El Gobierno lanza en una semana un cambio constitucional y da un vuelco a la reforma laboral
LUIS GANCEDO Las últimas medidas acordadas en España para equilibrar las cuentas públicas y alentar la anémica creación de empleo son políticas de emergencia, según una extendida opinión entre los analistas, asociadas a las nuevas presiones de los mercados financieros sobre el país y sobre el conjunto de la zona euro y a las indicaciones que estarían llegando de Europa. Pero tales políticas, además de una respuesta a lo ocurrido en este agitado agosto, son también una primera reacción de una España en tránsito electoral ante las nuevas dificultades que vienen: el impacto de una recaída de la economía global.
España, por iniciativa de un Gobierno al que le quedan poco más de tres meses de mandato, ha lanzado en ocho días de agosto decisiones de tanto calado como las siguientes: plantear una reforma urgente de la Constitución para poner límites al gasto público en la norma fundamental del Estado; exigir a las cuatro mil mayores empresas del país que adelanten el pago de impuestos para garantizar, aunque sea detrayendo ingresos del futuro, que a final de año se cumple el objetivo de rebajar el déficit al equivalente al 6% del Producto Interior Bruto (PIB), y dar un giro de 180 grados en la política laboral, levantando barreras a los contratos temporales y dejando en evidencia las carencias de la reforma de 2010.
"No es posible comprender el momento en que se han tomado estas dos medidas sin una carta secreta del BCE (Banco Central Europeo) exigiéndolas", ha escrito Luis Garicano, profesor de la London School of Economics. Es la misma presunta carta por la que ha preguntado el PP en el Congreso a Zapatero y que con seguridad sí recibió en versión italiana Silvio Berlusconi conminándole a abordar ajustes y reformas. Era el precio por la intervención del BCE en el mercado de deuda para detener los ataques contra los bonos italianos. Un miércoles el primer ministro italiano dijo en el Parlamento que no habría más ajustes y el viernes anunció a todo trapo un plan para recortar 45.000 millones de gasto, retrasar la edad de jubilación, reducir municipios y provincias... ¿Hubo carta para Italia y no para España? "No me consta que haya carta", respondió José Blanco, el ministro portavoz.
Haya o no carta, sí hubo rescate para Italia y España. Un rescate "blando", en la jerga de los economistas. Así se interpreta la intervención de urgencia en el mercado secundario de deuda pública (allí donde los inversores comercian con los bonos de los países) que el BCE decidió de manera urgente el pasado 7 de agosto. Un camino análogo al que el Eurobanco ya tomó en la primavera de 2010, tras el estallido de la crisis griega con el que comenzó el vía crucis del euro. Este agosto, con poca liquidez en el mercado, con los especuladores al acecho y con la confianza de los inversores minada, la prima de riesgo de los bonos españoles e italianos (sobreprecio que exigen los inversores) superó el nivel de emergencia (400 puntos). Pese a las reticencias alemanas, el Eurobanco terminó por actuar, inició compras de deuda de ambos países y se desinfló el ataque especulativo.
Medida temporal
Ahora bien, es una medida temporal que el BCE no puede prolongar más que unas semanas. Después de esa intervención, la prima de riesgo española ha bajado de manera sustancial, pero aún está en 284 puntos, por encima del nivel de episodios tan delicados como el primer rescate de Grecia o los de Irlanda y Portugal. Lo que ocurra cuando el BCE se repliegue es una incógnita, aunque podría tomar el relevo el Fondo de Estabilidad Europeo, que nacerá en octubre con atribuciones para comprar deuda soberana.
Este nuevo organismo pondrá condiciones en su momento como las pudo poner ahora el Banco Central. En una Europa que ha ido tapando agujeros y evitando bancarrotas, Alemania marca el paso sobre el llamado "riesgo moral": el auxilio a los países conlleva como contrapartida sacrificios para quien lo recibe. Sea únicamente por la presión de los mercados o también por las instrucciones de Europa, esta vez España ha llegado al punto de reformar la Constitución.
Hace un año, Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro y hoy candidato socialista a la Moncloa, ironizaba del siguiente modo al criticar una propuesta del líder del PP, Mariano Rajoy, que ya entonces planteaba seguir los pasos de Alemania y meter la obligación de equilibrio presupuestario en la Carta Magna: "La Constitución es una ley que no se cambia fácilmente ni en un plis plas va a acabar con la crisis". El episodio protagonizado estos últimos días por la clase política demuestra que la ley de leyes sí se puede cambiar en "un plis plas" (la reforma podría quedar lista en un mes). En la arena política, la iniciativa sorpresa del presidente Zapatero para cambiar la Carta Magna, convirtiendo a España en el primer país en cumplir las recientes peticiones para toda la eurozona de Alemania y Francia, ha erosionado al candidato Rubalcaba y ha abierto disensiones de calado en el PSOE.
Desde la óptica económica, los expertos han saludado la nueva redacción del artículo 135 de la Constitución, incluso aunque la nueva regla para disciplinar a las administraciones con el gasto haya dejado para una ley orgánica posterior los números concretos (0,4% de déficit estructural máximo en situación económica normal) y aunque la obligación no vaya a ser efectiva hasta 2020.
