Hasta el 19 de septiembre la información será pública en su web. Otra Ley, la de Aguas, aprobada en el último Consejo de Ministros, cuenta con el rechazo de los ecologistas
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El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) pondrá a disposición del público la propuesta de Real Decreto de lucha contra la tala ilegal de madera que está preparando. Será visible a través de su web hasta el 19 de septiembre.
El proyecto de Real Decreto desarrolla en el ámbito interno la normativa comunitaria de lucha contra la tala ilegal de madera, así como su comercio asociado. Y promueve que las Administraciones Públicas adquieran productos forestales cuyo origen haya sido acreditado como legal y sostenible. Para ello, impulsará la certificación forestal de los bosques españoles desarrollando los pertinentes artículos de la vigente Ley de Montes. Se asegurará un proceso «voluntario, transparente y no discriminatorio».
El texto determina cuáles son las autoridades españolas competentes a la hora de aplicar, seguir y evaluar la normativa europea relativa a la lucha contra la tala ilegal de madera y la mejora de la gobernanza forestal.
«Rompe la unidad de cuenca»
Por otra parte, las ONG que forman parte del Consejo Asesor del MARM -WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra- han rechazado la modificación de la Ley de Aguas aprobada en el último Consejo de Ministros -26 agosto- por considerarla «anticonstitucional» y estimar que «rompe la unidad de cuenca».
Según han recordado en un comunicado, el Real Decreto Ley, por el que se reforma el Texto Refundido de la Ley de Aguas, cede a las comunidades autónomas el control y la vigilancia en las cuencas intercomunitarias, algo que, de momento, corresponde a las Confederaciones Hidrográficas del MARM.
La medida, inicialmente, será aplicable en Cataluña, Aragón y Andalucía, al tenerlo previsto en sus estatutos.
«Con la modificación, el Gobierno da un giro de 180 grados; hasta ahora había defendido de forma sistemática la exclusividad constitucional de estas competencias ante el Tribunal Constitucional (TC)», señalan las ONG en un comunicado conjunto.
En el caso de aprobarse el texto en las Cortes Generales, las ONG preven acudir al Defensor del Pueblo para que lo recurra ante el TC.
Fuente: ABC
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