muestra de hipocresía y de falta de coherencia.
Recordemos también que el Tribunal Constitucional está pendiente de resolver un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley, presentado por el PP, basándose en el aumento del número de abortos en adolescentes, el daño que está haciendo a las mujeres y al derecho a la vida.
En lo que respecta a Canarias, en 2010 se produjeron 4.936 abortos, con una tasa de 8,63 por cada mil mujeres. En Santa Cruz de Tenerife se practicaron más de la mitad de dichos abortos; la mayoría (67%) tuvieron lugar en el semestre previo a la entrada en vigor de la ley. Por contra, en Las Palmas se pasó del 33% de los abortos practicados (734) entre enero y junio al 52,5% con la nueva ley ya vigente (1.423). En todo el año allí se realizó el 43,7% del total de abortos en este Archipiélago.
A la cifra de abortos que se están practicando en España (111.482 en 2009), debemos considerar también que en el pasado año 2010 España registró la tasa bruta de natalidad más baja desde el año 2003, con 10,5 nacimientos por cada mil habitantes. Si a esto añadimos que la esperanza de vida aumentó en 2010 hasta los 82 años de media y que el número total de fallecidos se redujo ligeramente en 2010 con respecto a 2009, debemos concretar, al final, que nos hallaremos ante un notable descenso de la población española. De una población que envejece constantemente en proporción superior al número de nacimientos, con lo cual se pondrá en serios problemas la tasa de reposición generacional y el pago de las futuras pensiones.
Fuente: EL DIA.ES
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