Análisis
Joaquín Aurioles | Actualizado 27.08.2011 - 01:00
Es importante que de una vez por todas se pongan las reglas en claro: lo que al ciudadano medio le interesa, al menos al que no está ideologizado, es que los servicios públicos funcionen y cuesten lo menos posible
ZAPATERO ha conseguido que el déficit fiscal se asocie a la idea de despilfarro, desorden, corrupción o nepotismo, pero sobre todo de insoportable lastre para el gobierno de una nave, la economía española, que lleva años a la deriva. La situación ha llegado a tal extremo que hasta la avinagrada doctrina del déficit cero de Cristóbal Montoro durante el segundo mandato de Aznar vuelve a ser enarbolada por los populares, con una especie de consentimiento silencioso por parte de una izquierda desconcertada. Vaya por delante que entre la polémica Ley de Estabilidad Presupuestaria de finales de 2001 y la actual iniciativa de PSOE y PP para introducir una limitación constitucional al déficit público excesivo existe una gran distancia. Frente a la rígida intolerancia de la primera, la propuesta actual persigue soluciones más relativamente flexibles que deberían permitir conciliar una determinada estrategia presupuestaria a medio plazo con las exigencias del ciclo económico, sin que una evolución imprevista de la economía en su conjunto o de sus variables fiscales obligue a adoptar medidas no deseables de carácter procíclico. Éste era uno de los principales defectos de la medida del PP, que al imponer el equilibrio presupuestario en todo momento, independientemente del momento cíclico, obligaba a las administraciones a subir impuestos o a reducir el gasto público, es decir a forzar un menor nivel de actividad y empleo, a las primeras señales de déficit, que normalmente coincidía con las fases más negativas del ciclo.
Con la propuesta actual se admite un cierto nivel de déficit, que se define como estructural y que se fijará en el 0,4% del PIB, aunque quedan todavía tantas cosas en el aire que entiendo perfectamente que para un socialista convencido de que la redistribución de la riqueza y el bienestar se consigue, sobre todo, manejando el presupuesto, es decir, los impuestos y el gasto público, pueda resultar un trago de difícil digestión. A pesar de ello, hay que reconocer que el momento puede resultar de lo más propicio para que Zapatero consiga convencer al votante socialista de que un presupuesto equilibrado es la mejor garantía de que el gasto público tendrá la mayor repercusión posible en el bienestar de los ciudadanos, sobre todo tras comprobar que este año habrá que dedicar 27.000 millones de euros, un 2,5% del PIB, al pago de intereses de la deuda y que no pasará mucho tiempo antes de que se alcance el 3%.
Una de las cuestiones a precisar será el concepto de déficit estructural, que puede identificarse como el nivel de déficit que es independiente del ciclo. Puesto que en los momentos de crisis se reduce la recaudación de impuestos y aumenta el gasto social, el presupuesto se mueve hacia el déficit de manera automática, es decir, como consecuencia de la coyuntura y sin necesidad de que nadie adopte ningún tipo de medida fiscal. El déficit estructural sería entonces el que correspondería a un año normal, por lo que es habitual que se identifique con el saldo medio del presupuesto en el conjunto del ciclo. Es conocido, y en su momento ya lo puntualizó Solbes, que existe un fuerte componente estructural en el déficit español, lo que significa que su ajuste hasta situarlo en el 0,4% del PIB exigirá un importante esfuerzo de austeridad, pero también que habrá un cierto margen de maniobra para evitar una situación de asfixia excesiva para el gobierno de turno.
Otra de las dudas está en la verdadera capacidad coercitiva del mandato constitucional. Hay preceptos de la Constitución que no se cumplen y también existen compromisos a nivel europeo y preceptos legislativos que imponen limitaciones a la magnitud del déficit en la práctica totalidad de los países de la Unión que sus gobiernos han incumplido reiteradamente, como la propia Alemania o Francia en relación con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por otra parte, la referencia a la limitación del endeudamiento público en función de lo que se establezca en la Unión Europea tampoco invita a la confianza puesto que, aunque seguimos estando entre los países menos endeudados de la Unión, la reiteración de nuevas emisiones durante los dos últimos años ha provocado que ya se haya superado la actual limitación del 60% PIB y que la cifra continúe aumentando bastante más rápidamente que en otros sitios, por lo que es bastante improbable que se pueda llegar a 2020 en condiciones de cumplir con este compromiso.
