Crónica económica
Las agencias de calificación dan un mensaje muy pobre de en qué ha quedado la reforma constitucional para limitar el déficit. Moody’s deja ver que es insuficiente y S&P dice que nuestro problema es otro: el mercado laboral.
Las agencias de calificación dan un mensaje muy pobre de en qué ha quedado la reforma constitucional para limitar el déficit. Moody’s deja ver que es insuficiente y S&P dice que nuestro problema es otro: el mercado laboral.
José Carlos Rodríguez
29-08-2011
Este domingo dimos cuenta de la inanidad de la reforma constitucional. Ahora Moody’s le da una palmadita en la espalda. La considera “positiva” para los juicios que se haga para el rating. “Positivo” puede decir muchas cosas, eso sí. Por ejemplo, que España tardará más que otros países en llevar su deuda al nivel de “bonos basura”. La agencia explica que “aunque hubiera sido preferible incluir la cifra máxima permitida de déficit en la propia Constitución e introducir mecanismos claros de corrección y sanción en caso de desviaciones, el anuncio es positivo para el crédito de España a nivel soberano y subsoberano”. Es decir, que a la reforma le falta todo: Poner un límite en la Constitución, no dejarlo a una Ley Orgánica, y sobre todo no fijar que se acumulen superávit en los años buenos para permitir que haya déficit en los malos (dentro de un orden) y que, de este modo haya estabilidad a largo plazo aunque se permita que el desarrollo del ciclo económico no condicione demasiado la política fiscal. Moody’s revisó su calificación de la deuda española el 29 de julio, y la colocó en Aa2 con perspectiva negativa. Ahora Moody’s dice que la ténue, laxa, abierta, casi inaprensible constitucionalización del equilibrio presupuestario “será un factor a tomar en cuenta en la revisión”. Bien está.
Standard & Poor’s tiene una visión distinta: “Cambiar la Constitución no resolverá los problemas” de España, que son “el déficit por cuenta corriente, la falta de competitividad o la burbuja inmobiliaria, y como en Italia, la falta de flexibilidad del mercado laboral”. Eso dice el director ejecutivo global de la compañía, Paul Coughlin, quien apunta que “lo que hemos visto son más dificultades con los Gobiernos regionales. Algunos son más entusiastas en la financiación del déficit que el Gobierno central, pero esto no se resuelve fácilmente porque depende de problemas fundamentales en la política española”. Se ve que conoce bien la situación del país.
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha hablado para la Cadena SER, donde ha dicho que “se suele aprovechar agosto para rescindir contratos y volverlos a hacer pasado el mes. Es una forma de obtener el pago de las vacaciones a costa del Servicio Público de Empleo. Son prácticas perseguidas y cada vez más controladas”. Pero lo que ocurre es que hay creación estacional de empleo hay destrucción estacional del mismo. Pero al Gobierno no le gusta que las empresas ajusten sus plantillas cuando les es necesario hacerlo. Y dice que es una práctica “perseguida y controlada” pero que no impide, agosto tras agosto, que se destruya empleo. Es más, de octubre a abril lo normal es que suba el paro todos los meses. Esa es, precisamente, una de las razones, quizás la principal, por la que se ha adelantado la fecha de las elecciones generales de marzo a noviembre. Gómez precisa, no obstante, que el paro subirá este agosto menos que el del año 2010.
Pero la actualidad sigue versando sobre la mínima limitación constitucional al déficit. Ya dijimos que de lo que hablan ahora el Gobierno, el candidato socialista y otros es de bajar los sueldos. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, insiste en buscar un gran pacto social por el que se moderen los salarios, los beneficios empresariales y los márgenes de distribución. Es una idea extraña por varias razones. La primera es que lo importante no es que los salarios bajen, sino que lo hagan los que tienen que bajar y suban los que sea necesario que suban. Y eso lo marca la demanda relativa de cada tipo de empleo. Pero además la situación de los beneficios es otra. Han de ser tan grandes como se pueda, porque son señal de una creación genuina de valor. De ellos dependen los salarios.
29-08-2011
Este domingo dimos cuenta de la inanidad de la reforma constitucional. Ahora Moody’s le da una palmadita en la espalda. La considera “positiva” para los juicios que se haga para el rating. “Positivo” puede decir muchas cosas, eso sí. Por ejemplo, que España tardará más que otros países en llevar su deuda al nivel de “bonos basura”. La agencia explica que “aunque hubiera sido preferible incluir la cifra máxima permitida de déficit en la propia Constitución e introducir mecanismos claros de corrección y sanción en caso de desviaciones, el anuncio es positivo para el crédito de España a nivel soberano y subsoberano”. Es decir, que a la reforma le falta todo: Poner un límite en la Constitución, no dejarlo a una Ley Orgánica, y sobre todo no fijar que se acumulen superávit en los años buenos para permitir que haya déficit en los malos (dentro de un orden) y que, de este modo haya estabilidad a largo plazo aunque se permita que el desarrollo del ciclo económico no condicione demasiado la política fiscal. Moody’s revisó su calificación de la deuda española el 29 de julio, y la colocó en Aa2 con perspectiva negativa. Ahora Moody’s dice que la ténue, laxa, abierta, casi inaprensible constitucionalización del equilibrio presupuestario “será un factor a tomar en cuenta en la revisión”. Bien está.
Standard & Poor’s tiene una visión distinta: “Cambiar la Constitución no resolverá los problemas” de España, que son “el déficit por cuenta corriente, la falta de competitividad o la burbuja inmobiliaria, y como en Italia, la falta de flexibilidad del mercado laboral”. Eso dice el director ejecutivo global de la compañía, Paul Coughlin, quien apunta que “lo que hemos visto son más dificultades con los Gobiernos regionales. Algunos son más entusiastas en la financiación del déficit que el Gobierno central, pero esto no se resuelve fácilmente porque depende de problemas fundamentales en la política española”. Se ve que conoce bien la situación del país.
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha hablado para la Cadena SER, donde ha dicho que “se suele aprovechar agosto para rescindir contratos y volverlos a hacer pasado el mes. Es una forma de obtener el pago de las vacaciones a costa del Servicio Público de Empleo. Son prácticas perseguidas y cada vez más controladas”. Pero lo que ocurre es que hay creación estacional de empleo hay destrucción estacional del mismo. Pero al Gobierno no le gusta que las empresas ajusten sus plantillas cuando les es necesario hacerlo. Y dice que es una práctica “perseguida y controlada” pero que no impide, agosto tras agosto, que se destruya empleo. Es más, de octubre a abril lo normal es que suba el paro todos los meses. Esa es, precisamente, una de las razones, quizás la principal, por la que se ha adelantado la fecha de las elecciones generales de marzo a noviembre. Gómez precisa, no obstante, que el paro subirá este agosto menos que el del año 2010.
Pero la actualidad sigue versando sobre la mínima limitación constitucional al déficit. Ya dijimos que de lo que hablan ahora el Gobierno, el candidato socialista y otros es de bajar los sueldos. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, insiste en buscar un gran pacto social por el que se moderen los salarios, los beneficios empresariales y los márgenes de distribución. Es una idea extraña por varias razones. La primera es que lo importante no es que los salarios bajen, sino que lo hagan los que tienen que bajar y suban los que sea necesario que suban. Y eso lo marca la demanda relativa de cada tipo de empleo. Pero además la situación de los beneficios es otra. Han de ser tan grandes como se pueda, porque son señal de una creación genuina de valor. De ellos dependen los salarios.
Fuente: EL IMPARCIAL
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