El Gobierno ha pasado de intentar alentar el empleo indefinido con la reforma de 2010 a hacer una apuesta de urgencia por el empleo temporal. La "contrarreforma" laboral lleva también el sello de la emergencia. "Prefiero un trabajador temporal a un parado", sentenció el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez. Su respuesta alude a lo que ya están haciendo las empresas (despedir a los trabajadores que alcanzan los dos años de contratos temporales en lugar de hacerlos fijos) y a las dificultades añadidas que pueden venir a corto plazo para el crecimiento.
España, por iniciativa de un Gobierno al que le quedan poco más de tres meses de mandato, ha lanzado en ocho días de agosto decisiones de tanto calado como las siguientes: plantear una reforma urgente de la Constitución para poner límites al gasto público en la norma fundamental del Estado; exigir a las cuatro mil mayores empresas del país que adelanten el pago de impuestos para garantizar, aunque sea detrayendo ingresos del futuro, que a final de año se cumple el objetivo de rebajar el déficit al equivalente al 6% del Producto Interior Bruto (PIB), y dar un giro de 180 grados en la política laboral, levantando barreras a los contratos temporales y dejando en evidencia las carencias de la reforma de 2010.
"No es posible comprender el momento en que se han tomado estas dos medidas sin una carta secreta del BCE (Banco Central Europeo) exigiéndolas", ha escrito Luis Garicano, profesor de la London School of Economics. Es la misma presunta carta por la que ha preguntado el PP en el Congreso a Zapatero y que con seguridad sí recibió en versión italiana Silvio Berlusconi conminándole a abordar ajustes y reformas. Era el precio por la intervención del BCE en el mercado de deuda para detener los ataques contra los bonos italianos. Un miércoles el primer ministro italiano dijo en el Parlamento que no habría más ajustes y el viernes anunció a todo trapo un plan para recortar 45.000 millones de gasto, retrasar la edad de jubilación, reducir municipios y provincias... ¿Hubo carta para Italia y no para España? "No me consta que haya carta", respondió José Blanco, el ministro portavoz.
Haya o no carta, sí hubo rescate para Italia y España. Un rescate "blando", en la jerga de los economistas. Así se interpreta la intervención de urgencia en el mercado secundario de deuda pública (allí donde los inversores comercian con los bonos de los países) que el BCE decidió de manera urgente el pasado 7 de agosto. Un camino análogo al que el Eurobanco ya tomó en la primavera de 2010, tras el estallido de la crisis griega con el que comenzó el vía crucis del euro. Este agosto, con poca liquidez en el mercado, con los especuladores al acecho y con la confianza de los inversores minada, la prima de riesgo de los bonos españoles e italianos (sobreprecio que exigen los inversores) superó el nivel de emergencia (400 puntos). Pese a las reticencias alemanas, el Eurobanco terminó por actuar, inició compras de deuda de ambos países y se desinfló el ataque especulativo.
Medida temporal
Ahora bien, es una medida temporal que el BCE no puede prolongar más que unas semanas. Después de esa intervención, la prima de riesgo española ha bajado de manera sustancial, pero aún está en 284 puntos, por encima del nivel de episodios tan delicados como el primer rescate de Grecia o los de Irlanda y Portugal. Lo que ocurra cuando el BCE se repliegue es una incógnita, aunque podría tomar el relevo el Fondo de Estabilidad Europeo, que nacerá en octubre con atribuciones para comprar deuda soberana.
Este nuevo organismo pondrá condiciones en su momento como las pudo poner ahora el Banco Central. En una Europa que ha ido tapando agujeros y evitando bancarrotas, Alemania marca el paso sobre el llamado "riesgo moral": el auxilio a los países conlleva como contrapartida sacrificios para quien lo recibe. Sea únicamente por la presión de los mercados o también por las instrucciones de Europa, esta vez España ha llegado al punto de reformar la Constitución.
Hace un año, Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro y hoy candidato socialista a la Moncloa, ironizaba del siguiente modo al criticar una propuesta del líder del PP, Mariano Rajoy, que ya entonces planteaba seguir los pasos de Alemania y meter la obligación de equilibrio presupuestario en la Carta Magna: "La Constitución es una ley que no se cambia fácilmente ni en un plis plas va a acabar con la crisis". El episodio protagonizado estos últimos días por la clase política demuestra que la ley de leyes sí se puede cambiar en "un plis plas" (la reforma podría quedar lista en un mes). En la arena política, la iniciativa sorpresa del presidente Zapatero para cambiar la Carta Magna, convirtiendo a España en el primer país en cumplir las recientes peticiones para toda la eurozona de Alemania y Francia, ha erosionado al candidato Rubalcaba y ha abierto disensiones de calado en el PSOE.
Desde la óptica económica, los expertos han saludado la nueva redacción del artículo 135 de la Constitución, incluso aunque la nueva regla para disciplinar a las administraciones con el gasto haya dejado para una ley orgánica posterior los números concretos (0,4% de déficit estructural máximo en situación económica normal) y aunque la obligación no vaya a ser efectiva hasta 2020.
El Gobierno ha pasado de intentar alentar el empleo indefinido con la reforma de 2010 a hacer una apuesta de urgencia por el empleo temporal. La "contrarreforma" laboral lleva también el sello de la emergencia. "Prefiero un trabajador temporal a un parado", sentenció el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez. Su respuesta alude a lo que ya están haciendo las empresas (despedir a los trabajadores que alcanzan los dos años de contratos temporales en lugar de hacerlos fijos) y a las dificultades añadidas que pueden venir a corto plazo para el crecimiento.
Fuente: laprovincia.es
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