Tampoco resultan convincentes los argumentos esgrimidos para evitar el referéndum. Puede que exista algo de prevención por la saturación de un referéndum a las puertas de unas elecciones generales y con el movimiento de indignados a la expectativa, pero si de lo que se trata es de fijar los límites a los políticos a la hora de administrar los recursos que reciben en encomienda de los ciudadanos, parece que lo razonable sería preguntarles si están de acuerdo con lo que proponen, en lugar de que sean ellos, los propios políticos, los que terminen fijando sus propios límites.
En cualquier caso, es importante que de una vez por todas se pongan las reglas en claro y que así lo entiendan todas las administraciones implicadas, por lo que la decisión de llevar el precepto a la Constitución debe ser calificada de afortunada. A fin de cuentas, lo que imagino que interesa al ciudadano medio, al menos al que no está demasiado comprometido desde un punto de vista ideológico, es que los servicios públicos funcionen, que nos cueste lo menos posible y que la situación esté siempre bajo control.
Con la propuesta actual se admite un cierto nivel de déficit, que se define como estructural y que se fijará en el 0,4% del PIB, aunque quedan todavía tantas cosas en el aire que entiendo perfectamente que para un socialista convencido de que la redistribución de la riqueza y el bienestar se consigue, sobre todo, manejando el presupuesto, es decir, los impuestos y el gasto público, pueda resultar un trago de difícil digestión. A pesar de ello, hay que reconocer que el momento puede resultar de lo más propicio para que Zapatero consiga convencer al votante socialista de que un presupuesto equilibrado es la mejor garantía de que el gasto público tendrá la mayor repercusión posible en el bienestar de los ciudadanos, sobre todo tras comprobar que este año habrá que dedicar 27.000 millones de euros, un 2,5% del PIB, al pago de intereses de la deuda y que no pasará mucho tiempo antes de que se alcance el 3%.
Una de las cuestiones a precisar será el concepto de déficit estructural, que puede identificarse como el nivel de déficit que es independiente del ciclo. Puesto que en los momentos de crisis se reduce la recaudación de impuestos y aumenta el gasto social, el presupuesto se mueve hacia el déficit de manera automática, es decir, como consecuencia de la coyuntura y sin necesidad de que nadie adopte ningún tipo de medida fiscal. El déficit estructural sería entonces el que correspondería a un año normal, por lo que es habitual que se identifique con el saldo medio del presupuesto en el conjunto del ciclo. Es conocido, y en su momento ya lo puntualizó Solbes, que existe un fuerte componente estructural en el déficit español, lo que significa que su ajuste hasta situarlo en el 0,4% del PIB exigirá un importante esfuerzo de austeridad, pero también que habrá un cierto margen de maniobra para evitar una situación de asfixia excesiva para el gobierno de turno.
Otra de las dudas está en la verdadera capacidad coercitiva del mandato constitucional. Hay preceptos de la Constitución que no se cumplen y también existen compromisos a nivel europeo y preceptos legislativos que imponen limitaciones a la magnitud del déficit en la práctica totalidad de los países de la Unión que sus gobiernos han incumplido reiteradamente, como la propia Alemania o Francia en relación con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por otra parte, la referencia a la limitación del endeudamiento público en función de lo que se establezca en la Unión Europea tampoco invita a la confianza puesto que, aunque seguimos estando entre los países menos endeudados de la Unión, la reiteración de nuevas emisiones durante los dos últimos años ha provocado que ya se haya superado la actual limitación del 60% PIB y que la cifra continúe aumentando bastante más rápidamente que en otros sitios, por lo que es bastante improbable que se pueda llegar a 2020 en condiciones de cumplir con este compromiso.
Tampoco resultan convincentes los argumentos esgrimidos para evitar el referéndum. Puede que exista algo de prevención por la saturación de un referéndum a las puertas de unas elecciones generales y con el movimiento de indignados a la expectativa, pero si de lo que se trata es de fijar los límites a los políticos a la hora de administrar los recursos que reciben en encomienda de los ciudadanos, parece que lo razonable sería preguntarles si están de acuerdo con lo que proponen, en lugar de que sean ellos, los propios políticos, los que terminen fijando sus propios límites.
En cualquier caso, es importante que de una vez por todas se pongan las reglas en claro y que así lo entiendan todas las administraciones implicadas, por lo que la decisión de llevar el precepto a la Constitución debe ser calificada de afortunada. A fin de cuentas, lo que imagino que interesa al ciudadano medio, al menos al que no está demasiado comprometido desde un punto de vista ideológico, es que los servicios públicos funcionen, que nos cueste lo menos posible y que la situación esté siempre bajo control.
Fuente: diariodesevilla.es
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